Fiscal en el exilio denuncia genocidio en Venezuela

El miedo es el peor obstáculo que puede enfrentar una persona cuando quiere alcanzar un propósito. La fiscal general de Venezuela (en el exilio), Luisa Ortega Díaz, no tiene miedo. Asegura que precisamente por no temer es que está ahora exiliada en Colombia, haciendo su trabajo hasta las últimas consecuencias.

Agrega con énfasis que por no tener miedo fue que se enfrentó a Nicolás Maduro y sus secuaces, a sabiendas de todo lo que le iba a suceder. Afirma que igual que ella, su equipo de trabajo, integrado por doce personas, la mayoría abogados, tampoco tiene miedo. Son valientes, guerreros...

En una oficina pequeña que le han acondicionado ‘amigos' de Colombia, la fiscal Ortega Díaz ejerce sus funciones acompañada de su equipo. A pesar de sus limitaciones y de estar lejos de sus hijos, ella confiesa que no desmayará ante su meta, la cual es contribuir para que la justicia, la libertad y la democracia vuelvan a su país.

‘Estoy segura de que vamos a lograr importantísimas decisiones que van a influir en la vida democrática venezolana; es decir, en el retorno de la democracia y las libertades', expresa con tono firme Ortega Díaz, quien lleva varias investigaciones contra Nicolás Maduro, entre ellas una por su supuesta vinculación con el caso Odebrecht.

El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio ya dijo que existe mérito para enjuiciar a Maduro por los delitos de corrupción y lavado de dinero relacionados con la empresa Norberto Odebrecht, S.A. La Asamblea Nacional (legítima) autorizó al alto tribunal realizar el juicio al presidente.

El monto, según la acusación, está estimado en la suma de $2.5 mil millones. ($2,500,000,000,000.00). De acuerdo con la fiscal Ortega Díaz, Maduro ha estado vinculado a hechos irregulares en la ejecución de más de 15 obras de infraestructura en territorio venezolano.

El fraude incluía sobornos, pago de coimas y tráfico de influencias. Además, en la acusación queda establecido que el Gobierno hizo pagos recurrentes para obras que jamás fueron ejecutadas o concluidas.

Como consecuencia de las investigaciones que llevaba a cabo, la fiscal Ortega Díaz se vio obligada a huir de su país en una lancha rápida hasta llegar a Aruba, donde tomó un avión que la llevó a Bogotá, lugar en el que permanece exiliada junto a parte de su familia, después de que la Asamblea Constituyente ilegítima, que gobierna el país en forma interina, la destituyera de su cargo y ordenara su enjuiciamiento por supuesta conspiración.

‘Una cosa es tener miedo y otra es dejar que te maten o te desaparezcan, porque ellos así lo deciden', afirma la fiscal, quien sin titubeos denuncia que en su país existe una nueva forma de genocidio: ‘se está exterminando a la población'.

¿ES VERDAD QUE USTED CONSPIRABA CONTRA MADURO Y SU GOBIERNO?

Lo que estaba y continúo haciendo es el trabajo que me corresponde como fiscal. Si conspirar significa investigar a los delincuentes, entonces seré una conspiradora...

‘Desde hace algún tiempo tengo enfrentamientos con el Ejecutivo, incluso, estando en Venezuela, desde el año 2015. La situación se exacerbó en el 2017, cuando definitivamente se produce la ruptura'.

SABEMOS QUE HAY UN PROCESO CONTRA EL SEÑOR MADURO, QUE TIENE QUE VER CON LA EMPRESA ODEBRECHT QUE ESTÁN SIGUIENDO LAS AUTORIDADES LEGÍTIMAS DE VENEZUELA, Y EN EL QUE USTED ES LA FISCAL ACUSADORA. ¿DE QUÉ SE TRATA EL CASO Y POR QUÉ DECIDIÓ HACER ESA INVESTIGACIÓN?

Desde hace algún tiempo tengo enfrentamientos con el Ejecutivo; incluso, estando en Venezuela, desde el año 2015. La situación se exacerbó en el 2017, cuando se produce la ruptura definitiva y ellos asaltan militarmente al Ministerio Público. Además, crearon una asamblea constituyente ilegítima donde Maduro se robó la soberanía del pueblo... la única decisión que toma esa asamblea, una vez instalada, es destituirme, porque yo venía haciendo una serie de denuncias.

