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Trump impone multas de hasta $1,8 millones a miles de migrantes indocumentados en Estados Unidos
- 28/05/2026 09:35
Familias viven con miedo, enfermedades y amenazas financieras mientras organizaciones civiles denuncian presión extrema para forzar salidas voluntarias del país
Rosa ya hizo las cuentas de su posible despedida. Si termina deportada a Guatemala, solo le ha pedido dos cosas a su esposo: que le envíe sus ollas y que ahorre dinero para su funeral.
La mujer, una migrante indocumentada de 50 años que vive en Los Ángeles, le contó a El País que enfrenta hoy una deuda de 1,8 millones de dólares impuesta por el Gobierno de Donald Trump por no abandonar Estados Unidos tras recibir una orden de salida voluntaria hace más de una década.
“Me la paso llorando. No creo que sobreviva allá”, dice Rosa, quien todavía se recupera de un derrame cerebral sufrido este año y depende diariamente de medicamentos para la diabetes, la presión arterial y otras secuelas médicas.
Su caso no es aislado.
Más de 65.000 inmigrantes han comenzado a recibir cartas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con sanciones económicas consideradas prácticamente imposibles de pagar. En conjunto, las multas superan los 36.000 millones de dólares.
La estrategia forma parte del endurecimiento migratorio impulsado por Trump desde el inicio de su nuevo mandato presidencial y ha sido calificada por organizaciones civiles y abogados migratorios como una medida “cruel”, “desproporcionada” e incluso “una forma de tortura psicológica”.
Multas que destruyen vidas
La política del DHS se basa en una ley migratoria de 1996 que permite imponer penalizaciones de hasta 1.000 dólares diarios a quienes permanezcan en territorio estadounidense tras recibir una orden de salida voluntaria.
En muchos casos, las cifras alcanzan el mismo monto: 1,8 millones de dólares.
Rosa recibió la notificación en marzo. Desde entonces, asegura vivir aterrorizada.
“Cuando vienen a dejarme las medicinas pienso que son agentes del ICE”, relata.
Su esposo trabaja despachando combustible en una gasolinera y gana alrededor de 4.000 dólares mensuales. La mitad del salario se destina al alquiler del apartamento donde viven.
Según cálculos simples, necesitaría casi 38 años entregando íntegro su salario para cubrir la deuda.
“No tengo dinero ni para mandar mis cosas a Guatemala”, lamenta.
Mientras tanto, el DHS le dio apenas 15 días para responder o abandonar el país.
El miedo se extiende entre miles de familias
Felipe, un albañil mexicano de 47 años radicado en California, también le contó al diario español que recibió una multa idéntica.
Desde entonces, asegura que perdió la tranquilidad.
“Me cambió la vida”, dice entre lágrimas.
El migrante ahora analiza poner sus vehículos y pertenencias a nombre de sus hijos por temor a embargos o confiscaciones.
“Salgo de mi casa persignándome”, cuenta.
Felipe llegó a Estados Unidos en 2000 y terminó atrapado en un fallido trámite migratorio gestionado por un supuesto asesor legal que le prometió regularizar su situación mediante un caso de asilo.
Años después descubrió que existía una orden de salida voluntaria en su contra.
Pensó que el caso había quedado atrás.
Hasta que llegó la carta.
Presión económica y temor al embargo
Abogados migratorios advierten que el Gobierno estadounidense podría intentar decomisar salarios, congelar cuentas bancarias o colocar gravámenes sobre propiedades.
Además, las notificaciones advierten que las deudas podrían ser enviadas a agencias privadas de cobro o afectar historiales crediticios.
“Es parte de una estrategia para presionar a los inmigrantes desde todos los frentes”, explica la abogada migratoria Raquel Kuronen, quien representa a decenas de personas afectadas en California.
Ninguno de sus clientes ha podido pagar.
“No tienen cómo cubrir una cifra así”, sostiene.
Las organizaciones proinmigrantes recomiendan buscar asesoría legal inmediata y presentar objeciones formales antes de que expire el plazo establecido por el DHS.
Batalla legal contra las sanciones
A finales de 2025, agrupaciones civiles presentaron una demanda colectiva contra las agencias federales responsables de aplicar las multas.
La querella sostiene que las sanciones están siendo impuestas sin evaluar circunstancias individuales ni garantizar procesos adecuados.
Los abogados argumentan que muchas personas nunca fueron plenamente conscientes de las consecuencias legales o desconocían las órdenes migratorias emitidas años atrás.
También cuestionan que las penalizaciones puedan llevar a miles de familias a la ruina financiera.
“Con esta Administración todo puede pasar”, afirmó Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
“Lo que buscan es intimidar para obligar a los inmigrantes a autodeportarse”, añadió.
Mientras el litigio continúa en tribunales federales, miles de migrantes viven pendientes del correo, temiendo que la próxima carta termine de derrumbar sus vidas.
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