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24 de Ene de 2022

Nacional

Demandarán por "inconstitucional" ley que permite a la Corte investigar faltas administrativas de funcionarios de alto perfil.

La Ley 258 fue sancionada por el presidente Laurentino Cortizo y promulgada en la Gaceta Oficial 29424-C del viernes 26 de noviembre

Cedeño
Para el abogado Cedeño lo que busca esta ley es tratar de debilitar la rendición de cuentas por parte de funcionarios de alto perfil.Archivo/La Estrella de Panamá

El abogado Ernesto Cedeño demandará este martes "por inconstitucional", la Ley 258 que revive artículos del Código Judicial que le endosa responsabilidades al pleno de le Corte Suprema de Justicias para investigar faltas administrativas de funcionarios de alto perfil.

La Ley 258 fue sancionada por el presidente Laurentino Cortizo Cohen y promulgada en la Gaceta Oficial 29424-C del viernes 26 de noviembre, y en ella se restablece la vigencia del literal "b", numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial, que establece que una de las funciones privativas del Pleno de la Corte es atender las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los ministros de Estado, el procurador General de la Nación, el procurador de la Administración, los miembros de la Asamblea Nacional, el contralor General de la República y los magistrados del Tribunal Electoral, o cometidos en cualquier época por persona que al tiempo de su juzgamiento ejerza alguno de los cargos mencionados en este literal.

El documento fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 29 de octubre, y fue presentado e impulsado por el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Roberto Ábrego.

Para el abogado Cedeño esta ley tiene visos de inconstitucionalidad por dos puntos: El primero dijo, porque la Constitución no le da esa facultad a la Corte Suprema de Justicia para investigar faltas y dos, porque extermina el artículo 220 de la Constitución que permite que el Ministerio Público investigue faltas administrativas con el hecho de que puede vigilar la conducta oficial de los funcionarios.

"Considero que lo que busca esta ley es tratar de debilitar la rendición de cuentas por parte de personas de alto perfil y eso tiene que acabar. Es lamentable que esta ley haya salido a la luz jurídica, pero tenemos que fortalecer las funciones que tiene por Constitución el Ministerio Público para exigir rendición de cuentas a personas de el alto perfil", precisó.