El caso Odebrecht ya lo teníamos adelantado en Venezuela, y los fiscales que fueron a Brasil no pudieron regresar al país. Yo estaba todavía en mi país cuando ellos venían con las pruebas y los amenazaron. Les hicieron saber que apenas entraran a Aduanas, los iban a encarcelar. Se tuvieron que quedar en Colombia. Yo tuve que pedir ayuda al fiscal general de este país, para que nos protegiera.

¿QUÉ PRETENDÍAN CUANDO ASALTARON MILITARMENTE AL MINISTERIO PÚBLICO?

Destruir todas las pruebas que los comprometían en caso de corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos.

¿USTED TIENE LAS PRUEBAS?

¡Claro! Todas están incorporadas al expediente donde acusamos a Maduro por el caso Odebrecht, por corrupción, por haberse apropiado del dinero de los venezolanos. Nosotros hemos intentado varias acciones contra Nicolás Maduro, y su entorno, los generales, ese grupo que no gobierna, porque todo lo que ocurre allá es un desgobierno. Nosotros intentamos la acción ante la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos contra Nicolás Maduro y cinco generales, entre ellos, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.

También presentamos una acusación ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, por corrupción en el caso de Odebrecht. Este es un caso muy sonado en todo el continente, por el que han procesado presidentes, expresidentes y altos funcionarios. Uno de los pocos países donde no se ha hecho nada por ese caso es Venezuela; tuvimos que hacerlo fuera del país, porque allá no es posible hacer justicia. Hay una impunidad y una complicidad del poder Judicial para proteger al poder Ejecutivo.

¿DE CUÁNTA PLATA ESTAMOS HABLANDO?

El monto de lo pagado a Odebrecht está por el orden de los $2,500 millones, en obras que no se ejecutaron. Estamos hablando de trece obras... a la mayoría solo se le hizo el acto de la ‘primera piedra'. El Estado desembolsó esa suma de dinero. Tenemos conocimiento de que Maduro recibió hasta $50 millones.

Nosotros comenzamos esta investigación en Venezuela en el 2015 y el año pasado pensábamos accionar, ya con las pruebas que venían de Brasil, pero los fiscales no pudieron entrar, y por eso lo intentamos ahora en el exilio.

¿USTED TRABAJÓ CON EL SEÑOR CHÁVEZ, VERDAD?

No. Yo trabajé durante su gobierno, pero en ese tiempo el Ministerio Público era un poder autónomo en Venezuela. Trabajé durante su mandato. Comencé mi gestión en el 2008.

PERO, ¿QUÉ LA HIZO CAMBIAR? SABEMOS QUE MADURO ES UNA CONSECUENCIA DE CHÁVEZ…

Es correcto, pero yo siempre me opongo a las injusticias, a las violaciones de los derechos humanos y a la corrupción. Comencé a cuestionar todo eso. Siempre fui una fustigadora de todos los delitos, pero fundamentalmente de la violación a los derechos humanos. Todos los hechos de los cuales yo tenía conocimiento estaban siendo investigados y, eso, obviamente, no les gustó.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL GOBIERNO DE CHÁVEZ Y EL DE MADURO?

‘El monto de lo pagado a Odebrecht está por los 2,500 millones de dólares, en obras que no se ejecutaron. Estamos hablando de 13 obras a las que la mayoría solo se le hizo el acto de la ‘primera piedra'.

Chávez es la consecuencia de lo que estaba viviendo el país en ese momento, en 1998. Él tenía un discurso populista, un discurso que llegó a la mente y al corazón de mucha gente que estaba esperanzada de que se buscara solución a todos los problemas que tenía el país. Después él comenzó con ciertos signos de autoritarismo, pero no como Maduro. El actual mandatario consolidó el autoritarismo chavista, al igual que su propia vocación autoritaria, tirana, de violación a los derechos humanos, de irrespeto a la vida, irrespeto a la dignidad de la persona. Conscientemente, ha diseñado un plan para acabar con la población venezolana, especialmente con sus detractores, con la oposición, con los que no se someten a sus designios. En Venezuela se vive una nueva forma de genocidio.

La seguridad ciudadana en Venezuela comenzó a ser abordada por los militares, con planes como la Operación Rondón, que decía que el ciudadano era un enemigo del país y había que perseguirlo, acorralarlo y exterminarlo. En la aplicación de esta operación se produjo una masacre en Venezuela, la masacre de Barlovento, que enseguida abordamos en el lugar de los sucesos y logramos recabar todas las evidencias y determinamos qué había ocurrido. El ministro de la defensa, Vladimir Padrino, se opuso a eso y públicamente dijo que yo estaba persiguiendo a las fuerzas armadas. Nosotros insistimos y logramos llegar hasta quienes habían cometido el hecho y confesaron. Logramos sacar los cuerpos de las fosas comunes donde los enterraron…

¿CUÁNTOS CUERPOS HABÍA?

Eran doce y cinco que habían desaparecido. Los mutilaron, los mataron a machetazos. Fue obra del ejército de Venezuela, bajo la dirección de Nicolás Maduro y del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Este último también está denunciado en la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos. Padrino, bajo las órdenes de Maduro, emitió una resolución en el 2015, famosa en Venezuela, la 8610, en la que establecía que los militares, quienes iban a controlar las manifestaciones, tenían que usar armas de fuego, cuando nuestra Constitución prohíbe el uso de armas de fuego en las manifestaciones. Bajo esa resolución mataron a cientos de venezolanos.

¿CUÁNTOS?

Solo en el 2017 perdieron la vida 131 personas en manifestaciones. Y así como eso, implementaron la ya mencionada ‘Operación Rondón para la Liberación del Pueblo', que eran planes para la supuesta limpieza de la población: tomaban barrios completos y allanaban casas sin órdenes de detención y sacaban a los jóvenes y los liquidaban en la calle, delante de todo el mundo... perdieron el pudor.

PERO, ¿ESO LO HACEN ACTUALMENTE?

Ahora es peor. Lo siguen haciendo en mayor grado y sin ningún tipo de control, porque antes estaba el Ministerio Público, estaba la fiscal y estaba un grupo de profesionales y se cuidaban un poco.

¿EL SEÑOR MADURO TIENE ORDEN DE DETENCIÓN POR ESTAS CAUSAS?

No. Nosotros solicitamos en nuestra denuncia ante la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos, una orden de captura contra Maduro, pero ellos están haciendo el examen preliminar. De iniciarse la investigación, podrían ordenar su captura. También en el caso de Odebrecht, acusación que presentamos ante el Tribunal Supremo que funciona en el exilio, pedimos la orden de captura contra él. El Tribunal Supremo tiene que oficiar a la Interpol, para que este organismo dé la orden de detención del mandatario.

¿USTED PIENSA QUE ESO ES VIABLE? ÉL NO VA A SALIR DE VENEZUELA…

Claro. Nuestras leyes dicen que cualquier autoridad o cualquier civil puede detener a quien ha cometido un delito; entonces los ciudadanos o cualquier autoridad, entendiendo la tragedia que vive Venezuela, de la que ellos mismos son víctimas, pueden proceder a capturar a Maduro y a cumplir la Constitución y las leyes… eso puede pasar.

A USTED, QUE ESTUVO DENTRO DE ESE MONSTRUO, LE PREGUNTO: ¿QUIÉN MANDA AHÍ?

Allí hay un grupo que maneja el poder. Están los hermanos Rodríguez: Jorge Rodríguez, que es ministro de Comunicación, y Delcy Rodríguez, la que fue presidenta de la Asamblea Constituyente y que ahora es vicepresidenta; ella odia y desprecia al pueblo. También están Tareck El Aissami, que fue vicepresidente y es otro de los que maneja el poder, y, Cilia Flores, la esposa de Maduro.

¿Y LOS MILITARES?

No, no. Ellos están subordinados a ese grupo. Vladimir Padrino es servil, por eso es que la mayoría de los militares se han rebelado contra eso. Hay más de 800 militares presos, entre ellos altos oficiales. Los han acusado de ‘conspiración' y ‘traición a la patria'.

HAY MUCHOS QUE SE HAN REBELADO. Y CÓMO MATARON A ESE MUCHACHO…

Sí, a Oscar Pérez. Pero hay un militar que es del batallón Ayala, Juan Carlos Caguaripano, que lo torturaron. Fue tal la tortura, que le desprendieron los testículos. Él está incomunicado.

¿QUÉ SABE USTED DEL CARTEL DE LOS SOLES?… ¿EN QUÉ CONSISTE?

Se le da el nombre porque la jerarquía de los militares es por soles. Este cartel involucra a muchos generales. En Venezuela, como cosa planificada, ocurre que, por ejemplo, sobrevuelan aeronaves cargadas de cocaína y no son detectadas, porque en ese momento apagan los radares. Ahora seguramente los radares permanecerán apagados. Esto no es algo nuevo, pues Venezuela es un país de tránsito de drogas, e indudablemente eso ocurre por lo sucia que es la seguridad de Estado, y sus generales permiten que eso suceda.

