26 de Feb de 2020

Redacción Digital La Estrella

Columnistas

Cámaras de video y el 9-1-1

En el 2006, se nos propuso que apoyáramos la implementación del sistema 9-1-1 con la Teletón 20-30, el cual permitiría más seguridad, vi...

En el 2006, se nos propuso que apoyáramos la implementación del sistema 9-1-1 con la Teletón 20-30, el cual permitiría más seguridad, vigilancia y la disponibilidad de un servicio de emergencias médicas por llamadas en las ciudades principales. Hoy, casi dos años después, sólo están funcionando unas cámaras de video vigilancias en algunos corregimientos de la capital y el descuento directo mensual en las facturaciones de los teléfonos comerciales y los servicios de Internet, sin que sepamos a dónde va a parar ese dinero, porque el sistema 9-1-1 de llamadas no es operativo en la actualidad, y aunque llegaron hace varios meses las ambulancias del programa, no se están utilizando.

Cuando en mayo de 2007 llegaron las primeras 25 cámaras de video que se instalaron sólo en Bella Vista, se nos dijo que el sistema iba a crecer hasta con 300 cámaras más, que incluirían la Zona Libre de Colón, pero, en octubre de 2007, el Órgano Ejecutivo, con la Policía Nacional, inauguró el sistema de “video vigilancia ciudadana”, a un costo de más de $7 millones, con 239 cámaras instaladas en Pueblo Nuevo, Parque Lefevre, Bethania, San Francisco, Chorrillo, San Felipe y Calidonia y ahora, por un costo de 8.3 millones, se aprobó la adquisición de 215 cámaras mas sólo para la capital. Con estos números, llama la atención que en la compra de 20 cámaras menos, el costo ahora se aumenta en $1 millón y el proyecto 9-1-1 no termina de despegar ni siquiera en la capital, con el descrédito que la violencia aumenta a niveles alarmantes.

Creemos que es importante que ante este tipo de inversiones —que ya llegan a los $20 millones— el gobierno y las instituciones sociales o privadas involucradas, hagan un informe de este proyecto, que siempre ha representado una esperanza de vida, pero que cada día son más cuestionables los montos recaudados vs los insumos adquiridos, con un plan de ejecución modificable por cuestiones políticas y no técnicas y porque en el país en más de 2 años, no está representando una solución de los problemas que se plantearon.