Refrendo de Acuerdo con fórceps

Después de transcurrir casi dos meses desde el rechazo del Acuerdo inicial para concertar una paz entre el gobierno de Colombia y los guerrilleros de las FARC-EP,- el más grande grupo de presunta ideología comunista en subversión armada por más de medio siglo contra los gobiernos elegidos en votación democrática- el actual gobierno ha sometido una reparación de ese Acuerdo a un tipo de aprobación diferente.

Ese Acuerdo inicial había sido rechazado en un plebiscito en el que millones de votantes de todo el país expresaron su desaprobación a pesar de las manipulaciones del gobierno proponente por inducir a los votantes a impartir su aprobación.

Tales manipulaciones se dieron de varias formas provocando no solo desconfianza sino animadversión, como muchos observadores han señalado.

Lamentablemente, mucha gente ha vuelto a detectar que el gobierno maniobra para imponer el Acuerdo reparado, aunque sea a contrapelo de la voluntad de la mayoría del país que deseaba otro plebiscito, y lo ha sometido al refrendo del Congreso dizque porque los congresistas son representantes del pueblo y, como tales, están autorizados para actuar en su nombre.

Empero, cuando esos congresistas fueron elegidos no lo fueron para también tomar esa decisión tan excepcional e importante – ni para reformar una Constitución sin ser elegidos constituyentes- como es la de concertar una paz especial con guerrilleros denunciados como: narcotraficantes, extorsionadores, secuestradores, sembradores de minas antipersonales que han matado o desmembrado hasta a quienes por desconocimiento- y aun sin pertenecer a ningún bando- las tocaban ; violadores de menores, y; reclutadores, a la fuerza mediante secuestros, de niños y adolescentes de ambos sexos para obligarlos a ser combatientes.

En la decisión de aceptar, o no, una negociación crucial para la transformación de la vida política del país, se considera que, por lo trascendente de lo renegociado, - si no ha sido cosmético ni superficial- el convenio debería someterse a un plebiscito o, por lo mínimo, a la revisión de congresistas o de representantes idóneos escogidos para ese propósito y no para otros, o con otras perspectivas.

Al hacerse de otro modo no hay equivalencia, ni sustituto del mismo valor al de una votación universal en la que decidiera todo el país.

Aunque originalmente el gobierno había dado a entender que el texto reparado, previa negociación con las FARC volvería a someterse a otro plebiscito, torcidamente lo sometió al Congreso –en donde actualmente tiene mayoría política- dándole carácter como de político-partidista.

Saltarse con garrocha una consulta popular para imponer un acuerdo, no solo es un rasgo de autoritarismo sino de menospreciar la democracia por también introducir cambios a la Constitución sin la aprobación plebiscitaria del pueblo ni de constituyentes.

Si ello ha sido decepcionante, desconcertante resultó que su negociador principal indicara que el texto sometido era final y definitivo –como postulaban las FARC- condenando al país a una potencial falta de corrección de algo repudiable que se encontrara.

Con esa posición de no aceptar ninguna corrección adicional –por muy necesaria que esta fuere- resultaba inútil y más bien una complicidad que congresistas, en desacuerdo con tal procedimiento, avalaran con su presencia una última manipulación a que fueren sometidos y participaran en la sesión de un Congreso provisto de antemano con decisiones sin tomarlos en cuenta.

En consecuencia, y protesta, se ausentaron. Por ello, no es que la paz pasó una prueba en ese foro sino que tal refrendo carece de validez moral al no debatirse y mejorarse lo convenido por el gobierno y los guerrilleros, y al excluirse el parecer de la mayoría del país en un plebiscito que no se ha querido realizar. La paz, en realidad, fue devaluada.

Independientemente al repudio –posiblemente mayoritario del país- a ese refrendo cuestionado y parteado con fórceps, grupos internacionales se disponen a respaldar económicamente la implementación del documento, ajenos a las circunstancias y a eventuales repercusiones.

Panamá, por su parte, observa la reticencia de ese gobierno en acatar fallo de la OMC que elimina aranceles a varias de sus exportaciones.

INGENIERO CIVIL