Panamá avanza en los estándares del GAFI para proteger a las oenegés del financiamiento del terrorismo

En el marco de la Reunión de Grupos de Trabajo y el Quincuagésimo tercer Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá participó en la sesión especializada sobre la implementación de la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dedicada al análisis de los riesgos de financiamiento del terrorismo asociados a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) conocidas también como Organización No Gubernamental (ONG), Organización de la Sociedad Civil (OSC) o Entidades del Tercer Sector.

En las mesas técnicas de trabajo se analizaron las experiencias y buenas prácticas regionales sobre la identificación y supervisión de las OSFL. En este espacio se expuso que Panamá mantiene avances en la materia, los cuales constan en la solidez de sus mecanismos de registro, actualización y seguimiento de las organizaciones sin fines de lucro, así como en el fortalecimiento de las bases de datos y las herramientas de supervisión disponibles para las autoridades competentes. Estos componentes aportan transparencia y permiten la adopción de medidas focalizadas conforme a los lineamientos internacionales.

La actividad, celebrada el 15 y 16 de julio de 2026, fue coorganizada por el Gafilat, el EU AML/CFT Global Facility de la Unión Europea y el Programa Regional de la Cooperación Alemana (GIZ) de Lucha contra los Flujos Financieros Ilícitos en América Latina. El encuentro reunió a funcionarios de los 18 países miembros —incluyendo coordinadores nacionales, unidades de inteligencia financiera, organismos encargados de hacer cumplir la ley y reguladores responsables de la supervisión— junto con expertos internacionales de las Secretarías del GAFI y del Gafilat, y representantes de la Coalición Global de OSFL sobre el GAFI.

El nuevo estándar internacional y el enfoque basado en riesgo

La Recomendación 8 del GAFI establece los estándares internacionales para prevenir que el sector de las OSFL sea utilizado indebidamente para el financiamiento del terrorismo. La reciente reforma integral de esta norma introdujo un enfoque basado en el riesgo y de carácter proporcionado, cuyo objetivo es salvaguardar la actividad legítima de estas organizaciones al tiempo que se abordan las amenazas reales.

Durante las palabras de apertura, la presidenta Pro Témpore del Gafilat y secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) de Panamá, Isabel Y. Vecchio Arófulo, destacó que la revisión de la Recomendación 8 constituye una de las reformas más relevantes adoptadas recientemente por el GAFI.

“La actualización del estándar busca que los países identifiquen adecuadamente cuáles organizaciones se encuentran dentro de la definición de OSFL establecida por el GAFI, comprendan sus riesgos específicos de financiamiento del terrorismo y adopten medidas focalizadas, proporcionales y basadas en riesgo, evitando al mismo tiempo afectar indebidamente el trabajo legítimo que realizan estas organizaciones”, señaló Vecchio.

La funcionaria explicó que América Latina enfrenta desafíos comunes en la aplicación de esta recomendación, entre ellos la identificación precisa de las organizaciones comprendidas dentro del estándar internacional, la evaluación de sus riesgos, el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y el desarrollo de una relación más estrecha entre las autoridades y el sector.

Asimismo, resaltó la importancia de intercambiar experiencias regionales que permitan fortalecer las evaluaciones sectoriales de riesgo y traducir sus resultados en medidas efectivas y proporcionales que protejan al sector frente a posibles abusos, sin generar cargas innecesarias para las organizaciones que desarrollan actividades legítimas.

Visiones internacionales sobre la regulación y la proporcionalidad

La jornada contó con la participación del Embajador de la Unión Europea en Perú, Jonathan Hatwell, quien subrayó la importancia de las evaluaciones de riesgo como herramienta fundamental para una adecuada implementación de la Recomendación 8. Hatwell destacó la necesidad de que los países comprendan y apliquen de manera uniforme los nuevos criterios del GAFI para fortalecer la efectividad de los sistemas de prevención y combate del financiamiento del terrorismo.

Por su parte, David Hotte, Director de Proyecto del EU AML/CFT Global Facility, se refirió al impacto de esta actualización normativa: “La reforma de la Recomendación 8 marca un hito significativo hacia un enfoque más proporcionado, que se toma en serio tanto la necesidad de prevenir el abuso como la importancia de proteger a la sociedad civil legítima. Este evento busca brindar a las autoridades latinoamericanas la orientación experta y el intercambio entre pares que necesitan para llevar esto a la práctica”.

En esa misma línea, Ángela Paul, representante de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), resaltó que la Recomendación 8 busca alcanzar un equilibrio entre la protección del sector frente a posibles abusos y la preservación de su capacidad para contribuir al desarrollo, la cohesión social y la gobernanza democrática. En este sentido, se enfatizó la importancia de implementar medidas proporcionales y adaptadas a los contextos nacionales, evitando consecuencias no deseadas como barreras administrativas excesivas o restricciones injustificadas al acceso a servicios financieros.

Esta postura fue respaldada por la Dra. Nicole Maldonado, Jefa de Cooperación de la Embajada de la República Federal de Alemania en el Perú, quien destacó: “La regulación es clave para proteger la integridad del sistema financiero y prevenir el uso indebido de las organizaciones sin fines de lucro. Es más eficaz cuando es proporcionada y se basa en evidencia, evitando impactos negativos en las organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios esenciales. Lograr este equilibrio es un desafío especialmente significativo en América Latina”.

Desafíos regionales y compromisos futuros

Durante las sesiones técnicas se analizaron las particularidades de América Latina frente a la norma reformada. La agenda profundizó en que la región afronta una amenaza comparativamente limitada de financiamiento del terrorismo, pero un mayor riesgo de lavado de activos. Asimismo, se observó que las definiciones de OSFL en las legislaciones nacionales no siempre coinciden con las del GAFI, y que la aclaración de que estas organizaciones no deben estar sujetas a una “supervisión” regulatoria tradicional, sino más bien a un “monitoreo” o vigilancia basada en riesgos, exige respuestas institucionales prácticas.

Ante este panorama y la proximidad de nuevos procesos de evaluación, el Secretario Ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, concluyó: “Los países del GAFILAT se están preparando para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Una comprensión sólida y compartida de la Recomendación 8 reformada, adaptada a nuestro contexto regional, es exactamente lo que los equipos nacionales necesitan en esta etapa”.

La participación de Panamá, a través de los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Gobierno en estos espacios regionales, reafirma el compromiso del país con el fortalecimiento continuo de su sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Con ello, el Estado promueve un enfoque basado en riesgos que preserve la integridad del sistema financiero y, al mismo tiempo, garantice el adecuado desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil.