Poder judicial: una catarsis institucional

El cisma producido por las declaraciones del magistrado Harry Díaz dejan en evidencia nuevamente la intromisión política y las pugnas de poder que cimbran el poder judicial, situación está que deja en entredicho el principio de separación de los poderes del Estado, que propugna nuestra Carta Magna, y el papel de equilibrio que debe jugar la más alta magistratura frente a las desviaciones de poder, ilegalidades y abuso por parte de los restantes órganos del Estado.

Fuera de las implicaciones y efectos que dichas declaraciones han producido a lo interno del Órgano Judicial y en la opinión pública, es necesario rescatar algunas apreciaciones hechas por el magistrado-denunciante, las cuales frente al tamiz de la objetividad, también deben ser aplaudidas y que evidencian que el trabajo, vocación dedicación y sacrificio también debe ser ponderado.

Los que somos usuarios de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de litigantes, hemos sufrido en carne propia el tortuguismo e inacción que vivió dicha Sala con la incorporación a su seno del exmagistrado Alejandro Moncada, quien lejos de ir a cumplir con su labor, tutelando los derechos de los particulares frente a los abusos cometidos por la Administración, se dedicó a imponer acciones tendientes a dilatar las causas, cometiendo verdaderos secuestros de los expedientes que tramitaba o bien que llegaban a su conocimiento de parte de los restantes magistrados de Sala, tratando de provocar, justamente, que las partes particulares en litigio tuviesen que pedir su intervención directa, de tal manera que él era la enfermedad y el bálsamo de fierabrás.

En las declaraciones del magistrado Díaz se pone de manifestó la labor que a la fecha realiza el magistrado Abel Zamorano, un institucional con más de veinticinco (25) de formar parte de la judicatura. Este, quien fue escogido como suplente del defenestrado magistrado Moncada, ha impreso su sello personal a la labor en la Sala Tercera, al desahogar con prontitud, celeridad y dedicación los casos que por años habían sido empantanados accidentalmente con aviesas e inicuas intenciones.

Nos ha tocado ver y palpar con asombro el movimiento estadístico-real de los casos en la Sala Contenciosa Administrativa, de esta forma los procesos que ascendían a la época de Moncada a 558 procesos por resolver, a la fecha se han reducido a 202 expedientes, esto es una brecha cerrada de casi 40 por ciento, sin contar que de los 202 procesos en trámite solo hay 154 pendientes de proyecto. Los años de experiencia como juez civil y magistrado de Tribunal Superior, aunado a la preparación académica que el mismo porta, han contribuido grandemente a esta labor.

Este tipo de cosas no puede ser pasado por alto, y debe ser exaltado con la misma fuerza como se trata de mancillar la reputación del máximo tribunal. El clima de zozobra, lentitud y de percepción de corrupción que vivía esta Sala, ocasionada por uno de sus miembros, ha pasado ya para beneficio de todos aquellos que en calidad de litigantes o partes acudimos en búsqueda de justicia.

ABOGADO