Crónica de una crisis por diez años anunciada

A mediados de 2006, habiendo evaluado la propaganda publicada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) bajo la administración de un ingeniero traído de una empresa privada, quien dirigió el inicio del proyecto de ampliación del Canal, varios ingenieros panameños advirtieron que, por su magnitud, dicha obra difícilmente sería terminada o empezaría operaciones antes de 2016; y que, debido a que la proyección del crecimiento del trasiego estaba inflada, las ganancias serían menores a las señaladas.

Conocidas las ofertas de precios abiertas el 8 de julio de 2009, numerosos ingenieros panameños y extranjeros señalaron que era imposible que el precio ganador fuera más de un billón de balboas menor a los costos por ellos calculados; y dedujeron que, al momento de presentar su oferta, el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) se había ‘tirado por el suelo' con un precio temerariamente bajo que les garantizaba ganar el contrato, pero dando a suponer que, o no habían estudiado bien las especificaciones, o contaban conque, así como habían conseguido saber por adelantado que ellos habían ganado el concurso de los diseños técnicos, igualmente conseguirían la aprobación de todas las adendas que más tarde le sometieran a la ACP, sin importar que esto aumentara la duración y el costo del proyecto.

La primera advertencia estruendosa de que el proyecto de ampliación tendría problemas la hizo la embajadora de EE.UU. en Panamá, Bárbara Stephenson, cuando, según WikiLeaks, el 9 de julio de 2009 reportó a Washington: ‘Se piensa que durante la construcción, Sacyr [la compañía líder de GUPC] tratará de renegociar el precio con la ACP'. Sorprendentemente, algunos conciudadanos ahora están reclamándole a la ACP por no salir rápidamente del campo minado donde la metió su anterior administrador.

Solo dos posibilidades se vislumbran al respecto: Si GUPC terminara la ampliación conforme al contrato original y ajustándose al precio que inicialmente sometió, dicho consorcio sufriría una pérdida multimillonaria que Sacyr Vallehermoso actualmente no está en posición financiera de absorber; pero si la ACP aprobara todos los reclamos que GUPC le hiciera, aparte de embaucarnos, estaría cometiendo una flagrante injusticia contra los otros consorcios internacionales que participaron y perdieron en la licitación; y, empezando con la ACP, nuestro país sería considerado como una cueva de ladrones, e incluso pudiéramos ser demandados por cualquier tercer empresa que resultara perjudicada.

La dura opinión sobre la adjudicación del contrato a Sacyr que un alto directivo de una constructora española le expresó al periodista Alberto Artero, del diario El Confidencial, España, fue: ‘No lo hará. Dejará la obra colgada', así de contundente. Eso también fue el 9 de julio de 2009.

*JUBILADO DEL CUERPO DE INGENIEROS DE EUA.