24 de Feb de 2020

Rafael Solano

Columnistas

Venta al detal

Concluimos que el cierre que por ley quiere ponerse en vigencia en el área segregada de la ZLC,  puede generar problemas de desempleo y cierre de empresa.

De conformidad con informaciones, el gerente de la Zona Libre de Colón, Lurse Pierpoint, después de muchos años pretende aplicar la Ley que prohíbe la venta al detal de mercancías dentro del área segregada de la Zona Libre de Colón. Estamos completamente de acuerdo que desde el punto de vista legal el funcionamiento público, en este caso gente de la Zona Libre, debe cumplir con lo que mandata esta excepta Ley al cuanto a la prohibición de venta la Detal en la Zona Libre de Colón.

Nadie está por encima de la Ley y la misma debe aplicarse mientras dure su vigencia. Ahora bien, nos preguntamos: ¿Pierpoint ha hecho un estudio de cuántas empresas en la Zona Libre dependen de los beneficios económicos de la venta al detal? ¿Se ha estimado cuántos empleados pueden quedar sin trabajo por razón del cierre de las empresas ubicadas en el área segregada de la Zona Libre de Colón?

Todas estas preguntas deben ser contestadas y evaluadas, porque este cierre, aunque es legal, puede generar problemas tanto de cierre como de pérdidas de trabajo, eventos que deben ser tomados en cuenta por el Gobierno Nacional. Si se producen estos problemas sociales antes anotados, ¿qué alternativas podemos implementar para resolver o mitigar esta problemática? Hemos escuchado como una alternativa la implementación de la Ley Colón Puerto Libre, pero estamos ya preparados de manera inmediata para el desarrollo del Puerto Libre en la ciudad de Colón? Esta alternativa tomará tiempo para poder concretarse, por ello, esta alternativa es, por lo menos, a mediano plazo.

Concluimos que el cierre que por ley quiere ponerse en vigencia en el área segregada de la ZLC, más que beneficio y ventajas para la población colonense, puede generar problemas de desempleo y cierre de empresa. Es por ello que algunos filósofos han afirmado que la ley no siempre es justa y beneficiosa, precisamente lo que está ocurriendo con la medida legal que se quiere aplicar.

Creo oportuno que el Gobierno atienda los efectos negativos que puede generar la puesta en vigencia de la citada Ley, antes de tomar una decisión final al respecto, pues de no ser así se pudieran producir presión sociales por parte de las personas afectadas, lo cual perjudicaría la gobernabilidad de una administración que apenas inicia, lo cual sería lamentable. Insisto, es necesario ver las dos caras de la moneda antes de tomar una decisión final.

ABOGADO