Futuro de la mina: Apede afirma que la auditoría es favorable, pero señala fallas ambientales

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, planteó la mañana de este martes 14 de julio que el Gobierno debe tomar una decisión sobre el futuro de la mina de Cobre Panamá con base en criterios técnicos, legales y de manera transparente, al tiempo que reiteró que el cierre del proyecto ha tenido un impacto negativo en la inversión, el empleo y el desarrollo económico del país.

De Sanctis señaló que la Apede se encuentra en la etapa final de revisión de la auditoría realizada al proyecto minero y adelantó que, desde la perspectiva del gremio, los resultados son “muy positivos” en términos generales. Sin embargo, reconoció que el informe refleja importantes incumplimientos en materia ambiental.

”La auditoría sale muy positiva. Claro que hay una parte de cumplimiento ambiental que sale muy negativa, y yo creo que el Ministerio de Ambiente tiene que tomar medidas claras hacia la mitigación de eso”, sostuvo.

La dirigente empresarial indicó que corresponde ahora al Gobierno anunciar cuál será el camino que seguirá respecto al proyecto, una decisión que, según el Ejecutivo, podría darse antes de finalizar el año.

De Sanctis insistió en que el cierre de la mina ha generado consecuencias económicas que, a su juicio, deben ser tomadas en cuenta al momento de definir el futuro del proyecto.

”Todo el mundo sabe el impacto negativo que ha tenido el cierre de la mina en la inversión, en el desempleo, en el desarrollo del interior, sobre todo de Coclé. Ha impactado negativamente a todo el país”, manifestó.

Añadió que la suspensión de la actividad minera también incidió en la percepción internacional sobre Panamá y recordó que el país estuvo cerca de perder su calificación de riesgo.

La presidenta de Apede reconoció que toda actividad minera genera impactos ambientales, pero enfatizó que la responsabilidad recae tanto en la empresa como en el Estado.

”Cuando tú haces una mina de ese tipo hay un impacto ambiental. La responsabilidad de la empresa es cumplir con las medidas establecidas en el estudio de impacto ambiental y la del Gobierno es supervisar”, afirmó.

A su juicio, la auditoría evidencia que la supervisión estatal no fue la adecuada, por lo que pidió fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Ambiente para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales.

De Sanctis sostuvo que, aunque la falta de una decisión mantiene un escenario de incertidumbre, es preferible que el Gobierno dedique el tiempo necesario para evaluar todas las variables antes de anunciar una resolución.

”Definitivamente, el hecho de que no se haya tomado una decisión crea incertidumbre, pero también el Gobierno debe tener la capacidad de analizar a profundidad y buscar la mejor solución para todos los panameños”, expresó.

Agregó que cualquier determinación debe respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, considerar las preocupaciones expresadas por la ciudadanía durante las protestas contra la mina y contar con suficiente sustento jurídico.