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30 de May de 2020

Ebrahim Asvat

Columnistas

El Caso Waked: La Bitácora...

Las medidas punitivas aplicadas salen del contexto de lo judicializado para caer en el terreno de lo político

Desde que el Departamento del Tesoro de los EE.UU., mediante una conferencia de prensa, anunció que listó a 68 empresas panameñas y al Sr. Abdul Waked, Hamudi Waked y Lucia Touzard, entre otros, en la denominada Lista Clinton, causó conmoción a nivel nacional por tan dura medida atentatoria contra la economía nacional.

Al pasar los días, se aclaró por los propios personeros de los EE.UU. que la inclusión y todos los efectos punitivos de la lista, afectando a miles de trabajadores, decenas de suplidores, familias arraigadas en nuestro territorio por más de cuarenta años, eran producto de una acción administrativa. Contra Abdul Waked, Hamudi Waked y Lucia Touzard no existía ningún encausamiento criminal, a pesar de catalogarse a su organización comercial como una organización criminal dedicada a actividades delictivas vinculadas al tráfico de drogas.

Una visita a la página web del Departamento del Tesoro establece claramente las razones de la existencia y las motivaciones de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos a empresas y personas extranjeras:

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior estadounidense y los objetivos de seguridad nacional dirigidos contra países extranjeros y regímenes terroristas, narcotraficantes internacionales, partícipes en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, política exterior o economía de los EE.UU.

Las medidas punitivas aplicadas salen del contexto de lo judicializado para caer en el terreno de lo político. La designación, como la sanción, es un acto político de un Estado. La designación producto de una mera sospecha sin elementos probatorios contundentes y que conllevan toda la posibilidad de la arbitrariedad y la injusticia.

La Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Panamá abrió una investigación el mismo día, 5 de mayo de 2016, cuando se conoció la designación. Diligenció inspecciones oculares, recabó documentación relevante para la investigación sin que pudieran establecerse suficientes medios de justificación para comprobar los hechos punibles investigados. Esta investigación duró seis meses.

La única documentación suministrada por la DEA en Panamá (sí, en Panamá) fue una carta explicativa de un caso fallado hace buenos años atrás en las cortes panameñas contra sujetos sin ningún vínculo con las empresas o personas listadas. Todo esto motivó viajes del Ministerio Público a los EE.UU. y encuentros con personeros norteamericanos, con la finalidad de recabar pruebas. Jamás se le proporcionó algo.

Destruir empleos, empresas, relaciones comerciales y afectar la economía panameña, como producto de una sospecha, es una conducta inaceptable y que merece la más firme protesta y acción de parte de un Gobierno decente, valiente, nacionalista y firme. Lamentablemente ninguna de estas c ualidades la encontramos hoy en día.

Cómo añoro la política exterior de los años 70, cuando teníamos un país de verdad que buscaba el respeto en la comunidad de naciones, activo en los foros internacionales y con una clara misión de buscar la reivindicación de nuestro territorio y nuestro canal. Agotado el proyecto, hoy parecemos eunucos.

ABOGADO