A propósito del presupuesto público

El presupuesto del Estado pretende gestionar el flujo de ingresos y de gastos con el que contará el gobierno, y cuya suma asciende a más de 34000 millones de dólares para la vigencia fiscal 2026 (cifra que dobla la estimada en ciertos países de la región). No obstante, el éxito de su gestión puede malograrse habida cuenta de las deficiencias, que para el año en curso, ya se revelan con la baja ejecución, lo que seguramente reflejan las irregularidades en los demás procesos que conforman la planificación y organización presupuestaria. Estas deficiencias vienen dadas por factores que incluyen desde lo técnico-administrativo hasta lo político-estructural.

Ciertamente, que afrontar esta situación exige considerar, de forma mucho más exigente, la aplicación de algunos principios metodológicos vinculados a estos aspectos planificadores. Recordamos: el ejercicio presupuestario no se puede concebir sin un diagnóstico con gran apego a las novedades científicas, de tal suerte, que permita el examen objetivo de la mayor gama posible de eventos que gravitan dentro y fuera del país y que determinarán el éxito de la gestión presupuestaria, muy particularmente, evitando, las persistentes sobreestimaciones de ingresos y costos de las obras, y con ello, la posterior ausencia de las partidas de gasto y el incumplimiento de ciertas metas.

En aras de esta mayor objetividad, iniciamos señalando que el monto de lo asignado habría de determinarse sobre el valor de los ingresos públicos totales (dinero con el que contará el Estado), y no así, con el valor del PIB, que como muchos otros indicadores, es una referencia en el análisis macroeconómico, pero que se está prestando para sobredimensionar la realidad.

El valor de este producto, en gran medida, pertenece a otros agentes económicos, y por ende, el gobierno no puede contar con ello. En adición es esto, si bien es cierto que los ingresos y gastos presupuestados están estrechamente relacionados con el comportamiento de la actividad económica interna, muy en especial, la del Canal de Panamá, Centro bancario, Zona Libre de Colón, hub portuario y aéreo, etc. también es cierto, que están fuertemente subordinadas a la suerte de muchos factores externos, a saber: estabilidad económica global, solidez de los mercados financieros y de capitales, calificación de riesgo, perturbaciones geopolíticas, entre muchas otras, sobre los cuales no tenemos control y que eventualmente frustran la consecución de lo presupuestado.

Por otro lado, vale considerar que un aumento del PIB no necesariamente le garantiza al gobierno un aumento real, dólar por dólar, de las recaudaciones, toda vez, que el valor de éste, dado en términos nominales, sugiere mayor flujo de dinero, pero con menor poder adquisitivo, lo que haría que dicha suma recaudada no se cristalice realmente en una mayor ejecución de obras. Esto último, se verá mayormente afectado por la marcada desigualdad que impera es este país, al distribuir, entre hogares y empresas, el ingreso que se deriva del aumento del PIB, permitiendo que el ingreso promedio no supere la curva de la exención fiscal, y con ello, el correspondiente menoscabo al aporte tributario.

En este orden de ideas, es de capital importancia destacar que la poca eficiencia de los procesos de recaudación que está permitiendo una evasión por arriba del 56 % en el comercio, y otro tanto, en grandes empresas que facturan parcialmente sus transacciones, dice mucho sobre una administración poca comprometida con el respeto a la responsabilidad tributaria.

Frente a ello se precisa modernizar, igualmente, los procesos de recaudación, desburocratizando sus trámites, robusteciendo la fiscalización, mediante la conciliación de las transacciones, dando al traste con la complicidad vendedor-consumidor que no permite el cumplimiento con la facturación fiscal, enfatizando en la certeza del castigo, y por qué no, generando cambios en el régimen de tributación que sigue siendo muy laxo, tanto en su configuración como en su aplicación.

Indudablemente, hay que prestarle especial atención a la revisión integral de los gastos, entre ellos, los de las jubilaciones especiales, aumentos salariales automáticos, subsidios, dietas y regalías que no terminan de justificarse. Todo ello elevaría la carga tributaria, con lo que se disminuiría el déficit fiscal, al tiempo que también llevaría a la población, a cierto sacrificio, pero que sería minimizado en la medida que la asignación de los fondos se practique con los más altos estándares de transparencia y control.

Estos hechos contribuirían enormemente a una distribución sectorial de los recursos, no tanto en función de la importancia de los proyectos sino por lo prioridad de éstos, lo que es lo mismo, por la magnitud del impacto social, medido al margen de los intereses de los grupos tradicionales. Mejorar la eficiencia de estos procesos , más que lo dicho, requiere voluntad política.