Activistas tachan de ‘falacia’ plan de ‘cierre autofinanciable’ para la mina de cobre en Donoso

El rechazo al esquema de “cierre ordenado y autofinanciable”, presentado el pasado 30 de septiembre por la Comisión Interministerial es generalizado entre los sectores opuestos a la minería metálica.

El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la UICN, dirigentes comunitarios de Donoso y Omar Torrijos, y organizaciones aliadas sostienen que la propuesta transgrede el Estado de Derecho y burla los fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Para las agrupaciones, la premisa de financiar la clausura mediante la prolongación de la extracción constituye una contradicción insalvable. Carlos Bichet, asesor del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y representante del Movimiento Panamá Libre Sin Minería, enfatizó que la medida engaña a la ciudadanía.

“La conferencia de prensa de los ministros el 30 de septiembre presenta una cuestión que llaman el ‘cierre de la mina’. Eso es una falacia inmensa. Los del movimiento ambiental [...] decimos que eso es una manera de engañar al pueblo panameño con una concesión que se encarga de la explotación”.

Bichet advirtió sobre la ambigüedad jurídica del informe oficial, el cual omite plazos claros y soslaya los estándares de protección en derechos humanos y materia ambiental fijados por el fallo de inconstitucionalidad de 2023.

A su juicio, el Ejecutivo incumple la obligatoriedad de una licitación pública, la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y el principio de no regresión ambiental:

“La corte dijo: si llegas a un estándar ambiental establecido, no puedes regresar para allá atrás, sería un retroceso en materia ambiental. Y nos preocupa a sobremanera que esto se venda como un cierre de la mina, cuando es verdaderamente una nueva concesión que violenta la ley de moratoria minera”, señaló Bichet.

A estas críticas se sumó Alibel Pizarro, del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, quien cuestionó la incapacidad de los ministerios para sustentar la legalidad de la propuesta tras meses de análisis.

“Lo que el gobierno nos ha presentado hasta el momento es un disfraz de cierre, cuando en realidad es una explotación y una apertura de la mina [...] Si hubiese una fórmula jurídica, ya nos la hubieran presentado. ¿Cómo es posible que tres ministerios con el departamento de asesoría legal todavía no nos dicen cuál es esa fórmula?”, alertó Pizarro.

Por su parte, Isaías Ramos González, biólogo del CIAM, alertó que la ambigüedad del discurso oficial repercute negativamente en la percepción de los mercados internacionales, al tiempo que omite responsabilidades esenciales.

“Un cierre precisa toda una serie de pasos concernientes al manejo de las estructuras, a garantizar la estabilidad química y física y, a su vez, establecer mecanismos económicos de compensación que el gobierno no está hablando de ello”, cuestionó Ramos.

Desde la perspectiva comunitaria, Leysi Rodríguez, de la Coordinadora Campesina de Donoso, desmintió que exista un beneficio socioeconómico real para los habitantes de Donoso.

“Como representante de mi comunidad, específicamente, yo alzo la voz por todas estas familias que viven en el distrito de Donoso, que se aprovechan de las necesidades que tenemos en las comunidades para ofrecer estas soluciones en base a un proyecto que atenta contra la vida de todos nosotros [...] y de todo el país”, señaló Rodríguez.

Asimismo, la activista ambiental Raisa Banfield instó a la ciudadanía a mirar más allá de los eufemismos oficiales. “Si quisieran cerrar, no hay que abrir, hay que entrar para controlar, para restaurar, para reparar, para transformar de manera que existan otros tipos de aprovechamientos económicos que genere desarrollo a esas comunidades directamente y beneficios al país de manera indirecta”, señaló Banfield.

La postura empresarial: Una alternativa para evitar costos estatales

Severo Sousa, presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), valoró positivamente el informe técnico de la comisión interministerial por considerar que abarcó las dimensiones económicas, sociales y ambientales del problema.

“El informe fue bastante completo en cuanto a recomendaciones. Me parece que abarcó los temas que tenía que abarcar, tanto en lo económico, lo social, lo ambiental [...] Así que yo creo que lo que toca ahora es esperar que el presidente tome una decisión ojalá lo más pronto posible”, apuntó Sousa.

Al ser consultado sobre los obstáculos legales que impiden reeditar el contrato anterior u otorgar una nueva concesión —dada la vigencia de la Ley 407 de moratoria minera y el fallo de la CSJ—, Sousa reconoció que el margen de acción es estrecho, pero sugirió que la participación del Estado junto a la empresa privada podría destrabar financieramente el proceso.

“No puede ser una concesión porque está la Ley 407 que lo prohíbe, no puede ser un contrato ley porque sería volver a entrar en el tema del fallo de la Corte. Sin embargo, la Constitución sí permite que el Estado sea dueño [...] de los materiales y, obviamente, la empresa ha hecho una inversión y por eso es que se tienen que poner de acuerdo en: bueno, ¿ese cierre ordenado cómo va a ser?”, expresó.

Sousa concluyó que la operación productiva bajo un esquema mixto o de administración directa se perfila como la vía para generar los fondos necesarios destinados al control ambiental y la supervisión técnica, evitando así que el costo recaiga íntegramente sobre las finanzas públicas.

El informe

El 30 de septiembre de 2026, los ministros de Comercio e Industrias, de Economía y Finanzas y de Ambiente entregaron al presidente de la República el informe final sobre el sitio minero Cobre Panamá, en Donoso.

El documento, encargado el pasado 1 de julio, evalúa los resultados de la auditoría integral y establece 17 recomendaciones y 6 criterios orientados a proteger el interés nacional.

Las autoridades recalcaron que se trata de un estudio no vinculante que no toma decisiones, no compromete fondos del Presupuesto del Estado ni fija plazos, quedando la resolución final exclusivamente en manos del mandatario.

Para dimensionar el reto fiscal, el informe detalla que el cierre y mantenimiento del sitio a lo largo de casi dos décadas ascendería a un total de entre $2,600 y $3,400 millones (considerando un costo de cierre de $800 a $1,000 millones y un sostenimiento posterior de hasta $20 millones mensuales).

Aunque la Comisión aclara que estas cifras representan un costo de oportunidad y escala —equivalente a una fracción significativa del presupuesto en salud y educación—, el 30 de septiembre, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, advirtió que estos recursos constituirían ”un gasto que no generaría crecimiento”.

Por esta razón, la Comisión estableció como condición innegociable que la solución no recaiga sobre el erario público: ”Cero es lo que debe costar al Presupuesto General del Estado una solución al tema de la mina de cobre. El sitio paga su propio cierre, o no hay arreglo”.

En esencia, se recomienda evaluar la viabilidad de un acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y fijar las condiciones para una puesta en marcha que conduzca a un esquema de “cierre ordenado y autofinanciable, sin costo para la Nación, sin prórrogas y en estricto cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).