Iniciativa positiva

Consideramos positiva la iniciativa del presidente de la CSJ, José Ayú Prado, que en su viaje que realizará en los próximos días a EE. UU., a fin de tratar asuntos relacionados con la Justicia panameña, solicitará ayuda económica a ese país, para implementar el Proceso Acusatorio en Panamá, el cual no se ha puesto en vigencia por falta de presupuesto.

El proceso acusatorio generará resolver el problema fundamental de la administración de justicia en nuestro medio, que consiste en la mora judicial, o sea la excesiva demora en el trámite de los expedientes por parte de los jueces y tribunales de justicia en la jurisdicción penal.

El proceso acusatorio agilizará los demorados y engorrosos tiempos que duran los trámites en proceso estableciendo, entre otras cosas, la implementación de las alternativas de solución de conflictos, propiciando que los fallos penales no sean tan demorados como ocurre hoy.

Esto llenaría una vieja expectativa de la sociedad panameña de que la justicia no sea tardía. Lo cual, además, permitirá que se resuelva el problema del hacinamiento en nuestras cárceles.

La puesta en marcha de estas alternativas de solución de conflictos, como lo son la mediación, conciliación, transacción, propiciará que de una manera expedita se tome la decisión o el fallo de los casos en materia penal.

Igualmente con la implementación de este nuevo proceso se van a disminuir las detenciones preventivas decretadas por los fiscales, por cuanto se introduce un juez de garantías, quien tendrá la competencia de aprobar o no la detención preventiva decretada unilateralmente, sin tener que contar con la aprobación de ningún otro funcionario.

En el proceso actual se genera la violación de los derechos humanos en múltiples casos, en donde la persona es detenida preventivamente por decisión de un fiscal, permanece años detenida en la cárcel y cuando se le juzga se le exime de toda responsabilidad, se le declara inocente por parte del juez de la causa. Con el proceso acusatorio se puede resolver esta violación, pues se le quita el poder absoluto a los fiscales en materia de detención preventiva, pues, reiteramos, este debe ser corroborado por un juez de garantía para poder aplicarse.

ABOGADO