Panamá inicia su preparación de cara a la quinta evaluación del GAFI en 2027

Panamá ha iniciado un proceso de fortalecimiento institucional con miras a la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se realizará en 2027, con el objetivo de mantener los avances alcanzados en materia de transparencia, prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así lo confirmó la superintendente de Sujetos No Financieros, Isabel Fernández.

Fernández destacó que el país se encuentra en una etapa de consolidación tras haber salido de las listas de seguimiento del organismo internacional, y que actualmente las autoridades trabajan para reforzar los mecanismos de cumplimiento y cooperación interinstitucional.

“Estamos trabajando para mantener y elevar el grado de cumplimiento alcanzado. Queremos que nuestro sistema sea cada vez más fuerte, más seguro y más preparado para la próxima evaluación”, señaló Fernández, este jueves, durante su participación al 10 Congreso Internacional de Cumplimiento Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa).

La funcionaria explicó que todas las instituciones del sistema antilavado, incluidas las entidades financieras y los sujetos no financieros, deben continuar fortaleciendo sus capacidades internas y su gobernanza.

“Panamá nunca ha dejado de trabajar en este tema. Desde nuestras instituciones, nos aseguramos de que los roles estén fortalecidos y listos para ese proceso”, añadió.

Fernández recordó además que el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), administrado por la Superintendencia, es una herramienta clave para garantizar la transparencia en la propiedad de las sociedades, un aspecto que el GAFI valora especialmente en sus evaluaciones.

“El registro es una plataforma activa y viva. Nos aseguramos de que los abogados, quienes registran a los beneficiarios finales, cuenten con todo el apoyo necesario para mantener la información vigente y protegida”, indicó.

Por su parte, Ricardo Moreno, supervisor de Capacitación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien también participó en el congreso de Asocupa, subrayó el rol que juegan un papel esencial para este proceso de preparación del país para la revisión de 2027.

“El rol de la UAF es fundamental porque los oficiales de cumplimiento son nuestros enlaces directos. Ellos nos nutren de información y también nos apoyan cuando necesitamos datos para los análisis que realizamos”, explicó.

Moreno indicó que el país avanza hacia un modelo de supervisión más tecnológico y eficiente, gracias a la modernización de las plataformas digitales para la recepción de reportes y análisis de operaciones sospechosas.

“La UAF cuenta con una plataforma digital moderna y en constante actualización. La tecnología avanza y debemos avanzar con ella”, puntualizó.

El funcionario recalcó que Panamá ha logrado salir de varias listas internacionales al demostrar que su sistema antilavado “es sólido y cumple con las normas internacionales”, además de mantener altos estándares de confidencialidad y seguridad de la información.

“Toda la información que los sujetos obligados envían a la UAF se maneja con absoluta reserva. Es un sistema seguro y confiable, y eso también será un punto fuerte para la próxima evaluación”, sostuvo.

Tanto Fernández como Moreno coincidieron en que la quinta evaluación del GAFI representa una oportunidad para demostrar la madurez institucional de Panamá y consolidar su reputación como un país comprometido con la integridad financiera y la transparencia.

En 2023, Panamá salió de la “lista gris” de GAFI, que fue anunciada durante la reunión plenaria de este organismo internacional.

El especialista internacional Guillermo Hernández advirtió que la próxima evaluación del sector privado y del país en general no solo se centrará en normas, sino en la efectividad real del sistema:

“Panamá tuvo avances significativos tras la cuarta ronda y la salida de la lista gris fue una prueba de ello. Ahora el equipo evaluador va a esperar ver cómo esos avances se reflejan en resultados concretos”, mencionó Hernández, durante el congreso de Asocupa.

Entre los principales retos, Hernández destacó los activos virtuales. Mencionó que en una economía abierta como Panamá, prohibirlos es inviable. Aclaró que el reto es conocer los riesgos, aprobar y reglamentar la ley, y luego demostrar resultados de su implementación.

Beneficiario final y transparencia, el especialista indicó que hay avances importantes, pero ahora debe demostrarse qué impacto real han tenido los registros, controles y medidas adoptadas.

Hernández señaló la evidencia y datos en la que demostrar efectividad implica estadísticas, seguimiento, sanciones cuando correspondan y mejoras medibles en el cumplimiento.

Recordó que la quinta ronda pondrá mayor énfasis en la medición de resultados y menos en el “cumplimiento técnico” formal. La nueva metodología contempla además una hoja de ruta posterior, enfocada en corregir rápidamente las debilidades detectadas.