Contralora viola ley orgánica de la Contraloría

En los últimos tres informes, la mayoría de los municipios no han explicado cómo han manejado los fondos estatales

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El incumplimiento de la entrega de los estados financieros de las instituciones del Estado y otras anomalías en la fiscalización del manejo de los fondos públicos pondrían a la Contraloría General de República en una posición de violación de su propia Ley Orgánica.

Por su actuación u omisión, la contralora, Gioconda Torres de Bianchini, estaría incurriendo en faltas administrativas y además podría ser susceptible de denuncias penales.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Uno de los que ve con preocupación la actuación de la contralora es Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Empresas (APEDE). Él no entiende por qué las entidades no entregan a la Contraloría los informes, si no tienen nada que ocultar.

Insiste el abogado en que la contralora tiene las herramientas para solicitar la información necesaria a cada una de las instituciones.

El excontralor Carlos Vallarino alega que el contralor tiene facultad legal para exigir a las instituciones que presenten los informes. En el caso que no lo haga, estaría incurriendo en faltas por omisión que, a la larga, podrían llegar hasta la esfera judicial.

La Ley 32, que rige la Contraloría General de la República, establece en su artículo 11 que la entidad ‘llevará las cuentas nacionales, incluso las referentes a las deudas interna y externa, y fiscalizará la contabilidad del sector público’.

Además, la misma ley dispone, en su artículo 55, que entre las funciones del contralor está: ‘ordenar investigaciones encaminadas a determinar si la gestión de manejo de fondos y demás bienes públicos se ha realizado de manera correcta y de acuerdo con las normas establecidas’.

Para Aurelio Barría, dirigente de la extinta Cruzada Civilista, la ‘contralora no ha cumplido con la fiscalización y eso es evidente’.

En el último informe de los estados financieros del Estado, que se hizo público en marzo de 2013, ministerios como el de la Presidencia, Gobierno, Comercio e Industrias, Salud y de Economía (MEF) no entregaron a la Contraloría el detalle del manejo de sus fondos.

El Ministerio de la Presidencia, al cual está adscrito el Programa de Ayuda Nacional (PAN), es señalado por el uso de fondos del Estado para a favorecer a diputados, mientras que el MEF es el encargado de aprobar las transferencias de las partidas, temas que debe investigar el Tribunal Electoral y para lo cual necesitará los informes.

Los ministerios no son los únicos, la Caja de Seguro Social, la Autoridad de Recursos Acuáticos, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y la Zona Franca del Barú no entregaron los estados financieros ni al MEF ni a la Contraloría.

Para Troncoso, lo anterior ‘viola el procedimiento’ porque la Contraloría es un ‘órgano de control’ y cada institución debe rendir sus cuentas al país.

El expresidente de APEDE es secundado por el dirigente de la extinta Cruza Civilista. ‘La Contraloría de la República tiene la autoridad de fiscalizar todos los recursos del Estado y es por mandato de ley y constitucional’.

La Constitución de la República, en su artículo 280, que trata sobre las funciones de la Contraloría, en el numeral uno dice que la contralora debe ‘llevar las cuentas nacionales’.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Panamá, José Alberto Álvarez, en el último boletín del gremio plantea que en los sonados y muy publicitados casos de corrupción no conoce de ninguna investigación al respecto. ‘¿Alguien sabe si en los casos de sobreprecios de las megaobras hay alguna investigación?’, se pregunta.

El presidente del Colegio de Abogados sigue con las interrogantes: ‘¿Conocen de algún exfuncionario o funcionario que esté siendo investigado por enriquecimiento ilícito?’.

Troncoso suma más preguntas: ‘¿Dónde está la Autoridad de Transparencia, que debe exigir que la información debe hacerse pública?’.

Para la exlegisladora Mireya Lasso, la no presentación de los informes a la Contraloría se debe a que las entidades ‘están tratando de esconder algo’. Asegura que el gobierno entrante tiene una oportunidad para esclarecerlo todo.

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