Condenan a 15 años a ‘reina de la ketamina’ por caso Matthew Perry

  • 09/04/2026 10:59
La sentencia federal marca precedente en procesos por sustancias ilícitas; investigaciones revelan redes clandestinas, vínculos con otras víctimas y endurecimiento de estrategias judiciales

Durante años, Jasveen Sangha construyó una operación de tráfico de drogas de gran escala desde su residencia en North Hollywood, dirigida —según fiscales federales— a clientes de alto perfil. Su reputación dentro del mercado ilegal la posicionó como una proveedora selectiva, lo que le valió el apodo de “reina de la ketamina”.

Ese estilo de vida terminó abruptamente. Un tribunal federal la sentenció a 15 años de prisión tras declararse culpable de cinco cargos, entre ellos la distribución de la sustancia que provocó la muerte del actor Matthew Perry.

Los fiscales sostuvieron que Sangha no actuó por necesidad económica, sino motivada por beneficios económicos, acceso y una vida asociada al lujo.

El punto de quiebre: la muerte de Perry

El caso tomó relevancia internacional el 28 de octubre de 2023, cuando Perry fue hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Pacific Palisades.

El informe forense determinó que la causa fue una sobredosis por efectos agudos de ketamina, seguida de ahogamiento.

La investigación derivó en la imputación de Sangha y otras cuatro personas en agosto de 2024. Con el tiempo, todos los implicados optaron por acuerdos de culpabilidad.

El entonces fiscal federal del distrito central de California, E. Martin Estrada, fue contundente: quienes venden drogas, conscientes del riesgo letal, deberán asumir consecuencias penales severas.

Casos emblemáticos y presión judicial

La muerte de Perry no es un hecho aislado. Otros casos de alto perfil han evidenciado patrones similares en la crisis de drogas en Estados Unidos:

Mac Miller (2018): sobredosis accidental con múltiples sustancias.

Tyler Skaggs (2019): fallecimiento con opioides en el organismo.

Philip Seymour Hoffman (2014): combinación letal de drogas.

En todos estos casos, las autoridades investigaron a quienes suministraron las sustancias, aunque no siempre hubo condenas.

Expertos legales sostienen que los procesos mediáticos cumplen una función disuasiva. El abogado Andrew Pickett explicó que estos casos visibilizan la magnitud del problema y envían advertencias claras a quienes operan en los márgenes de la legalidad.

Una red más amplia de lo que parecía

Durante la investigación, fiscales detectaron una estructura clandestina que involucraba médicos y distribuidores que facilitaban el acceso a ketamina.

El expediente también reveló un vínculo indirecto con otra víctima: Cody McLaury, fallecido por sobredosis en 2019. Aunque no conocía a Perry, ambos compartían un presunto nexo con Sangha.

Según testimonios familiares, registros telefónicos evidenciaron transacciones por ketamina previas a su muerte. A pesar de ello, Sangha no fue imputada por este caso, aunque el tribunal consideró estos antecedentes al momento de dictar sentencia.

Ganancias por encima de las vidas

Las autoridades sostienen que el caso refleja una lógica recurrente en el tráfico de drogas: la rentabilidad prevalece sobre el riesgo humano.

Investigaciones previas de la policía de Los Ángeles han señalado que los distribuidores priorizan la fidelización del cliente, incluso cuando el producto puede resultar letal.

En el caso de Perry, los fiscales subrayaron que el actor atravesaba una recaída en su lucha contra la adicción, situación que —según la acusación— fue explotada por los implicados.

Su padrastro, Keith Morrison, lo describió en el tribunal como un hombre “brillante, generoso y complejo”, marcado por sus batallas personales.

El fallo judicial y las reacciones

La defensa solicitó una pena reducida, argumentando que Sangha había asumido responsabilidad y mostrado conductas de rehabilitación durante su detención desde agosto de 2024.

Sin embargo, el tribunal respaldó la postura de la fiscalía y fijó la condena en 180 meses de prisión.

Los fiscales enfatizaron que la acusada tuvo oportunidades de detener su actividad ilícita, pero decidió continuar.

Tras la audiencia, su abogado calificó la sentencia como desproporcionada, mientras que la fiscalía insistió en que el caso debía enviar un mensaje claro: el tráfico de drogas con consecuencias fatales tendrá castigos ejemplares.

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