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26 de Jun de 2022

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    Guillermo A. Cochez

Columnistas

La vara alta de Herman Bern, cambia

El Gobierno pretende vender terrenos de Playa Bonita a Paradise Beach de propiedad de Herman Bern

El Gobierno pretende vender terrenos de Playa Bonita a Paradise Beach de propiedad de Herman Bern. Eso no estaría mal —entrarían millones dólares al fisco— si de por medio del entramado que quieren hacer no hubiesen dos fallos de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El primero anulando —por los vicios que contenía— la licitación que sobre esa concesión se hizo y, posteriormente, los contratos que sobre la misma sustentaron lo que el Grupo Bern construyó allí. Cuando vi que a la condecoración del presidente Carter en Atlanta el presidente Varela incluyó como sus invitados especiales a Herman Bern y a Stanley Motta comencé a entender que la vara alta de Bern volvía a moverse, pero hacia abajo para que el salto sea menos esforzado.

Demos un vistazo a esta información:

1. Sentencia de 22 de febrero de 2008 que la Corte Suprema (Sala III) declaró NULA por ILEGAL, Resolución de Junta Directiva 034-03 de 10/abril/2003, expedida por la Junta directiva de la AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA (ARI), hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BIENES REVERTIDOS DEL MEF (UABR), dejando sin efecto la licitación para otorgar en arrendamiento el Lote No. 1A y 1B y en arrendamiento con opción de compra la parcela No. 3ª y la Parcela No. 4, ubicados en Kobbe, distrito de Arraiján, provincia de Panamá para desarrollar un proyecto ecoturístico y recreacional de playa, propuesta por COCHEZ-MARTINEZ & ASOCIADOS en representación de DUASA, S.A.

2. Sentencia de 20 de mayo de 2015, por la cual la Corte Suprema (Sala III), que declaró nulo por ilegal el Contrato de Desarrollo, Arrendamiento e Inversión No. 430-2003, del 17 de junio de 2003, suscrito por ARI, hoy UABR del MEF, y PARADISE BEACH CORPORATION, de BERN, en virtud de demanda presentada por CASTRO Y CASTRO, en representación de DUASA, S.A.

Ese monumental proyecto fue construido por PARADISE BEACH de HERMAN BERN, a quien se le adjudicó concesión, cuya licitación fue anulada por la CSJ, por vicios de fondo. Fue desarrollada y construida a sabiendas de la existencia de la Demanda Contencioso Administrativa que había interpuesto DUASA contra de dicha licitación; o sea, a su propio riesgo y suerte. Tiene dos hoteles construidos allí y un proyecto residencial multimillonario, que hasta hospedó a Barack Obama durante la Cumbre de las Américas. Como si todo estuviera legal allí, ahora instalaron allí otro hotel, bajo el sensual nombre de ‘Secrets', solo para adultos.

Pero como pensaba tenía vara baja, que significa salto fácil, con el Gobierno de Mireya Moscoso, confiaba que todo le saldría bien en la CSJ. Luego del fallo en 2008 que declaró nula la licitación, encontró apoyo en Martín Torrijos, quien a través del MEF, violando la Ley, no ejecutó la sentencia; siguió operando el multimillonario pero ilegal proyecto, para lo cual presentamos denuncias de bien oculto, porque se aprovechaba de un bien estatal que no le pertenecía. Igual suerte ocurrió durante el Gobierno de Martinelli, quien hasta tuvo la osadía de autorizar a su Gabinete a gestionar la venta de los terrenos ocupados por Bern, a pesar de la sentencia de 2008.

Lo más fuera de lugar, sin embargo, ha sido lo que el ‘transparente' Gobierno de Juan Carlos Varela pretende, a pesar de un nuevo fallo tan reciente como mayo de 2015, vender esos terrenos al mismo Bern, a pesar de que le cancelaron licitación y le anularon contratos a nivel de Corte Suprema, siguen siendo aprovechados ilícitamente por la mencionada sociedad. Coincidentalmente, el Viceministerio de Finanzas del MEF rechazó a inicios de año dos demandas de bien oculto presentadas desde 2008, hace 8 años, violando en el camino el procedimiento del Código Fiscal, como para limpiar el camino de la futura venta a Bern.

La Constitución de Panamá señala que las decisiones de la CSJ son finales, definitivas y obligatorias. Por ello, ningún acto revocado o anulado puede ser reproducido nuevamente por la entidad correspondiente, salvo que las causas de anulación hayan sido derogadas. En este caso, las normas legales que sirvieron de fundamento para la declaración de ilegalidad de los actos demandados se mantienen vigentes y no pueden las autoridades pretender hacer malabarismos jurídicos para mantener la vigencia de dichos actos.

Por otra parte, las autoridades del MEF tampoco han realizado ninguna gestión para hacer cumplir lo ordenado por la Sala III de la Corte, a pesar de que así lo mandata la Ley que señala que dentro de un término de cinco (5) días después que la corporación, autoridad o funcionario reciben la notificación de lo resuelto por la Sala Tercera deberá dictar las medidas necesarias para hacer efectiva la decisión adoptada.

El pasado 27 de enero envíe carta al ministro del MEF donde señalaba que reiteraba nuestra intención de preservar el bien jurídico del Estado para evitar que decisiones inconsultas e ilegales que podrían estar hasta viciadas de posibles rasgos criminales enturbien el Estado de derecho de nuestra República. Y eso incluye al presidente de la República y a los miembros de su Gabinete. Increíble que quieran que Colombia respete decisiones de la OMC, pero aquí como que quieren limpiarse con los fallos de nuestra Corte Suprema.

ABOGADO Y POLÍTICO.