Inicia semana crucial para lograr acuerdo sobre contrato minero

Esta semana será crucial para que se concrete la firma de un acuerdo entre el Gobierno panameño y las empresas First Quantum y Minera Panamá, como primer paso para darle vida jurídica a la explotación minera de estas empresa en Panamá.

El pasado 15 de noviembre el Gobierno le dio un plazo a ambas empresas, para que antes de este jueves 14 de diciembre firmen el acuerdo alcanzado en enero pasado para la suscripción de un nuevo contrato para la mina de Cobre Panamá.

En tal sentido, el sector empresarial aglutinado en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), considero que "urge reconducir las negociaciones" entre el Estado y la empresa subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals Ltd., Minera Panamá, luego de que este 14 de diciembre la empresa debe firmar el acuerdo o en su defecto, la contraparte, el Gobierno de Panamá, procederá con medidas alternas para la operación de la mina de cobre.

De acuerdo con la presidenta de la CCIAP, Marcela Galindo, "cuando el Gobierno Nacional anunció en enero de 2022 la realización de un acuerdo con Minera Panamá, lo consideraron un hito importante para la República por tratarse de una actividad económica que representa una fuente significativa de riquezas para el país, al igual que para las cuarenta mil familias panameñas cuyo sustento diario depende de esta actividad".

No obstante, destacó que casi un año después, ven con preocupación el giro errático que han tomado las negociaciones necesarias para formalizar dicho acuerdo; poniendo de un lado al Estado panameño, quien busca obtener los ingresos justos que le corresponden por su recurso mineral; y del otro a una empresa extranjera que, hace una década, vio a Panamá como un puerto seguro para invertir, realizando la mayor inversión extranjera privada en la historia del país".

"Entendiendo que las negociaciones han sido complejas, los últimos comunicados del Gobierno Nacional nos dejan con más preguntas que respuestas sobre el futuro del proyecto, y las consecuencias tanto económicas como reputacionales que podría afrontar el país en caso de cumplirse la fecha límite sin haber llegado a un acuerdo", sostuvo Galindo.

En tal sentido, la CCIAP hizo un llamado urgente a las partes para reconducir la negociación, enfocándose en fórmulas ganar–ganar, a través de las cuales se logre un balance justo que reconozca al Estado lo merecido, y a la empresa un beneficio que tome en cuenta las condiciones y los riesgos asociados a la actividad que desarrolla.

Advierten que, de lo contrario, el país corre el riesgo de aniquilar una actividad que representa 3.5% del PIB de Panamá; estando en juego no solo la inversión que el propio Estado promovió, sino el futuro de una actividad económica que, bien desarrollada, puede ser instrumental para los panameños, enfatizó Galindo.

Al respecto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, indicó que por las dimensiones del contrato y lo controvertida de la relación luego de la declaratoria de inconstitucionalidad del primer contrato Ley, se hace necesario que exista mayor comunicación a la ciudadanía sobre las posibilidades de concretarse o no un acuerdo en los términos proyectados por el gobierno.

"Deben ser decisiones con mucha responsabilidad y sobre todo, siempre con el interés nacional como verdadero objetivo", precisó.

El contrato de ley firmado en 1997, para operar la mina de cerro Petaquilla, ubicado en Donoso, provincia de Colón fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, no obstante, la empresa ha seguido operando y empezó con la exportación de concentrado de cobre en 2019.

El gobierno de Laurentino Cortizo comenzó a negociar el nuevo contrato ley en septiembre de 2021, y en enero pasado anunció un acuerdo con Minera Panamá que incluía elevar de 2% a entre 12% y 16% las regalías y la garantía de un aporte anual mínimo al Estado de $375 millones.

El aporte sería “10 veces más” de lo que ha aportado la empresa anteriormente, entre otros.

Dentro del anuncio hecho en ese momento por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, los aportes de la mina serían destinados a financiar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social. A partir de este año, el 50% de los ingresos mínimos anuales, alrededor de unos $190 millones serían destinados al programa de pensiones del país.