Unión de Prácticos del Canal de Panamá pide celeridad en la CSJ

La Unión de Prácticos del Canal de Panamá instó a la Corte Suprema de Justicia darle "prioridad" a las demandas de inconstitucionalidad presentadas al contrato Ley 406 que establece el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá.

Además recomendó al gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo tomar las “medidas necesarias, de acuerdo con el clamor popular que está en las calles, para llevar a nuestro país a una discusión real, directa y transparente sobre el futuro de la actividad minera en el territorio nacional”.

El país tiene más de una semana con multitudinarias protestas en rechazo a la nueva relación comercial entre la empresa canadiense y el gobierno de Cortizo.

“Es imperante que el Órgano Ejecutivo eleve también, ante el pleno del Órgano Legislativo, una propuesta de Ley que suspenda toda actividad de minería a cielo abierto, a través de una moratoria, hasta tanto el país decida democráticamente el rumbo a seguir”, señaló el gremio en una nota de prensa.

Además, agregó que “el Canal de Panamá enfrenta una crisis de agua sin precedentes, que requiere de acciones inmediatas que permitan la sostenibilidad de la ruta marítima. La actual crisis minera pone en entredicho el compromiso que se espera de nuestras autoridades hacia nuestro principal recurso y dilata las decisiones que, como país, debemos tomar, para garantizar la operación segura, rentable e ininterrumpida de nuestra vía interoceánica”.

“(...) Nuestras futuras generaciones sufrirán las consecuencias y serán testigos de las decisiones que como país tomemos ahora, basta ya de comunicados y de discursos que no atienden la raíz de la crisis que estamos viviendo. Es momento de tomar acciones concretas, tanto en el tema minero como en lo requerido para resolver la crisis de agua que enfrentamos en el Canal de Panamá”.

La Corte Suprema de Justicia ha admitido dos demandas de inconstitucionalidad contra el contrato Ley 406. La primera fue el pasado lunes 23 de octubre de 2023 interpuesta, por el abogado Juan Ramón Sevillano Callejas contra el artículo 1 de dicha norma. La segunda fue admitida el viernes 27 de octubre de 2023, por la abogada Martita Cornejo Robles.