Hay que querer más a la UP

La última decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ordenar al Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP) la suspensión de la medida disciplinaria que se había aplicado a un profesor regular, después de seguirle un proceso disciplinario, que duró alrededor de once años, podría cambiar para siempre la concepción del carácter autónomo y del desempeño académico de la primera casa de estudios de Panamá.

Todo se ha dado dentro de un ambiente de informaciones poco rigurosas que coparon los medios nacionales, cuyos efectos incluyen parte de la comunidad universitaria, mientras que los verdaderos conceptos que sustentan la medida disciplinaria adoptada por la autoridad colegiada investida para tal fin en la Universidad, no tuvieron resonancia alguna en la ciudadanía y en buena parte de la propia comunidad universitaria.

La demora en la decisión disciplinaria se debió a que la CSJ tardó diez años en resolver dos recursos que, en sus momentos, interpuso el profesor sancionado. Una vez reanudado el proceso, porque así lo permitió la CSJ en los pronunciamientos correspondientes, comenzó una campaña de movilización de la opinión pública de que se trataba de una persecución a un docente ejemplar, porque se atrevió a denunciar irregularidades en la administración universitaria.

El problema que afecta la Institución es que los grupos interesados en tomarse la Rectoría, en su desesperación por sacar de carrera al actual rector, ven en la defensa de un funcionario sancionado la oportunidad de disminuir y descalificar a quien históricamente ha sido favorecido en las elecciones universitarias y por eso le atribuyen mayores posibilidades de triunfar en la próxima. Pero esta operación política daña, de manera irreversible, la institucionalidad y la gobernabilidad de una institución que no solo se reduce a las instalaciones del Campus Central y La Rectoría. La UP funciona brindando los mismos servicios en todas las provincias del país y en regiones tan apartadas y pobres que, seguramente, están excluidos en las preocupaciones e intereses de aquellos que han optado por esta alternativa indolente de lucha por el poder.

Muchos opinamos que los más poderosos medios de comunicación comparten intereses que los llevan a orientar la información que manejan, sus análisis y críticas, al apoyo de algunas causas que no siempre son las más justas. La influencia de algunos periodistas es tan grande en la sociedad y en nuestras instituciones que a veces lucen ante la ciudadanía como las verdaderas autoridades, llenando el vacío de credibilidad que dejan algunos funcionarios, ya sea por sus propios desempeños o por atribución de los mismos medios. En este escenario, el rector de la UP es declarado como el blanco de una ola de críticas estructuradas para algunos fines que no han podido escapar de los criterios de la comunidad intelectual.

La verdad es otra: La sanción la elaboró, fundamentó y aplicó el Consejo Académico, que está integrado por 32 personas, entre las que figuran autoridades académicas de todo el país, 5 representantes de los profesores, 5 de los estudiantiles, 2 de los administrativos y el rector que preside el Consejo y no vota. A pesar de esto, el sancionado, los medios involucrados y los grupos que aspiran al poder en la institución insisten en que se trata de un problema entre el rector y el sancionado. Es que el interés por desacreditar a la persona del rector está muy por encima de la intención de que aflore la verdad para ver si el profesor es o no merecedor de la sanción impuesta.

Nuestro principal obstáculo para ser parte del tan mencionado primer mundo está en la educación y la UP es lo más tradicional y emblemático con que, en materia de educación superior, cuenta el país. Esto siempre se ha manifestado en escritos, discursos y también en el criterio del panameño común. Pero, con la decisión de la Corte que hemos comentado, la imagen de la institución universitaria ha sido lacerada gravemente, más que todo, por la negativa e intensa publicidad que se ha hecho eco del planteamiento, subjetivo y no falto de orientación política, de que se trata de una persecución a un docente ejemplar que se atrevió a denunciar irregularidades.

Es difícil que un modelo de universidad tan popular, y no populista como dirían los que lo adversan, funcione en un país de libre mercado como el nuestro, sin inconveniente alguno. Es claro que una institución orientada a sectores humildes, que lucha contra la pobreza como la UP, aparte de no recibir la necesaria y merecida distinción y el apoyo financiero por parte de los Gobiernos, es ignorada en una impronta nacional que ni siquiera apunta a que caracterizaciones tradicionales que han hecho grande a esta casa de estudios como la autonomía y el mismo desempeño académico, empiezan a cambiar para mal, a partir de la decisión tomada por la Corte, que la entendemos como un reflejo de la conjugación de los intereses que hemos tratado de describir. Hay que querer más a la UP y con ello al país que tanto necesita y seguirá necesitando de esta noble Institución.

PROFESOR TITULAR. UP.