Panamá defiende ante China fallo sobre el Canal y la separación de poderes, exigiendo respeto a su soberanía y Constitución ante la OEA
- 28/10/2013 01:00
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La orden de la Policía Nacional de destituir a cuatro de sus agentes sensitivos, acusados de haber asesinado a dos niños en San Carlos, ha hecho estallar las incoherencias en una institución manchada por acusaciones de represión social e impunidad.
La semana pasada el jefe policial, Julio Moltó, ordenó la asignación de funciones administrativas, y luego la separación del cargo a los policías, en medio del torbellino que provocó el caso de San Carlos.
La decisión la tomó en función de un desfasado Decreto Ejecutivo 240 de 1997, que dio forma al Reglamento Interno de la institución, y que hoy se contradice con la Ley 74, una polémica moción que el buró de seguridad, a cargo del ministro José Raúl Mulino, amasó para consignar la impunidad policial.
Mientras una norma permite la salida provisional de un policía en investigación, la otra lo prohíbe tajantemente. No puede ser movido ni detenido preventivamente: ‘merece’ ser trasladado a funciones administrativas y no va a operaciones de campo.
Entonces, ¿por qué la Policía contraría una norma que la propia estructura de seguridad forjó a su exclusiva medida?
Aún nadie sabe las razones concretas. Cómo la Policía se pega un tiro en el pie: o el escándalo es inconmensurable o hay una trama más allá. Ni Mulino ni el presidente Ricardo Martinelli han hablado del asunto y la versión de Moltó deja más preguntas que respuestas.
La reserva oficial ha sido rota por el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, quien ha dado un respaldo cerrado al jefe policial. ‘El director de la Policía ha actuado rápidamente y no dudo que Mulino está pendiente de que se haga y cumpla lo que dispone la ley’, sostuvo ayer.
EL COMODÍN A LOS POLICÍAS
La decisión de Moltó fácilmente podría interpretarse como una sanción irrestricta a los agentes. Pero no. Esconde subterfugios legales que, creen juristas, podrían hacer caer el proceso judicial y dejar en firme la sensación de impunidad.
El Decreto Ejecutivo 240, en el cual el director de la Policiía sustenta su decisión, permite que los agentes separados provisionalmente puedan recibir sus salarios hasta por dos meses. Antes de finalizar ese período, dicta la norma que Moltó usó como bandera, la Junta Disciplinaria Superior de la Policía deberá definir el futuro de la investigación interna, que ya ha sido encuadrada en una falta gravísima al proceder policial. Esto, paralelo a las pesquisas del Ministerio Público.
Este argumento ha despertado recelo entre abogados. Temen que el mal proceder de la directiva policial pueda tumbar un proceso sensitivo que ha revivido los cuestionamientos a una Fuerza Pública que reprimió en Bocas del Toro y en San Félix.
La exmagistrada Esmeralda de Troitiño cree que estos ‘huecos’ podrían tener consecuencias funestas en el proceso. ‘Hay que ver cuál es el fundamento jurídico, pero sí, puede convidar a abogados a que presenten demandas a la decisión de la Policía Nacional’, explica.
‘Vamos a estar muy atentos... no nos comemos el cuento de que policía juzga policía’, agregó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez.
Un decreto ejecutivo no tiene fuerza de ley, insisten juristas. La Estrella intentó obtener ayer una versión de Mulino, pero al cierre de esta edición no había respondido al correo que se le pasó; tampoco al celular.
LOS RECLAMOS CIVILES
Las incógnitas de este caso no han parado la revolución social. Si bien la Policía no la aplicó, las organizaciones de la sociedad civil creen que la Ley 74 podría salir de debajo de la manga y abrir camino a la impunidad. La misma del caso ‘Lindín’, del ‘domingo negro’ en San Félix, o la que ha pasado Martinelli en ocho indultos a 120 agentes.
Una docena de organizaciones exigieron la derogatoria de la norma, al considerar que ‘coloca en peligro a todos los ciudadanos de este país’.
‘El Estado no puede apadrinar ni otorgar privilegios a quienes actúan al margen de la ley en detrimento de la integridad física y la vida de las personas’, insisten las organizaciones sobre la ley que, dicen, se arroga funciones propias de un juez.
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal es más vertical: tanto Moltó como Mulino deben renunciar a sus cargos; mientras, la crisis se perfila sin saber a ciencia cierta a dónde irá a dar.
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