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25 de May de 2020

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Ariel Banqué Estrada

Columnistas

Nueva República: nuevo Pacto Social

No obstante, tal como decía Sieyes, ‘el poder constituyente (que es solo del pueblo), no está sometido de antemano a una Constitución dada’

Con mucho tino, tres de los siete presidenciables, para los comicios del pasado 4 de mayo, prohijaron entre sus propuestas la necesidad de una Constituyente en Panamá. Me refiero a los señores Juan Jované, Genaro López y Juan Carlos Varela, este último quien resultó electo para dirigir las políticas públicas del país durante el próximo quinquenio. En ese sentido reconozco mi simpatía hacia estos caballeros, por su encomiable deseo de propiciar la necesaria revolución política en Panamá, mediante un nuevo pacto social que nos encamine hacia un Estado más perfecto.

Sobre el pacto social sostenía Rousseau, que ‘así como el arquitecto, antes de construir un edificio, comienza por examinar y asentar el suelo, a fin de ver si puede sostenerlo, el sabio institutor no comienza por redactar leyes sabias por sí mismas, sino que antes analiza si el pueblo al cual las destina es capaz de soportarlas’, y yo añadiría que más que un análisis, también debe propulsar consultas, pues solo de ese modo podemos declarar que, en efecto, existe una real democracia amparada en la intervención del pueblo en las tomas de decisiones del gobierno, siempre que haya primacía del bien común.

Y hablando de iniciativas constitucionales, hay quienes dirán que el problema de la Constituyente Paralela propuesta por el presidente electo, es que se desconoce la autoridad del pueblo, que, conforme al artículo 2 de nuestra Constitución, es soberano y dueño del poder, el cual ejerce mediante sus comisarios, es decir los diputados y a través de sus oficiales, o sea aquellos que conducen el Poder Ejecutivo. Pero es que por disparate constitucional, los exiguos artículos 313 y 314 de nuestra mísera Constitución panameña, no reconocen en el Pueblo la facultad de incentivar reformas ni constituyentes en pro de la reingeniería estatal, por lo cual cualquier autoridad electa se ceñiría a la norma existente.

No obstante, tal como decía Sieyes, ‘el poder constituyente (que es solo del pueblo), no está sometido de antemano a una Constitución dada’, y al decir de Sáchica, es ‘... aquella energía que dispone autónoma y realmente la capacidad de decisión y normación para organizar un Estado’; lo que es decir, que el pueblo panameño, a pesar de no contar con un sustento constitucional concreto en cuanto a reformas constitucionales se refiere, está por encima de todos los poderes del Estado y por consiguiente, es quien tiene la capacidad para todo respecto, y en este caso para la reestructuración del Estado, mediante el desarrollo de una Constituyente nacida en sus entrañas y no de las entrañas del conglomerado de colectivos políticos de Panamá.

De modo que, como sociedad, podamos asegurarnos, en nuestra nueva Constitución, facultades para incitar reformas constitucionales; además, capacitarnos para realizar a la postre las convocatorias necesarias para crear íntegramente nuestras constituciones, y restarle a nuestros comisarios, una facultad que es única y exclusiva de nosotros como pueblo y que no se vea como un golpe de Estado. Además, debemos garantizar en nuestra próxima carta magna que se anulen las disposiciones legislativas y todo acto de poder que perturben o disminuyan las garantías constitucionales de la ciudadanía, y que recaigan responsabilidades civiles, penales y administrativas sobre los funcionarios y funcionarias que los ejecuten.

Debemos asegurar a nivel constitucional que el Estado indemnice a las víctimas de las vejaciones que les sean imputables; y que anualmente rindan cuenta de todos sus actos los funcionarios públicos sean electos o de libre nombramiento o remoción; que haya constantes consulta popular mediante referéndum; que el poder directo de revocar mandados sea exclusivamente de los ciudadanos; que la ciudadanía tenga iniciativa legislativa; y que entre otras cosas, la educación en Derechos Humanos y Derecho Ambiental, sea impartida en todos los niveles de la vida escolar.

Estamos seguros de la necesidad de refundar la República mediante un nuevo Pacto Social, aunque no sabemos al final qué adjetivo llevará el proceso de reestructuración constitucional, si originario o paralelo, lo que más nos importa es que se hagan las cosas de manera correcta, y que al final la sociedad no sea burlada al grado que más adelante tengamos que seguir escuchando a ciudadanos exclamar, cada vez que se hablen de temas de interés nacional: ‘Y a mí qué me importa’.

ABOGADO