Venta del metrobús, un negocio a favor de dos

Tras varios meses de negociación —que estuvieron marcados por un extremo hermetismo de parte de las autoridades y muchas especulaciones en torno al proceso—, el 9 de septiembre el Gobierno Nacional anunció la compra del sistema de transporte Metrobús a la empresa MiBus (nombre comercial de Transporte Masivo de Panamá, S.A.).

La sociedad anónima que manejaba el sistema accedió a devolver —diez años antes de lo pactado— una concesión que les pertenecía hasta el 2025, a cambio de una indemnización de $49.7 millones y la compra, por parte del Estado, de los pasivos de la compañía. En total, $260.9 millones (además de la indemnización, $195 millones en deuda, $13 millones para el pago de operadores y $3.2 millones en concepto de horas extras).

Esta venta fue la última palada en la tumba de un sistema que nunca funcionó.

SALIDA CARA

Sin embargo, para muchos, la venta no fue la mejor forma de resolver este problema.

El abogado Ernesto Cedeño, por ejemplo, considera que, en vez de indemnizar a la empresa, ‘hubiese sido mejor explorar la posibilidad de aplicar la resolución administrativa del contrato'.

El contrato 21-10 que firmaron el Estado y Transporte Masivo de Panamá en el 2010 contempla dos causales para interrumpir la concesión a la prestataria: El rescate administrativo y aducir incumplimiento del acuerdo. Entre una y otra, había una diferencia de varios millones de dólares.

Si el Estado hubiera dicho que MiBus no honró la palabra empeñada, hubiera podido cobrar la fianza de cumplimiento que se establece en el contrato por $46 millones 250 mil a favor de la Contraloría General de la República y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

LOS NEGOCIADORES

El acuerdo anunciado al país el pasado 9 de septiembre fue el resultado de las negociaciones entre la comisión de gobierno y los directivos de Transporte Masivo de Panamá.

Por el Ejecutivo, participaron el ministro consejero Francisco Sierra (economista, exvicepresidente de finanzas del Banco General); el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, y el secretario del Metro, Roberto Roy.

La participación del ministro Sierra ha generado críticas, ya que uno de los directivos de Transporte Masivo de Panamá es Guillermo Henne Motta, sobrino de Stanley Motta, uno de los copropietarios del Banco General, donde trabajó Francisco Sierra.

Henne Motta es el presidente Felgate Enterprises, que poseía el 30% de MiBus. El otro 70% le pertenecía a la colombiana Fanalca.

Tomando en cuenta los porcentajes de las empresas que conformaban Transporte Masivo de Panamá, significa que, de los $49.7 millones de indemnización, Fanalca se quedó con $34.79 millones y Felgate Enterprises recibió los $14.91 millones restantes.

‘En esta negociación, prevaleció —una vez más— el interés de ambas empresas [Fanalca y Felgate] y se olvidaron del usuario, el principal afectado. No lo puedo asegurar, pero quizás pudo existir algún tipo de conflicto que debió tomarse en cuenta', considera Víctor Martínez, abogado de algunos usuarios afectados por MiBus.

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‘En esta negociación prevaleció el interés de los empresarios sobre las necesidades de los usuarios, una vez más'

VÍCTOR MARTÍNEZ

ABOGADO