Ley sobre ‘muerte civil' excluye a políticos

El magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, instó ayer a los diputados de la Asamblea Nacional a considerar en una futura legislación sobre ‘muerte civil' a los funcionarios electos por votación popular.

El exlegislador y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia acudió ayer a la Comisión de Gobierno de la Asamblea para exponer la posición del Tribunal de Cuentas en el proceso de discusión del proyecto 597 sobre ‘muerte civil', el cual busca inhabilitar de manera perpetua para ejercer funciones públicas a las personas condenadas a cinco o más años de prisión por delitos contra la administración pública.

Para Cigarruista, la ‘muerte civil' en Panamá existe desde hace mucho tiempo y está plasmada en el artículo 1088 del Código Penal.

Parte de esta norma establece: ‘Para ser empleado o agente de manejo es preciso gozar de buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por sentencia ejecutoriada como quebrado fraudulento o culpable y no ser deudor moroso del Tesoro'.

Tampoco puede ser empleado o agente de manejo quien, habiéndolo sido en otro tiempo, resultó alcanzado en sus cuentas, aún cuando los alcances hayan sido condonados o declarados prescritos; o cuando no haya rendido sus cuentas oportunamente, aunque de esa responsabilidad hubiera sido eximido.

SANCIONES PROYECTO 597

Inhabilitaciones en el proyecto de ley

Con la norma propuesta, se establece como sanción para los empresarios corruptos la incapacidad legal para contratar con el Estado.

De igual manera, señala la normativa vigente que ‘los nombramientos hechos en contravención de este artículo son nulos y cualquier persona puede demandar su nulidad'.

No obstante, para Cigarruista esta norma presenta un defecto, y es que deja por fuera a la clase política que es electa, es decir, al presidente de la República, a los diputados, alcaldes y representantes de corregimiento.

‘Yo les aconsejo que hagamos un acto legislativo que satisfaga a la familia panameña, que ya no haya vacas sagradas. La justicia debe ser aplicada para todos', precisó.

Aunque Cigarruista indicó que los alcances los debe realizar la Contraloría General de la República, Juan Diego Vásquez objetó que la Contraloría, que es un ente político, sea la que deba estar a cargo de realizar este tipo de alcances y no un juez que falle en derecho y con pruebas en un proceso.

El presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Carlos Santana, con el aval del resto de los comisionados, aprobó crear una subcomisión presidida por la diputada Ana Matilde Gómez para ampliar el análisis del proyecto impulsado por Vásquez, quien es representante de la sociedad civil. La subcomisión la completan los diputados Leandro Ávila y Quibián Panay.