Prestatarias serán claves en nueva ley de transporte

El Ejecutivo ha empezado a afinar el proceso para la discusión de una  ley de transporte público  que resuelva la crisis de movilización que han generado el Metrobús y la piratería. Pero el nuevo modelo será esculpido con la ayuda de viejos “artistas”: tres de las prestatarias a las cuales el Estado confió la operación de  los diablos rojos.

Un acuerdo de 12 puntos logrado el viernes entre la Autoridad del Tránsito (ATTT), la Asamblea, y las prestatarias Transfusa, Sicotrac y San Cristóbal de Chepo para la circulación legal (o lo más legal posible) de medio millar de buses pirata será el marco en el cual empezará el debate sobre la modernización del  esquema del transporte.

El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, aseguró que el resultado de las mesas de transporte servirá para desarrollar la nueva normativa que, entre otras cosas,  permitiría la creación de la Autoridad Metropolitana de Transporte —que involucraría a Panamá, Colón y Panamá Oeste— y acogería la redefinición del contrato con MiBus. 

En un careo con los transportistas, el funcionario lo resumió así: “necesitamos un sistema de panameños para panameños”.

El debate ha empezado en dos escenarios. Una comisión de alto nivel del gobierno estudia las salidas para el Metrobús y otra, instalada en la Asamblea,  analiza el escenario de la piratería. Esta última es liderada por el diputado Diógenes Vergara, todavía dirigente de San Cristóbal de Chepo.

De vuelta al ruedo

Necesitamos un sistema de transporte de panameños para panameños.

La hegemonía de los transportistas inquieta a  expertos, que advierten que el manejo político del problema terminaría obstruyendo las soluciones.

El exdirector de la ATTT Carlos Harris aplaude la idea de una nueva ley que derogue las tres que  regulan el transporte  (Ley 14 de 1993, Ley  34 de 1999 y Ley 42 de 2007), aunque teme que el resultado “vuelva  a ser un traje a la medida de los  transportistas”.

“Con las reformas anteriores —denuncia—, la ATTT terminó dando gratis los cupos  a las prestatarias, que los vendían y hacían negocios”.

Cara y sello a la vez

El viernes ministro Henríquez salió animado del  careo con las prestatarias. Dijo  que era la primera vez que organizaciones que han antagonizado se ponían de acuerdo para buscar una salida al problema del transporte. Pero el abogado Víctor Martínez tiene otra mirada: les está dando protagonismo a organizaciones “que participaron en la decisión de traer el Metrobús”, lo que, cree, las inhabilitaría para “buscar una solución”.

La Resolución 1211 de la ATTT integró a la Cámara Nacional del Transporte  en la comisión que revisó el rescate administrativo de los diablos rojos. Luis Rodríguez, representante de los transportistas, explicó que el rol que se les asignó fue el de revisar la documentación para la indemnización de buses, que cursaba su fase definitiva en Contraloría.

Asimismo, el Sicotrac operó rutas de diablos rojos al centro de la ciudad que fueron compensadas por el Estado. Aunque se replegó en rutas internas, ha avalado la operación de buses pirata por el Corredor Norte.

Antes de decidir sobre una nueva ley de transporte, el Gobierno también esperará el resultado de sendos  estudios   que se han encargado. El primero en llegar, aunque no se confirmó la fecha, será uno del Programa Integral de Movilidad Urbana del Banco de Desarrollo para América Latina (CAF).