Movimientos Sociales: Influencia histórica en las políticas públicas de Panamá

Los movimientos sociales han jugado un papel fundamental en la historia de muchos países, y Panamá no es una excepción. Estos movimientos representan una forma de participación ciudadana que busca influir en la toma de decisiones gubernamentales y promover cambios en la sociedad. Con este artículo, analizaremos la influencia de los movimientos sociales en Panamá y su predominio en la legislación y las políticas públicas.

Para comprender el predominio de los movimientos sociales en las políticas públicas de Panamá, dice López Leyva (2012): los movimientos sociales son “acciones colectivas que buscan cambiar las condiciones sociales o políticas existentes”. Estas acciones pueden manifestarse en forma de protestas, movilizaciones, demandas y diversas formas de presión social. Con referencia a esto, los movimientos sociales han desempeñado un papel fundamental en la historia de diversos países, logrando importantes transformaciones en áreas, como los derechos laborales, los derechos indígenas, defensa del medio ambiente, y en el tema equidad de género.

Estos movimientos han sido impulsados por diversos actores sociales, como sindicatos, organizaciones comunitarias y grupos de defensa de los derechos humanos. De este modo, los movimientos sociales en Panamá han surgido en respuesta a problemas como la desigualdad social, la corrupción, la falta de transparencia y la defensa de los derechos humanos que históricamente ha marginado a grandes grupos poblacionales. Algunos ejemplos que han tenido un impacto significativo en el país: de los más reconocidos por cumplir 100 años este 2025 fue el movimiento inquilinario, como resultado del aumento de alquileres en el gobierno de Rodolfo Chiari, que mostró la desazón de las autoridades con la población.

También se puede mencionar el movimiento estudiantil el año 1960, que marcó en la historia de Panamá, al primer movimiento social importante, donde los estudiantes universitarios se organizaron para exigir reformas en el sistema educativo; y luchar por una educación accesible y de calidad. Este movimiento sentó las bases para futuros movimientos sociales y despertó la conciencia de la juventud en Panamá.

Otros ejemplos claros de movilización y presión social surgen cuando los sindicatos se unieron para luchar por salarios justos, condiciones de trabajo dignas y la protección de los derechos de los trabajadores. Estos esfuerzos llevaron a la promulgación de la Ley 30 de 1972 que regula las relaciones laborales de forma equitativa y protección de los derechos laborales en el país

En cuanto a los derechos indígenas, los movimientos sociales han logrado que se reconozca la existencia de los pueblos indígenas y se garanticen sus derechos ancestrales. Esto se evidencia en la promulgación de la Ley 72 de 2008, que establece la creación de la Comarca Ngäbe-Buglé, reconocida como territorio indígena autónomo.

De acuerdo con Aguilar Villanueva, L.F (1992) en su estudio de las políticas públicas, trata de explicar a las políticas públicas como una construcción analítica que pone el foco en acciones intencionadas y complejas del Estado para resolver problemas públicos. Entendiendo estas acciones como el resultado de un proceso que integra dimensiones políticas y técnicas, que posee una autonomía relativa, que está orientado por la búsqueda de la racionalidad, y que tiende a la eficacia en el servicio público.

En ese sentido, las políticas públicas son un conjunto de decisiones y acciones o la ausencia deliberada de las mismas con el fin de resolver o mitigar problemas sociales o simplemente no hacer nada. En este caso las políticas públicas son mucho más que simples decisiones gubernamentales. Son procesos dinámicos que atraviesa distintas etapas, donde la interacción entre el Estado y los diversos actores incluidos los movimientos sociales identifican, visibilizan objetivos específicos del o los problemas. Y se genera una presión política por parte de los actores con el fin de impulsar la oportunidad para que las demandas de los movimientos sociales se conviertan políticas públicas.

Es notable que las demandas de los movimientos sociales son procesadas de diversas maneras, dependiendo del contexto político, las circunstancias específicas y de la voluntad política de las personas en el poder, Por ejemplo, entre algunas formas comunes en las que las autoridades pueden responder a las demandas de los movimientos sociales, es a través de la estrategia del “diálogo y negociación”, donde las autoridades llaman a los representantes de los movimientos sociales para comprender mejor sus demandas y encontrar posibles soluciones.

Esto puede implicar la creación de mesas de negociación, comités o grupos de trabajo conjuntos. Sin embargo, a menudo estas mesas de diálogo se instalan después de un estallido social, como una maniobra de poder, porque al final se presta poca atención a las demandas y se terminan firmando acuerdos que no se cumplen, ya que esto implicaría cambios en la legislación existente o la implementación de nuevas políticas.

Tal como sucedió en los años 1980 cuando se dio un cambio del paradigma Keynesiano por el paradigma neoliberal donde se dio la reducción del estado, la desregulación y privatización y esto sin duda marcó un cambio en las políticas de muchos países. Concretamente, los sectores más vulnerables fueron afectados en el bienestar de salud, educación, vivienda y servicios básicos.

Vinculando a este sector a ser mayormente dependiente del sector privado no solo porque la provisión de servicios generó el aumento de tarifas para los consumidores; sino que también se dio la pérdida de los empleos, agravando aún más la brecha entre ricos y pobres. Este cambio de paradigma aumentó el mercado de capitales, pero también aumento la desigualdad y la inestabilidad financiera y social de los países.

El panorama que atravesó Panamá en el año 2023 es una realidad social que muchos la comparan con las movilizaciones que se dieron en el año 1964 en defensa de la soberanía. Pero en este contexto de la historia se debe a la aprobación de una ley de explotación minera por 40 años que resultaba ser inconstitucional y que permitía a la empresa Minera Panamá (filial de la canadiense First Quantum) la explotación minera del área de Donoso y de todo el territorio nacional. Lo que ocasionó un estallido social debido al sentimiento de injusticia y el sentimiento de patriotismo.

Por ello, los movimientos sociales apoyado por la sociedad civil se movilizaron con protestas en defensa de la soberanía contra la ley 406 buscando presionar a las autoridades para que rectificaran y anularan dicha legislación. Esta coyuntura fue importante y crea un precedente en las diversas generaciones ya que, en pleno bum de la tecnología, los jóvenes se incorporaron en defensa de su territorio y el futuro de todo un país. Dejado de un lado el ocio y la diversión, y haciendo de las redes sociales una herramienta de convocatoria y reproducción de información, con los efectos negativos que dejaría si se continuaba la acción de la empresa minera.

Los movimientos sociales han desempeñado un papel fundamental en la historia de diversos países, logrando importantes transformaciones en distintas áreas. Hoy más que nunca se pone en peligro el equilibrio que producen los movimientos sociales con acciones que desafían, el aumento de la desigualdad, la afectación del medio ambiente y la vulneración de los derechos de grupos excluidos.

La historia ha demostrado que los movimientos sociales, tienen la capacidad para influir en la legislación y en las políticas públicas de manera positiva y eficiente para el desarrollo del país, y que estarán presentes en las luchas continuas por los grupos más vulnerables del país.

La autora es Socióloga. Docente de la Universidad de Panamá