Temas Especiales

21 de Oct de 2020

José Antonio Gil Arias

Columnistas

Coherencia migratoria

Como venezolano, coincido con los panameños en que deben regularse las políticas migratorias de este país.

Como venezolano, coincido con los panameños en que deben regularse las políticas migratorias de este país. Sin embargo, esa regulación debe hacerse sobre la base de un proyecto que establezca leyes coherentes. Panamá ha experimentado una transformación sin precedentes y la administración del presidente Ricardo Martinelli encontró en el Crisol de Razas la opción más viable para solucionar parte de la ‘crisis’ que se presentó durante su Gobierno.

Desde un principio, el Crisol de Razas presentó incoherencias, entre las que destaco que una de las condiciones para optar al programa de regularización era haber permanecido más de un año en el país. Para los extranjeros es bien sabido que la máxima permanencia que concede Panamá en la modalidad de turista es de seis meses. Así, el Crisol de Razas fue promotor de una acción contraria a la Ley, y nadie en Panamá alzó su voz para denunciar eso.

Por otra parte, ese programa otorgó permisos de residencia temporal por 2 y luego por 10 años. ¿Y luego de eso qué? A nadie le pasó por la cabeza qué hacer con esa cantidad de personas que llegaron, a hacer una vida aquí en Panamá, al término de sus permisos temporales de residencia.

El proyecto 62, promovido principalmente por la diputada Zulay Rodríguez, busca cambiar las condiciones de regularización de la residencia de los extranjeros. Sin embargo, debe tener sus principios en el espíritu del bienestar de la sociedad panameña, y no en lo que se ha evidenciado al calor de las declaraciones y del debate apasionado en el seno del Parlamento.

Si bien es cierto que ha habido un incremento de la delincuencia en las calles, confieso mi suspicacia frente al hecho de que ese incremento sea consecuencia directa de los programas migratorios del anterior Gobierno. Entre los requisitos para obtener el permiso temporal del Crisol estaba la presentación de un ‘récord policivo’, expedido por las autoridades del país de origen. Sobre ese argumento sustento mi duda de que un ‘regularizado’ venga con intención de causar males a este país. Sin embargo, bien cabe una investigación en las estadísticas de la Policía Nacional para saber cuántos extranjeros que han cometido delitos en Panamá estaban bajo el paraguas del Crisol de Razas.

Un abogado panameño me comentaba días atrás: ‘Panamá está apretando las tuercas’. Es natural, y aplaudo que se haga con conciencia: de nada sirve que acaben con el Crisol de Razas, mientras permiten la permanencia bajo la condición de turista por 180 días. Bien lo analiza mi colega y coterránea Elisa Vásquez: ‘Las mafias, el lavado de dinero, y otros delitos asociados a extranjeros son otro tema que tiene que ver con la debilidad institucional de Panamá para atacar el crimen’.

La recomendación que hago: el debate debe trascender más allá de los muros de la Asamblea. Aunque no simpatizo con la forma cómo se ha llevado este tema, por el discurso incendiario, es deber de cada uno de los integrantes de la sociedad panameña aportar su idea en aras de tener una política migratoria que vaya en consonancia con los más altos intereses de progreso y crecimiento de Panamá.

PERIODISTA