Funcionarios de DGI cobraban por paz y salvo a extranjeros

Funcionarios de una de las oficinas regionales de la Dirección General de Ingresos vendían certificados de paz y salvo fraudulentos a extranjeros, confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia.

FRAUDE

Funcionarios de una regional de la Dirección General de Ingresos vendían los paz y salvo a extranjeros

El trámite es requerido por la Autoridad Nacional de Migración en el proceso de legalización.

Además, se pedía al extranjero la inscripción en la Caja de Seguro Social.

Este martes, De la Guardia informó que se ha abierto una investigación interna en la DGI para deslindar responsabilidades, tras haber detectado que funcionarios de la institución estaban cobrando por la emisión de esos certificados ‘en una de las regionales', sin especificar cuál de ella o ellas.

Este caso no guarda relación con el desfalco de $300 millones a la Caja de Seguro Social, ‘son temas diferentes', aclaró el ministro.

Uno de los requerimientos del Servicio Nacional de Migración a quienes quieran legalizarse en Panamá es tener paz y salvo de la DGI. La expedición de este documento es gratuita, al igual que la inscripción que le permite al extranjero obtener un Número Tributario (NT) para formalizar declaraciones de renta y así cumplir con el requisito migratorio.

A raíz del decreto ejecutivo de junio de 2016 que derogó el programa ‘Crisol de Razas' implementado en 2012 por la administración anterior, el ‘nuevo proceso' de legalización de extranjeros requería que estos probaran su afiliación a la Caja de Seguro Social y presentaran el paz y salvo tributario que expide la DGI.

CASO CSS

Consultado sobe el estado actual de las finanzas de la Caja de Seguro Social, De la Guardia evadió la pregunta, en cambio reiteró que la institución está haciendo ‘las investigaciones correspondientes' por el desfalco que anunció su director (Alfredo Martiz) en días pasados, alertando de que al haberse evadido el pago de cuotas obrero patronales, también debe haberse evadido el de impuesto sobre la renta.

El ministro cifró estimaciones de 30% en evasión fiscal del ITBMS, plan para el cual, dijo, estaban implementando la factura electrónica, que inicialmente sería voluntaria para los comercios que se apunten para el plan piloto durante el 2018 y 2019, y una vez implementado todo el proceso y pulidas las imperfecciones, se aplicaría obligatoriamente a partir del 2020, dijo el funcionario ayer durante su participación en el simposio empresarial de la Capac.