Control de precios ¿cura o herida?

En una economía de mercado, como la que rige en Panamá, los precios monetarios de bienes y servicios son determinados en el mercado por compradores y vendedores individuales. Al hacerse estas valoraciones también se determina el curso de todas las actividades productivas que allí se dan.

En esto juega un papel determinante el sistema de la división de trabajo, el uso del dinero como medio de intercambio y la progresiva acumulación de bienes de capital que representan la esencia misma del capitalismo.

Esto permite la acumulación masiva de capital, fruto de la codicia de los promotores y especuladores del mercado, que en un país donde reine el individualismo y la libertad, debe a la vez mejorar el estándar de vida de las masas.

Mediante este sistema de ganancias y pérdidas regidas por el libre mercado, que no es ni ideal ni perfecto, todo estado democrático trata de establecer un orden social que satisfaga las necesidades del hombre común, en especial de las personas menos favorecidas.

Pero la dinámica de un mercado de oferta y demanda permite subir los precios impunemente cuando existe un poder dominante sobre el mercado, ya sean monopolios (un solo vendedor) u oligopolios (sectores con pocas empresas), que conjuntamente con una multitud de otros factores afectan seriamente la competencia que también debe existir en un mercado libre para que no genere pobreza ni la mala distribución de la riqueza.

Por eso, un conjunto inteligente regulador (estado y empresa privada) que tome en cuenta cada sector, mejoraría la competencia sin interrumpir la dinámica del mercado. Hay que saberlo regular y aplicar las medidas de forma oportuna, como un programa o proceso de convergencia, que en el caso de precios llevaría a bajarlos y a buscar la eficiencia en la producción de bienes y servicios. Además, el alza en precios puede venir de la demanda macroeconómica de productos o microeconómicamente por el alza en salarios, que hace difícil predecir el resultado de determinadas medidas que necesariamente se ubican en el futuro.

El reciente Decreto Ejecutivo No.1 de 5 de enero 2016 que prorroga por seis meses más el control de precios de 22 productos de la canasta básica familiar y el margen tope entre 10% y 15% en su venta al por menor de otros 30, es una medida microeconómica con el fin político específico de cumplir con una promesa de campaña.

Al tomar esta medida, el gobierno tuvo que elegir entre fines en conflicto que contraponen los intereses de consumidores y empresarios, haciendo prevalecer otros fines superiores, como combatir la desigualdad y detener la espiral de pobreza.

No se trata de infligir una herida a nuestra economía capitalista ni llevarla al socialismo, pues el mal que remedia no es principalmente económico (el sistema funciona como fue diseñado) sino que procura rectificar una injusticia.

Pero la cura no toca el monopolio de los bancos al crear dinero ni los otros dos factores de producción lo que sería tema de otro artículo.

ECONOMISTA