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24 de Oct de 2020

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Genaro López

Columnistas

Impunidad y crisis institucional

Es necesario reconocer que a la partidocracia no les interesa establecer mecanismos adecuados de exigencia de responsabilidades o de rendición de cuentas.

No es posible negar que hoy existe un extendido sentimiento de que nuestras instituciones fundamentales no cumplen adecuadamente los fines para los que han sido diseñadas; que han sido contaminadas por intereses particulares muy alejados, cuando no directamente enfrentados, con interés general al que teóricamente deben servir. No se trata simplemente de que de manera puntual y aislada, como puede resultar casi inevitable, se detecte algún caso de mala práctica, sino corrupción galopante.

La reacción ante un fenómeno semejante excede claramente del consabido ámbito legal, el problema es mucho más profundo. El manifiesto alejamiento de muchas instituciones respecto de su sagrado fin de servicio público, solo puede encontrar su causa en una generalizada percepción de impunidad por parte de los sujetos encargados de dirigirlas.

Ésta es la verdadera causa de corrupción: una en la que las autoridades no solo no frenan la corrupción, sino que utilizan la institucionalidad de coartada y de disfraz a la pretensión de ser juez y árbitro de la propia podredumbre.

Es necesario reconocer que a la partidocracia no les interesa establecer mecanismos adecuados de exigencia de responsabilidades o de rendición de cuentas. Hoy, quienes en campaña electoral hablaron de transparencia, se niegan a declarar su patrimonio (Dulcidio de la Guardia del MEF; Marcela Paredes del MEDUCA; Jorge Arango del MIDA; Milton Henríquez del MIGOB; Álvaro Alemán de la Presidencia).

Igualmente Martinelli corre al Parlacen, a la que tildó de ‘cueva de ladrones’, a refugiarse. Como colofón a su repudiable gestión, al igual que sus antecesores, otorgó indultos que favorecieron, entre otros, a reconocidos delincuentes, copartidarios, altos funcionarios de su gobierno, policías asesinos, abusadores y violadores de los derechos humanos.

Uno de los primeros actos del nuevo presidente, Juan Carlos Varela, debió ser desconocer estos descabellados indultos. Pero no ha sido así. Por el contrario, siguiendo instrucciones de Washington, se han mantenido en Senafront y otros estamentos a elementos abusadores y violadores de los derechos humanos, incluido el nuevo jefe policial, un militar de carrera.

Estamos ante una grave crisis institucional. El 20 % de las curules de la Asamblea Nacional sigue vacante. Este hecho no se producía desde 1990, tras la invasión norteamericana y el gran fraude cometido por los militares y el Tribunal Electoral en 1989. Además de ello, municipios y juntas comunales en todo el país se encuentran en acefalía.

La situación planteada es prueba irrefutable de las graves irregularidades y las prácticas fraudulentas que se cometieron en las elecciones del 4 de mayo, no solo por los partidos oficialistas (CD y Molirena) sino también por los llamados partidos de oposición, entiéndase, PRD, Panameñista y Popular. Es el resultado del más vergonzoso clientelismo político.

En un país donde comunidades tienen meses y hasta años sin agua potable y que a diario salen a las calles a protestar, cientos de millones de balboas del Programa de Ayuda Nacional (PAN) (más de 800) fueron a parar a los bolsillos de los diputados de todos los partidos, tanto de gobierno como de ‘oposición’. Ni hablemos de los recursos aportados por los llamados círculos cero, fundaciones locales y extranjeras, los empresarios y las donaciones de fuentes de dudosa procedencia.

Estamos así ante una grave crisis del sistema, que, no solo tolera estas prácticas delincuenciales, sino que las promueve, mientras pone a andar la gran maquinaria institucional, publicitaria y de medios de comunicación para manipular a la opinión pública. Por eso es que se oculta la verdadera dimensión de la crisis que vivimos, mientras los medios, como en el pasado, se hayan más interesados en sembrar falsas expectativas sobre su gestión.

Por ello volvemos a insistir hoy, como lo hicimos en la campaña electoral, la urgente necesidad de una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes para barrer de una vez por todas con las podridas, corrompidas y caducas estructuras sobre las que se erige este injusto sistema antidemocrático.

SINDICALISTA