La necesidad de las auditorías de la Contraloría

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, se determinó que las únicas auditorías que tienen valor para acreditar un delito contra la administración pública son las que hace la Contraloría. Este era el caso de la denuncia que se presentó por unas publicaciones que se hicieron en los medios por el resultado de la auditoría privada hecha a los programas del otrora FIS.

La Corte dijo: ‘Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad...'.

Con la Resolución del 12 de marzo de 2015, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, exteriorizó que corresponde a la Contraloría General de la República el exigir la rendición de cuentas por el manejo de los fondos o bienes públicos a los 71 diputados que administraron las partidas circuitales en el quinquenio 2009-2014, pero, al día de hoy, la Contraloría General no ha hecho nada al respecto.

La Corte dijo igualmente que: ‘Los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se le ha confiado la asignación de partidas circuitales, están en la obligación de rendir cuentas del manejo de dichos fondos ante la Contraloría General de la República, quien por su mandato constitucional tiene esa función fiscalizadora'.

Es prohibido que como ciudadano se nos olvide que, en el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, No. DS-SG-N-NO-487 del 3 de diciembre de 2014, se desprende que el Estado erogó la suma de 403 496 332 millones de dólares entre todos los diputados y no se sabe a ciencia cierta cómo se utilizaron los recursos estatales, pues no se le ha rendido cuentas al país sobre el uso adecuado de los mismos.

DOCTOR EN DERECHO.