Fiscalía de Venezuela abre investigación tras protesta de presos en Barinas

La Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal luego de la protesta protagonizada por presos comunes en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), donde los internos denunciaron malos tratos y restricciones a las visitas familiares.

El hecho, ocurrido el domingo 24 de mayo, generó tensión dentro y fuera del penal, con reportes de heridos y denuncias de organizaciones de derechos humanos.

Según testimonios de los privados de libertad, la protesta se originó por presuntos abusos de funcionarios y la negativa de permitir el ingreso de familiares durante varios días.

Los reclusos se subieron a los techos del penal, quemaron colchonetas y exigieron la destitución del nuevo director, Elvis Macuare Guerrero.

Algunos denunciaron que fueron atacados con disparos, lo que habría dejado heridos, aunque las autoridades no han confirmado cifras oficiales.

La respuesta institucional fue inmediata. La Fiscalía informó que la fiscal superior de Barinas, junto a funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, se trasladó al centro penitenciario para mediar en el conflicto y garantizar que se respeten los derechos de los internos.

El Ministerio Público aseguró que el objetivo es resolver la situación de manera pacífica y abrir las investigaciones correspondientes sobre los hechos denunciados.

La Guardia Nacional también intervino en el penal, utilizando bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Sin embargo, esta acción afectó a mujeres recluidas en el anexo femenino, lo que generó nuevas críticas hacia el manejo de la crisis.

Organizaciones de la sociedad civil reaccionaron con preocupación. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó que varios internos resultaron heridos y reiteró que las restricciones a las visitas familiares han sido una constante en los últimos días.

La ONG exigió la destitución del director del penal y responsabilizó a las autoridades por la violencia registrada. Por su parte, Provea solicitó a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo que actúen de manera inmediata para proteger la vida de los reclusos, recordando las Reglas Mandela de Naciones Unidas, que establecen estándares internacionales para el trato digno de las personas privadas de libertad.

Este episodio se suma a una serie de hechos recientes que reflejan la crisis penitenciaria en Venezuela. Apenas un mes antes, el 21 de abril, un motín en la cárcel de Yare, estado Miranda, dejó cinco fallecidos, lo que obligó también a la Fiscalía a abrir una investigación.

Los recurrentes disturbios en los centros de reclusión evidencian problemas estructurales como el hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos y las denuncias de abusos por parte de funcionarios.