‘Para no tener un duopolio en telecomunicaciones, necesitamos un tercer operador’

Las constantes quejas por las interrupciones en el suministro de agua potable y electricidad —problemas que parecen haberse vuelto endémicos en Panamá— han puesto bajo la lupa a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), responsable de supervisar la calidad y el cumplimiento de las concesiones.

En entrevista con El Polígrafo de La Estrella de Panamá, la administradora de la entidad, Zelmar Rodríguez, habla de su gestión y las sanciones millonarias impuestas a las empresas eléctricas.

Adelantó, además, que se trabaja en una propuesta de ley que transformaría profundamente este ámbito. Pese a las críticas de prácticas monopolísticas en el sector eléctrico, niega que existan y detalla su propuesta para el área de telecomunicaciones.

Modernizar a la institución de manera integral, darles herramientas a nuestros funcionarios para que puedan realizar una mejor fiscalización a través de la digitalización, automatización y el uso de drones. Tenemos un proyecto para modernizar las normas regulatorias y lo hemos iniciado especialmente con la Ley 6, que es la que regula el sector eléctrico.

Recibimos aproximadamente mil quejas mensuales, de esas quejas el 95% es de electricidad y el resto se divide en telecomunicaciones y agua, siendo telecomunicaciones un 1% de las quejas en nuestra institución.

Con esa institución no hablamos tanto de sanciones, lo primero fue hacer una inspección a nivel nacional en materia de agua y alcantarillado sanitario y encontramos plantas potabilizadoras con poco o nulo mantenimiento. Estamos trabajando en conjunto para que ellos puedan tener esa oportunidad de mejorar. Al ingeniero Rutilio Villareal (director del Idaan) le ha tocado una institución con problemas heredados.

Nosotros estamos fiscalizando la calidad del servicio de telecomunicaciones, sobre todo internet, que es lo que más se queja el usuario. Además de eso, para no tener ese duopolio que tú mencionas, nosotros estamos en el análisis para traer a Panamá un tercer operador móvil y poder entonces ofrecerle al ciudadano una opción más, que pueda haber mucha más oferta en a Panamá. En el 2026, estamos ya gestionando todo para que ese tercer operador pueda llegar y brindar un buen servicio en materia de celular.

Estudiamos la posibilidad de que sea un operador híbrido, es decir: virtual y presencial. Es para poder tener ese incentivo de que a otras empresas les interese venir a Panamá y no tenga que empezar de cero. Sin embargo, siempre van a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque así lo establece nuestra ley. Una vez terminados los estudios, el primer trimestre del 2023, iniciamos entonces el proceso del tercer operador y ya hemos tenido varias reuniones con empresas interesadas. Así que yo creo que eso va a ser una nueva oportunidad para los ciudadanos panameños y tener un tercer operador móvil.

Como comenté en ese entonces, íbamos a tomar el tiempo más corto posible para determinar quiénes podían ser los posibles responsables y, en efecto, eso se cumplió. En estos momentos, la comisión sustanciadora está en el proceso de investigación, tiene que cumplir con los términos de ley, así que una vez tengamos ya la decisión final, la daremos a conocer.

Cuando llegamos, nos encontramos con una imposición de multa de 21 millones de dólares aproximadamente, $7.3 millones que correspondía a la empresa Ensa y $13.7 millones a Naturgy, que es Edemet y Edechi. Se habían impuesto, pero no ejecutado; en julio del 2024 las ejecutamos y las empresas tuvieron que obviamente compensar o darles un crédito a aquellos clientes que se vieron afectados durante los años de entre 2011 y 2014.

En agosto y noviembre hemos impuesto una segunda multa de 18.5 millones, que son $780 mil para Ensa, 13.5 millones para Edemet y $4.2 millones a Edechi. En el caso de Ensa ellos compensaron esos $780 mil a los clientes que se vieron afectados entre 2019 y 2022.

En el caso de Edemet-Edechi, ellos interpusieron una demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. La Sala no suspendió la acción administrativa, nosotros estamos en coordinación con la empresa para saber en qué meses ellos van a acreditarle a esos clientes que se ven fueron afectados del 2019 al 2022. Son sanciones por incumplimiento en su deber de prestar un servicio de calidad.

Allí hay un tema, porque si ya la empresa acreditó la compensación, tendría que después pedirle al cliente que devuelva ese crédito (...) por un tema de procesos, legalidad y sentido común, sería lo correcto. Pero en este caso yo no puedo esperar 10 años ni 15 años para que podamos saber si nuestro acto administrativo está correcto o no.

De acuerdo con nuestra fiscalización y la norma, la empresa no cumplió. Si no cumplieron, yo tengo el deber de sancionar. No puedo dejar de hacer algo que la ley me dice que tengo que hacer. Así que esperemos que sucederá, mientras tanto estamos coordinando con las empresas para que ellos acrediten a los clientes afectados durante esos años.

Nosotros iniciamos el año pasado, sobre todo con la empresa Edemet y Edechi (...) iniciamos un plan intensivo de mantenimiento de toda la red de estas empresas, justamente porque lo que encontramos en nuestra fiscalización es que no se le había dado el mantenimiento que tenía que darse a la red. Nuestro país tiene mucha vegetación y, aunque uno no lo crea, ese tipo de vegetación cercana a la red afecta el suministro. Así que empezamos con algo sencillo que es una es poda y tala, eso ha ayudado a liberar un poco la red para mejorar el servicio.

Si tú me preguntas si han mejorado, es un tema de percepción. Si nos vamos a los números que establecemos nosotros, en la norma y en la concesión, están llegando al número que deben llegar, pero todavía no han llegado. Están mejorando, pero les falta mucho más para que el ciudadano pueda percibir que, en efecto, la prestación del servicio de electricidad es bueno.

En cuanto a precios, es competencia de Acodeco, sin embargo, cuando lo traemos a la parte de la prestación del servicio de electricidad e inclusive de telecomunicaciones. Nuestras leyes establecen que no pueden ponerse de acuerdo en prácticas monopolísticas.

No, porque en el negocio de electricidad a quienes fijamos la tarifa somos nosotros los reguladores. No es como en telecomunicaciones con libre oferta y demanda. Nosotros establecemos cuánto ganas, cuánto vas a cobrar de ese dinero y cuánto vas a llevarlo a operación, mantenimiento, inversiones, inversiones especiales. O sea, es un negocio regulado 100%.

No hay.

No.