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15 de Apr de 2021

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Rafael Pitti

Columnistas

¿Silencio cómplice?

Estuve leyendo la columna del periodista Ernesto A. Holder ‘Opiniones a ciegas'. Mantengo reserva en lo referente al tema de las redes sociales

Estuve leyendo la columna del periodista Ernesto A. Holder ‘Opiniones a ciegas'. Mantengo reserva en lo referente al tema de las redes sociales. No obstante, comparto la mayor parte del escrito porque, con relativa frecuencia, escuchamos o leemos comentarios absurdos o faltos de sentido común. En la mayoría de los casos las personas actúan de manera impulsiva, influenciadas por falsas informaciones o noticias de carácter sensacionalista, difundidas por medios de comunicación cuya norma refleja tal perfil.

En ese orden de idea confieso que en casi 26 años de colaborar en los diarios de mayor prestigio en el país, con alrededor de 500 artículos entre publicados e inéditos, consciente de que somos susceptibles a equivocarnos y cometer errores, en mis conclusiones, aunque algunas veces con dureza, siempre he tratado de ser lo más objetivo, respetuoso y responsable, por ser consciente de la vulnerabilidad ante una demanda civil.

Lo traigo a colación por el análisis que haré frente a la situación que atraviesan el Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá ( GESE ) y la familia Waked por la famosa Lista Clinton. Hago la salvedad de que no conozco ni mantengo ningún tipo de relación con ellos, salvo que por mi filiación política y ser parte de la estructura del PRD, en circunstancias coyunturales de actividades proselitistas electorales, he conversado y mantenido alguna comunicación con el copartidario Ali Waked. Aclarado esto, entro en materia refrescando sobre ‘The Office of Foreign Assets Control', cuya sigla en inglés es OFAC, Oficina de Control de Bienes Extranjeros, ya que es inexplicable que conociendo su creación y origen en octubre de 1995, mediante orden Ejecutiva 12078, este organismo ha utilizado mecanismos y acciones que dicho por el propio Departamento del Tesoro de los EE.UU., ha cometido errores al incluir personas y empresas sin vinculación o nexos con el crimen organizado.

Posteriormente en 1999, los senadores Diane Feinstein y Paul Coverdell crearon la Ley Kingpin ‘Foreing Narcotics Kingpin Designation Act' (Designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico) que otorgaba poderes para actuar en el extranjero, acorde al informe de la Lista Clinton. No fue sino hasta el año 2003 que el presidente George Bush decide comenzar a aplicar el instrumento legal. Las imputaciones comenzaron en Colombia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el cartel de Cali, encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela.

Luego se acusa a la influyente y poderosa familia Rosenthal del Grupo Continental en Honduras. EE.UU. tramita la extradición de dos hermanos miembros de la familia que luego del juicio por lavado de dinero en EE.UU. fueron liberados bajo fianza. Sin embargo, el Gobierno hondureño negó la extradición del padre, alegando impedimento legal. El consorcio Grupo Continental también mantenía negocios e inversiones en Panamá. Si mal no recuerdo, en la misma época se abrieron investigaciones al Banco Continental de calle 50, pero a ciencia cierta no sabemos si existían implicaciones o relación con los Rosenthal, debido a dificultad al tratar de escudriñar. Sé que la Superintendencia de Bancos autorizó que fuese fusionado y comprado por el Banco General.

Queda claro que aunque en analogía se revelan coincidencias, también existen marcadas contradicciones. El Sr. Abdul Waked ha sido constante y permanente facilitador para que se realicen las investigaciones a WISA, propietaria, entre otras empresas, de GESE. Contrario a lo ocurrido en Honduras, el Ministerio Público ha extendido sobreseimiento a WISA por no encontrar pruebas en su contra aquí o en EE.UU. Mas, una actitud pusilánime y genuflexa permite que intereses foráneos actúen y se pronuncien en contra de la nación misma. Tal irreverencia es lo actuado por el embajador norteamericano. Este acto reprochable debe ser respondido diplomáticamente para establecer el mutuo respeto.

Entendible que EE.UU. defienda sus intereses, pero nuestros gobernantes tienen el deber de defender los nuestros, entre los cuales prevalecen la integridad territorial y el obedecimiento al orden constitucional. El derecho al trabajo y la libertad de expresión están siendo vulnerados a nuestros compatriotas de La Estrella de Panamá y El Siglo .

No se trata de bravuconadas ni enfrentamientos a la ligera contra el intruso. Tampoco de violentar acuerdos internacionales ni evadir responsabilidades. Se trata de adoptar posiciones firmes y viriles. Exigir que se venda la sociedad para liberarla de Lista Clinton es sospechoso. Que es lo que realmente subyace en el fondo. Este asunto requiere una reflexión y compromiso de todos los panameños indistintamente de credo o filiación política. Los daños causados a Panamá con los Panama Papers y la Lista Clinton son irreversibles, perturbadores e impredecibles.

¿Desunidos qué podemos esperar de Donald Trump?

DELEGADO NACIONAL DEL PRD.