¿Qué debemos hacer?

Siguiendo la línea de pensamiento del artículo “El Espíritu de las Leyes” publicado el 21 del presente, aportaré mis ideas, no sin antes pedir perdón por el arresto insólito de asociar mi pensamiento al de uno de los hombres más geniales que en este campo nos ha dado la humanidad, el Conde de Montesquieu.

A vuelta de ésta consideración apunto.

En las últimas décadas se ha abierto paso irreversible el Tribunal Electoral. En este estudio, lo elevaría a Órgano Electoral, pero desde luego con más funciones, pues dicho órgano del Estado no debe seguir con la única función de aprobador o no cuanto se le presente. Si bien es cierto que el Órgano Legislativo es el vocero del pueblo, también en materia eleccionaria su representante real y efectivo es el Tribunal Electoral, razón para elevarlo a la categoría de Órgano Electoral.

Primero: Este nuevo órgano, como los otros tres, debe funcionar separadamente, pero en armónica colaboración. Esa independencia debe ser constitucional y económica. Segundo: Debe contar con un presupuesto propio, el que al ser presentado a la Asamblea recibirá el mismo trato que los otros tres y no estaría supeditado al Ejecutivo con una convocatoria anual reglamentaria, y otra de excepción por urgencia Nacional. Tercero: El presupuesto variaría porcentualmente, dependiendo de las convocatorias que se den.

La más importante de las innovaciones sería la capacidad de convocarse por sí mismo, por situaciones que pudieran surgir en su seno.

En esta reforma se podrían agregar figuras tales como el veto popular a leyes aprobadas, pero rechazada por el pueblo, ley que quedaría en suspenso hasta después de la consulta, para determinar si se deroga o se mantiene. Esta figura del veto erradicaría las protestas en virtud de que la ley en conflicto quedaría en suspenso. Otra sería convertir en ley de la República los programas que pudieran surgir durante las campañas electorales: El programa del candidato triunfante, por mandato del Soberano, se convertiría en Ley de la República de impositivo cumplimiento, con una obligatoriedad de entre el 70 y 85 por ciento. Esta norma haría creíbles las promesas por parte del Soberano y parcas por parte de los candidatos al prometer.

Leyes directas: Panamá no es un país de ignorantes, de allí que también podría surgir la figura de la ley directa. Esta figura nacería en el seno del Soberano por circunstancias en que el gobierno haya dado la espalda al querer ciudadano. Allí los notables estructurarían la ley que, discutida y consensuada, finalmente se sometería a la voluntad ciudadana.

Mucho se podría avanzar hacia una verdadera Democracia si el Soberano recupera su verdadera razón de ser, porque vota y nada más.

*Empresario.juramor777@hotmail.com