O SEA, ¿ELLOS SON CÓMPLICES?

Son cómplices y Maduro también lo es. Por ejemplo, ocurrió un evento: Se cayó una avioneta cargada de droga. Afortunadamente, uno de los fiscales de droga pudo apersonarse al lugar del suceso y aprehender todos los teléfonos. Esos teléfonos eran satelitales y nosotros bajamos toda la información, porque teníamos laboratorios en el Ministerio Público. Bajamos toda la información y allí vimos las coordenadas de las pistas clandestinas. Esas coordenadas se las entregué a Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa, y le dije: ‘estás son las pistas clandestinas. Este es el lugar donde están. Aquí están las coordenadas para que las destruyas'. Nunca las destruyó.

¿HASTA CUÁNDO PIENSA USTED QUE PUEDA DURAR TODO ESTO?

Yo deseo que sea hasta hoy, que hoy se caiga Maduro. Hay una situación de precariedad en Venezuela, no hay alimentos, no hay medicinas, los centros asistenciales no ofertan ninguna garantía para la salud de los venezolanos, la mayoría de los profesionales han abandonado el país. Tenemos una situación difícil, no hay dinero, la industria petrolera está desmantelada y la producción petrolera ha bajado. La inflación es una de las más altas del mundo. No hay inversión; todo es un desastre. Ellos están atrincherados en Venezuela y la situación que se vive puede implosionar de un momento a otro.

Nuestra gente migra por necesidad, porque tiene hambre y no tiene qué comer… no porque quiere irse, pues todos amamos nuestra Venezuela.

La circunstancia que vive Venezuela ha sido comparable con lo que vivieron los judíos en la Alemania nazi, ¿sabías?

¡Sí! Porque quieren el exterminio de la población. No solamente es que ‘quiero que te vayas', sino que ‘quiero destruirte donde quiera que estés', no importa que estés en otro país, allí ‘quiero que estés indocumentado, sin dinero, sin poderte comunicar', o sea, ‘para que te mueras'. Es una perversidad, un odio con la población. Yo no sé si usted oyó lo que declaró la presidenta de la ilegítima Asamblea Constituyente y que ahora es vicepresidenta del país, que dijo que su venganza es contra el pueblo, ‘la revolución es nuestra venganza personal'… así dijo. No entiendo las razones por las que le tienen tanto odio hacia la población.

¿ESTARÁN ELLOS CONSCIENTES DE SUS ACTOS?

Por supuesto que lo están… lo que sucede es que tienen una perversidad sin límites. Ninguna institución funciona, pero aparte de eso, hay una anarquía absoluta, no hay cumplimiento de la ley.

¿USTED NO TIENE MIEDO?

No. Por eso estoy, lejos de mi patria, haciendo lo que me corresponde. He tenido que salir con toda, absolutamente toda mi familia.

¿VALDRÁ LA PENA SU ESFUERZO?

Hemos hecho mucho. Nosotros hemos solicitado a los diferentes países congelación de cuentas. En Brasil hemos solicitado que actúen respecto a los venezolanos involucrados en el caso Odebrecht, porque no solo está Maduro, sino que también están Diosdado Cabello, Gustavo Gonzáles López, que es actualmente el jefe de la policía política, y quien es el primer violador de los Derechos Humanos en Venezuela, después de Maduro.

OTRO TÍTULOS

Tiene un doctorado en Derecho Constitucional, maestría en Educación Superior, cuatro posgrados en diversas ramas del Derecho y tres diplomados.

Nombre completo: Luisa Ortega Díaz

Edad: 60 años

Lugar de nacimiento: Valle de la Pascua, Corazón de Venezuela

Ocupación: Fiscal General legítima de Venezuela

Cónyuge: El diputado Germán Ferrer, con quien tiene cuatro hijos

Resumen de su carrera: Abogada egresada de la prestigiosa Universidad de Carabobo. Inició su carrera laboral en una firma de abogados. Cuando se gradúo de abogada ya contaba con su oficina, desde donde se dedicó al libre ejercicio por varios años. Después ingresó al Ministerio Público como fiscal investigadora, uno de los rangos más bajos en la investigación. Posteriormente, se desempeñó como fiscal nacional. Después fue designada como fiscal general, cargo que ocupó por ocho años.