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04 de Dec de 2020

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Alma Montenegro de Fletcher

Columnistas

Importantes nombramientos son una oportunidad de oro

Todas las autoridades y directivos, están obligados a informar y rendir cuentas sobre los resultados de su gestión

Se supone que los funcionarios deben cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos que rigen la administración pública, cuyas funciones, mandatos y disposiciones aparecen claramente en la Constitución y las leyes.

Todas las autoridades y directivos, están obligados a informar y rendir cuentas sobre los resultados de su gestión y manejo de los fondos y bienes bajo su administración. Así mismo, deben someterse al escrutinio y evaluación del público.

En el manejo de los recursos, los funcionarios no pueden actuar discrecionalmente, de forma negligente o abstenerse de actuar o evadir responsabilidades con la excusa de controles administrativos ineficientes.

Por disposición constitucional, corresponde a la Contraloría General de la República fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos, asegurando su correcta administración.

A la Asamblea Nacional se le faculta como contrapeso la fiscalización de las actuaciones de los servidores públicos, que nombre o ratifique y a otros que se indican en el numeral 9 del artículo 161 cuando así lo decidan.

En los últimos años se ha evidenciado la falta de cumplimiento de estas dos instituciones y su reprochable conducta explica el desgreño administrativo, al que se enfrentan las nuevas autoridades.

Por ejemplo, la eliminación del control previo a varias entidades y el ineficaz control posterior permite el refrendo de millonarios contratos de obras y programas otorgados mediante concesiones directas, adquisición de equipos e insumos sobrevalorados, traspasos de partida a juntas comunales para fines electorales, entre otros hechos que han sido duramente cuestionadas por la sociedad.

En estos momentos la decisión del nombramiento en la Contraloría General de la República y en la Procuraduría General de la Nación, se constituye en la oportunidad de oro para demostrar que el nuevo Gobierno se propone adecentar la gestión pública y poner un alto a la corrupción y desorden en la administración.

La ruta a seguir debe ser el diseño y ejecución de una clara y firme estrategia de transparencia, combate y prevención del flagelo de la corrupción. De lo contrario seguirán los atracos al erario, en detrimento del país y su gente.

ABOGADA