Concluye la audiencia preliminar del caso Odebrecht; juez se acoge al término de lay para calificar el sumario

La jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales se acogió al término de la ley para calificar lo presentado en la audiencia preliminar del caso Odebrecht y tomar una decisión si llama a juicio a 49 personas, entre ellos dos expresidentes de la República.

La jornada de este miércoles estuvo conformada por los dos últimos alegatos de la defensa del exministro de Economía Frank De Lima y el exdiputado Jorge Alberto Rosas.

Tanto la abogada Dinoska Montalvo y Juan Carlos Rodríguez coincidieron en que el Ministerio Público (MP), a través de la vista fiscal, no ha acreditado la comisión de conductas delictivas, algunas ni mucho menos algún tipo de vinculación con relación al delito de blanqueos de capitales y corrupción de servidores público, por lo tanto, solicitaron a la jueza un sobreseimiento definitivo y levantamiento de los cargos.

Frank De Lima está imputado por el delito de blanqueo de capitales y de corrupción de servidores públicos. Mientras que Jorge Alberto Rosas es investigado por su vinculación al pago de sobornos a funcionarios para hacerse de proyectos de infraestructuras en el país.

Montalvo dijo que es falso que el exministro de Economía durante el 2011 al 2014 adjudicó contratos con sobrecostos en perjuicio del Estado para pagarle a Odebrecht, ya que el Ministerio de Economía y Finanza (MEF) no adjudica contrato salvo que sea un contrato que pertenezca y tenga que ver con esa institución.

Puntualizó que su cliente no fue el único ministro del MEF que estuvo durante el periodo 2011 al 2014. Mencionó que "si la teoría del MP es cierta y Frank De Lima tiene algún tipo de licitud o alguna vinculación para hablar de un posible delito de corrupción de servidores públicos, aquí no se tendría que tener a un solo ministro de Estado, sino dos". 

"No se puede partir el tiempo, no se puede sacar con pinza a quién sí o quién no y someterlo a un proceso penal porque ambos tendrían responsabilidad, pero en esta sala no veo a otro ministro solo el que ha sido investigado en todos los casos del MP”, defendió Montalvo, al tiempo que sostuvo que durante el proceso de indagatoria, Frank De Lima constató al MP que la mayoría de los contratos que fueron asignados a Odebrecht fueron adjudicados en una gestión donde ya no era ministro del MEF.

Montalvo criticó que si se habla de delitos de blanqueo de capitales por qué no están los bancos, tomando en cuenta que en este caso habla de cifras multimillonarias y de sobornos que se dieron desde Brasil, así como de diferentes países, incluyendo a Panamá, donde Odebrecht tenía gente con quien hacer ese trabajo y la capacidad de involucrar a altos ejecutivo de bancos.

“Aquí en Panamá se ha querido decir que fueron funcionarios, empresas y panameños los que estaban dentro de una estructura criminal de blanqueo de capitales, pero ¿Por qué se hizo así?, ¿Por qué se hizo de esa manera? o ¿Por qué no golpear los que eran los responsables y que se pasearon durante toda la investigación?” se preguntó la abogada. “Será porque era el sistema financiero y no podían llevar el daño colateral, pero ahí estaban y los vimos todo el tiempo”, añadió.

La defensa de Frank De Lima explicó que el MP lo vinculó al blanqueo de capitales por una serie de testimonios recopilados de los testaferros Olmedo Méndez y Jorge Luis Saíz.

Planteó que ambos testigos estaban en detención preventiva en su primer encuentro con el MP donde, en ese momento, ninguno relacionó a Frank De Lima con las empresas a las que se le responsabiliza de recibir fondos ilícitos, una acción que repitieron en otra indagatoria. No obstante,  en una ampliación de la indagatoria que hizo el MP y  cuando surge el nombre de Frank De Lima.

“Durante el 2014 y 2019 pasamos por un linchamiento mediático y no se daban investigaciones objetivas. El equipo del MP de hoy tiene una vista fiscal que no trabajaron. Aquí deberían estar dando la cara la fiscal Tania Sterling y Zuleyka Moore, que son las que entienden que fue lo que hicieron ellas con esta vista fiscal”, manifestó la abogada.

Finalizado el proceso de alegato de Montalvo, la jueza Baloisa Marquínes dio la corrida al MP para que respondiera a los incidentes presentados a lo largo de los argumentos de los abogados, durante los 13 días de audiencia preliminar.

La fiscal superior Ruth Morcillo inició indicando que los vinculados en este caso han sido llamados a juicio, más que por las pruebas que están en el proceso, sino porque “así lo ha querido o antojado a una fiscalía perseguidora y atracadora de derechos constitucionales y legales”.

Los comentarios generaron disgusto dentro de la sala, por lo que la juez solicitó silencio y reiteró a la fiscal que solo debe emitir su opinión en relación con las incidencias presentada por los abogados defensores en la etapa de alegatos en los 15 minutos que se le ha cedido.

Con el llamado de atención, Morcillo retomó la palabra diciendo que el principio de especialidad fue un tema tratado y superado por este tribunal, del cual ya se emitió auto donde se establece que no existe un principio de especialidad que ampare al expresidente Ricardo Martinelli.

Con relación a una nulidad planteada por los defensores de los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela que sostuvieron que por ser diputado del Parlacen solo debían ser investigados por la Corte Suprema de Justicia (CJS) y no por el MP, la fiscal indicó que la CSJ ha reiterado en dos fallos que no solo basta en que se mencione sino que haya en efecto actividad investigativa, algo que no se dio en este caso.

A lo mencionado por el abogado Alfredo Vallarino que alegó que puede haber una posible nulidad por el sistema "droisis" por no llevarse una cadena de custodia de forma correcta, la fiscal explicó que el Ministerio Público de Brasil lo mantuvo en su poder con el inicio de sus investigaciones y suscribió acuerdos de lenidad y lo traslada a Suiza para su custodia y por eso no tiene una cadena de custodia.

La Fiscalía expresó que hay excepción por doble juzgamiento que se pudo acreditar respecto a una imputada que ya había sido juzgada en Uruguay y otro por cambio de medida cautelar.

Al finalizar la audiencia, la fiscal Morcillo indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción está satisfecha por haber llevado este caso tan complejo, de 6 años de investigación, y que haya podido culminar con la audiencia preliminar, lo que va a permitir el llamamiento a juicio y la siguiente etapa que es la responsabilidad penal.

“Estamos confiados en la investigación sólida, con informes financieros y la trazabilidad de las cuentas que no pudieron ser desvirtuadas por la defensa”, concluyó la fiscal.