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23 de Ene de 2022

Nacional

Continúan los rechazos a la modificación de la ley de medidas tributarias

El Fedap como el CNA manifestaron que la Ley es un “grave atentado” en contra del ejercicio de la libre profesión

Publio De Gracia
Este martes, el director de la DGI, Publio De Gracia, sostuvo una reunión con varios representantes de grupos de profesionalesPublio De Gracia

Tras la promulgación de la Ley 256 que modifica artículos de la Ley 76 de 1976, sobre medidas tributarias, muchos han sido los gremios que han mostrado su rechazo.

Entre esos se encuentra la Asociaciones de Profesionales de Panamá (Fedap), el Colegio Nacional de Abogados (CNA) y la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal).

Juan Carlos Araúz, presidente del CNA, expresó a La Estrella de Panamá que el principal error fue incluir a los profesionales en una normativa que tiene otras finalidades, ya que la naturaleza de la actividad profesional esta diferenciada y su protección Constitucional remarca que su tratamiento debe ser distinto.

El común denominador de los tres grupos se centra en que la ley no fue consultada con los gremios de las profesiones del país, que son los que están contemplados en la ley. “Fue aprobada de manera inconsulta y expedita”, dijo Comenenal, en un comunicado.

El Fedap como el CNA manifestaron que la Ley 256 es un “grave atentado” en contra del ejercicio de la libre profesión, contemplado en el artículo 40 de la Constitución, por lo que han decidido “rechazar en forma libre y categóricamente dicha norma, convocar y movilizar a todos los profesionales y tomar las acciones legales pertinentes”.

Entre las principales críticas que hacen ambos grupos a la Ley 256 se da en torno a la confidencialidad de los datos clientes y abogados, ya que con el cambio a una facturación electrónica podría darse una revelación instantánea. También les preocupa las sanciones que se plantean y que puede llevar al cierre del negocio.

Comenenal comentó, por su parte, que por los tiempos de pandemia que se vive, la ley es draconiana en los montos de multas, cuando todo cambio acarrea errores involuntarios producto de nuevas normativas que no han sido las usuales hasta ahora. Sobre esto describió, que:

  • Las multas en los primeros años no deben sobrepasar los $10 a $20 de manera inicial y no más de $50 a $100 la reincidencia.
  • El cierre de los establecimientos no debe contemplar en los primeros 3 o 5 años.
  • Luego de 3 o 5 años podrían endurecer las multas.

Otro punto tocado, según los médicos, es que no se define el monto del equipo a adquirir.

  • Si bien habla de $1000.00 para el proceso de homologación de equipos fiscales por cada marca y modelo, no especifica el precio final al consumidor, en este caso tributador.
  • No especifica en que consiste el “facturador gratuito del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá”, que se menciona en el artículo 1 de la presente ley 256.

El Fedap y el CNA denuncian al gobierno de tratar de imponer los tributos en forma injusta a los profesionales del país, “cuando lo que deben hacer es, ser más estrictos, con los segmentos que están llamados, aportar más a la recaudación, a que paguen impuesto, cónsonos con sus verdaderas entradas y no perseguir a los profesionales, que están tratando de subsistir”.

Comenenal, coincidió con el Fedap y el CNA, manifestó que antes de pretender cargar la tributación una vez más a la capa media primero se debe estructurar todo el sistema tributario, por lo que recomienda la implementación de impuestos Flat para todos los panameños, desde el ingreso anual de un centavo, pero además instaurar el impuesto a la riqueza, luego eliminar y perseguir la evasión y la elusión fiscal a todos los niveles.

“Sólo luego de esta reforma justa entonces podríamos hablar de equipos fiscales autorizados o del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP)”, señalaron los médicos.

Reunión

Este martes, el director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, sostuvo una reunión con representantes de diversos sectores de los profesionales del país, en la sede del CNA.

A través de una nota de empresa enviada a este medio, se detalló que en el encuentro, De Gracia recordó a los abogados que la obligación de documentar y facturar existe desde la década de 1970 y el cambio impulsado busca que los profesionales puedan aprovechar, sin ningún costo, el facturador electrónico gratuito para aquellos que generen menos de 200 facturas por mes e ingresos por un millón de balboas anuales.

Ante las críticas y disconformidad por las modificaciones en la ley, el director de la DGI se comprometió a comunicar tales opiniones al ministro Héctor Alexander para crear los espacios necesarios para la didáctica de su uso, disipar dudas, y también abiertos a impulsar cualquier modificación que pueda mejorar la ley vigente.

Este jueves, la DGI recibirá a los líderes de las diferentes asociaciones de contadores y de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), como ya lo han hecho con los usuarios de la Zona Libre de Colón y con representantes de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).

 

“La factura electrónica es el método de facturación que se está extendiendo en todas las sociedades y que sirve para documentar y facturar de una mejor manera, no solo para una fiscalización de la administración tributaria, sino también para una mejor organización de los obligados a facturar”, expresó la DGI en la nota. 

La DGI del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante la Ley 256 modificó artículos de la Ley 76 de 1976, sobre medidas tributarias, con el objetivo de combatir la evasión fiscal, a través del SFEP, un sistema que regirá a partir de enero de 2022.

La Ley 256 reitera la obligatoriedad en la expedición de factura o de documento equivalente para acreditar toda operación relativa a la transferencia, venta de bienes y prestación de servicios por parte de las personas residentes en el territorio panameño.

El SFEP dispone de dos alternativas: la primera, el facturador gratuito enfocado a los emprendedores o empresas que tengan ingresos brutos de hasta $1 millón y un volumen de facturación de hasta 200 facturas mensuales. La segunda alternativa, es a través de los Proveedores de Autorización Calificados (PAC), principalmente enfocado para aquellas empresas que requieran integraciones en sus sistemas contables.