Actuación de Contraloría en diligencia del Ministerio Público genera cuestionamientos

Las acciones del contralor Anel Flores en el Ministerio Público han generado reacciones que trascienden las fronteras nacionales y podrían interferir en una investigación de alto perfil por enriquecimiento ilícito.

La noche del jueves, el Ministerio Público anunció que se había iniciado una investigación penal luego de que funcionarios de la Contraloría irrumpieran en un acto de investigación que involucraba a auditores de la institución, impidiendo que pudiera culminarse. El Ministerio Público detalló que se trataba de la investigación al exvicepresidente José Gabriel por el delito de enriquecimiento injustificado.

El rechazo de gremios, organizaciones civiles, políticos y hasta la defensa de Carrizo ha sido unánime.

La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) emitió un comunicado manifestando su preocupación por los hechos denunciados por el Ministerio Público panameño.

“La AIAMP rechaza cualquier intromisión indebida en los actos propios del ejercicio legítimo de las funciones de los fiscales, lo cual atenta contra los pilares fundamentales de las fiscalías de la región; expresa su total respaldo al Ministerio Público de la República de Panamá y se mantiene en alerta frente al desarrollo de los acontecimientos”, señaló el organismo internacional.

El Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) compartió su posición a través de su propio comunicado. Censuró las actuaciones del contralor; advirtió que la participación de funcionarios de la Contraloría en actos investigativos penales sin facultad legal ni citación es una extralimitación de funciones; y exigió el cese inmediato de cualquier forma de injerencia, exhortando al respeto de la autonomía institucional del Ministerio Público.

También se pronunció la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. “La Fundación apoya las acciones del procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, de usar las herramientas constitucionales y legales para proteger la investigación, darle seguimiento a la denuncia penal resultante de la reportada intromisión y que la Corte Suprema cumpla su rol judicial constitucional frente a los actos del contralor”, señaló la organización a través de un comunicado.

La exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, señaló que no hay ninguna justificación legal. “Es gravísimo porque no hay una norma, ni constitucional ni legal, que sustente la posibilidad de que un contralor se presente a interrumpir una diligencia en proceso. No es una facultad que él tiene, no está dada en la Constitución, no está desarrollada en ninguna ley”, enfatizó.

La defensa de Carrizo se pronunció por su parte, exigiendo “buscar la verdad de los hechos, respetar la ley, el debido proceso y el estado de inocencia”. De acuerdo con un comunicado, “el contralor de la República está preocupado porque sabe que el informe tiene inconsistencias graves”.

La investigación en contra de Carrizo se apoya en auditorías de la Contraloría, de acuerdo con las cuales habría un enriquecimiento ilícito de 1.9 millones de dólares del exvicepresidente entre el período 2019-2024 que no ha podido ser justificado.

“Si los fiscales no pueden aclarar con los auditores todos los detalles, mal pueden ir a presentar el caso en la audiencia. No solamente está el tema de la pérdida o de la lesión que se le causa a la autoridad y facultad constitucional del Ministerio Público, sino, peor aún, la posibilidad de la contaminación de una prueba, un peritaje que constituye una prueba en un expediente que puede incluso afectar el derecho de defensa”, advirtió la exprocuradora Gómez. “Al contralor alguien le tiene que poner freno porque él no está comprendiendo la sublime misión que tiene”.

Versión de Contraloría

La Contraloría General de la República justificó las acciones del contralor a través de un comunicado oficial en el que negó haber interferido con las investigaciones del Ministerio Público.

“En ningún momento, funcionarios de la Contraloría ni el contralor han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso. La institución ha actuado de manera consistente, con absoluto respeto a las competencias de la Fiscalía Anticorrupción, como lo evidencian las 365 auditorías realizadas y las denuncias debidamente sustentadas que han sido remitidas a las autoridades correspondientes”, detalló el comunicado.

Sobre la presencia de Flores, el comunicado de la Contraloría afirma que “respondió exclusivamente a la necesidad de conocer la situación de auditores de la institución que se encontraban siendo entrevistados por un período prolongado, superior a ocho horas, en el marco de actuaciones que generaban inquietud sobre el alcance y la forma de dichas diligencias”.

Fuentes consultadas, conocedoras de estos procesos, explicaron a La Estrella de Panamá que en estos casos es habitual solicitar recesos si la persona está cansada o necesita ir al baño, pero que nunca se justifica una interrupción.

“No hay manera de que se pueda justificar el ingreso. No son unos niños menores de edad que los padres vinieron a buscar a la escuela. Eso no funciona así. Son servidores públicos que están en una diligencia judicial, en una actividad procesal”, apuntó la exprocuradora Gómez.

El diputado Ernesto Cedeño, quien fue asesor legal de la Contraloría por 17 años, declaró en un video que realizó una investigación propia sobre los hechos.

“La Contraloría dice que no irrumpió, pero en la investigación que yo realicé sí entraron autoridades de la Contraloría y sí se llevaron a los auditores. A raíz de eso, no se pudo finiquitar en ese momento la diligencia, esa es la realidad. No se terminó la diligencia y eso es preocupante porque se debe respetar la administración de justicia, y para mí no es aceptable que no se permita que terminen las investigaciones”, declaró.

El diputado compartió que pudo conocer que ya se llamó de vuelta a los auditores para terminar la diligencia. Adelantó que el próximo lunes presentará una iniciativa legislativa para fortalecer los procesos y que no se repitan estas situaciones.