La ONU y su encrucijada histórica ante la elección del próximo Secretario General

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfrenta en 2026 una de las decisiones más críticas de su historia contemporánea: la elección de quien dirigirá el organismo multilateral más influyente —y más cuestionado— del planeta, a partir del 1 de enero de 2027. Tras dos mandatos de António Guterres, cuya gestión ha sido percibida como tibia ante guerras, desigualdades crecientes y el colapso del multilateralismo real, la ONU se encuentra en crisis. Su credibilidad yace en un limbo donde discursos sobre derechos humanos conviven ante la pasividad por genocidios y abusos de poder globales.

Este proceso de selección —en teoría una carrera por liderazgo global— no es neutro ni técnico: es político, ideológico e histórico. Y no hay espacio para ingenuos: el mundo no sólo observará quién obtiene la silla, sino qué proyecto de mundo representa. Al día de hoy, hay tres figuras que destacan con fuerza como aspirantes reales a la Secretaría General:

La expresidenta chilena Michelle Bachelet, impulsada por Chile con respaldo regional, representa la continuidad del enfoque dominante en la última década. Su perfil es conocido: centroizquierda progresista, fuerte énfasis en derechos humanos, perspectiva de género y diplomacia normativa. Fue Alta Comisionada de Derechos Humanos y ha construido su trayectoria dentro del aparato multilateral.

Su plataforma se centra en fortalecer los mecanismos existentes, ampliar estándares internacionales y reforzar la capacidad de la ONU para “orientar” a los Estados en políticas públicas sensibles. El problema es precisamente ese verbo: orientar.

La ONU no fue creada para convertirse en un supervisor ideológico global. Fue diseñada como un foro de cooperación entre Estados soberanos. Cuando el organismo cruza la línea entre promover principios universales y dictar pautas políticas específicas, erosiona su legitimidad. Bachelet encarna el riesgo de profundizar esa deriva: más normas, más informes, más presión pública sobre gobiernos electos democráticamente. No se trata de negar la importancia de los derechos humanos. Se trata de impedir que la Secretaría General se transforme en una plataforma para imponer agendas que no han sido votadas por los ciudadanos de cada país. Una cosa es cooperación; otra es injerencia revestida de virtud.

El argentino Rafael Grossi, otro de los candidatos, es actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica, ha sido propuesto oficialmente por Argentina. Su perfil es tecnocrático y pragmático. Habla de eficiencia, de reducción de burocracia y de hacer una ONU “más funcional”. En principio, su discurso resulta atractivo: menos retórica y más resultados. Menos estructuras duplicadas y más eficacia operativa. Si la reforma no viene acompañada de un compromiso explícito con el respeto irrestricto a la soberanía jurídica de los Estados, puede convertirse simplemente en una modernización administrativa del mismo enfoque intervencionista. La ONU no necesita solo eficiencia; necesita límites claros.

Grossi parece menos inclinado al activismo ideológico que otros aspirantes, pero su discurso aún no ha trazado una línea roja contundente frente a la tentación de usar la Secretaría General como instrumento de presión política. Sin esa claridad, la tecnocracia puede terminar siendo funcional a agendas que no se debaten abiertamente.

Tenemos también a la ecuatoriana-libanesa Ivonne Baki quien ha lanzado su candidatura con apoyo del Líbano y contactos internacionales relevantes. Su perfil diplomático es interesante, pero su plataforma pública es difusa. Habla de liderazgo renovado y de tender puentes, pero no ha presentado una visión estructurada sobre el rol de la ONU frente a la soberanía estatal. En una coyuntura tan delicada, la ambigüedad no es virtud. Es debilidad.

La discusión de fondo no es geográfica ni de género ni de trayectoria técnica. Es institucional. En los últimos años, la ONU ha ampliado su lenguaje normativo hasta rozar la prescripción política. En el afán de imponer la agenda 2030, elabora informes-países que parecen más bien manuales de política interna. Recomendaciones que se perciben como instrucciones. Condicionamientos que generan fricciones diplomáticas innecesarias y malestar entre los ciudadanos.

Eso debe terminar. La soberanía jurídica no es un capricho nacionalista; es el pilar del derecho internacional. La Carta fundacional de la ONU se basa en la igualdad soberana de los Estados. Cuando la Secretaría General adopta posturas ideológicas específicas y las promueve activamente, rompe el equilibrio y alimenta la desconfianza hacia el multilateralismo.

El próximo Secretario General debe entender algo esencial: la ONU coordina, no gobierna; coopera, no sustituye; recomienda, no impone. Debe abandonar la tentación de convertirse en árbitro moral permanente y recuperar su papel como espacio de diálogo entre naciones con sistemas políticos, culturales y jurídicos diversos.

Si la elección se convierte en una competencia por ver quién promete más activismo normativo, la organización seguirá perdiendo relevancia. Pero si se elige a alguien dispuesto a devolverle a la ONU su carácter original —foro de cooperación respetuoso de la autodeterminación— entonces aún hay esperanza.

El mundo no necesita una ONU que dé instrucciones ideológicas. Necesita una ONU que respete a los Estados, fortalezca el derecho internacional clásico y entienda que la legitimidad no nace del aplauso mediático, sino del respeto a la soberanía. Sin eso, cualquier persona que salga electa será apenas un administrador más del declive.