Panamá,25º

19 de Feb de 2020

Aquilino Ortega Luna

Columnistas

El millonario negocio de la medicina

Para poder entender el manto que arropa y tiende un velo sobre las compras de medicinas y sus carencias en el mercado nacional

Para poder entender el manto que arropa y tiende un velo sobre las compras de medicinas y sus carencias en el mercado nacional, hay que ponerlo en su justa dimensión y contexto. El mercado farmacéutico está considerado como el cuarto a nivel internacional, después de las armas, las drogas ilícitas y el petróleo y es controlado mayoritariamente por empresas norteamericanas con representaciones locales.

Entre las primeras cinco empresas, las transnacionales más poderosas son las siguientes: Pfizer que se gana $7520 billones anuales; le sigue la GlaxoSmithKline, con ganancias de $5190; la Sanofi-Aventis, 9310; la Johnson & Johnson, con $5200 y la 5, Merck, $4010 y le siguen en este negocio gigantesco otras cinco compañías, la mayoría de origen norteamericano.

Se ha estimado que el negocio farmacéutico en el mundo es de más de 550 000 millones de dólares cada año, el negocio crece en aproximadamente un 8 %. Los Estados Unidos representan el 48 % del mercado farmacéutico mundial (235 mil 400 millones de dólares), mientras que Europa el 28 %, Japón 11.1 %... Latinoamérica el 3.8 %.

Con este marco podremos imaginar la lucha que se ejerce en el mercado local, que no es tan grande, un país de apenas unos tres millones de habitantes, pero con alto poder adquisitivo y en que el mejor cliente es el Estado, a través del Ministerio de Salud y la Caja del Seguros Social que se gastan millones y millones de dólares cada año para surtir las necesidades de la población.

El problema no radica en el gasto, está en las fórmulas ideadas para elegir a los surtidores, a las compañías que le venden al país fijada en la Ley 1 de medicamentos (2001), Ley 51 de 2005 y el Texto Único de la Ley 22 de 2006 que alguien ha podido torcer y beneficiar a algunos en detrimento de otros y de paso perjudicando al destinatario final que es el paciente, el enfermo, el necesitado que no tiene los recursos para comprar la medicina para sus males.

Para ello redactan pliegos de cargos dirigidos, con la finalidad de beneficiar a un proveedor determinado, Arbitrariedades en los procedimientos de selección de contratista, incurriendo en la figura de desviación de poder, por parte de las distintas autoridades de salud, los cuales sin fundamento jurídico, descalifican a los proponentes que ofertan menor.

No hay una uniformidad en los precios de referencia, dosificación y presentación de los medicamentos que establece la CSS y el MINSA en sus licitaciones de precios unitarios. Es muy común que unas semanas antes de una licitación cambien las descripciones de los renglones para eliminar la competencia y darle la venta a un distribuidor innovador con cero competencia.

Licitaciones ganadas, adjudicadas, con contrato y fianza de cumplimiento, son canceladas sin dar ninguna explicación y luego aparece una compra directa a un distribuidor de medicamentos innovador a precios más altos.

Manejo indebido, extravío de los distintos expedientes contentivos de órdenes de compras y contratos, lo que ocasiona dilación en la ejecución y entrega de medicamentos, lo cual trae desabastecimiento; el cual es provocado por las propias instituciones de salud, para así poder realizar contrataciones directas, tendientes a beneficiar a un solo proveedor.

Las actuaciones anteriormente descritas, forman parte de las conductas cotidianas en que incurren las autoridades de Salud Pública, vulnerando la Ley y los derechos de los proponentes que en buena lid participan en los procedimientos de selección de contratistas, ofertando mejores precios y medicamentos que cumplen con todos los requisitos solicitados por la Ley.

De igual forma podemos indicar que la obtención de medicamentos de forma irregular, le causa una lesión patrimonial al Estado, tomando en consideración que las adjudicaciones recaen sobre productos que ofertan precios más onerosos, los cuales no representan los mejores intereses del Estado.

¿Quién le pone un alto a estas y otras arbitrariedades que traen como consecuencia lógica el desabastecimiento, provocado por las propias entidades de salud?

PERIODISTA