Tres gobiernos en el banquillo

No hace falta ser muy memorioso para recordar que uno de los pilares sobre los que el actual gobierno le planteó a la sociedad que fundaría su gestión es la transparencia en el ejercicio de sus funciones. En esa línea se inscribe la ejecución del tradicional sistema de control patrimonial sobre los servidores públicos. Probar los actos de corrupción es -por definición- difícil, por lo que es necesario contar con instrumentos eficaces para desalentarla y combatirla.

Una de las formas aceptadas de evitar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios es realizar un control muy fuerte de la evolución de sus patrimonios y nivel de vida, y desalentar, al mismo tiempo, a quienes con su poder económico los tientan para lograr ventajas. Para controlar tal evolución es preciso que se cumpla estrictamente la norma que obliga a presentar a la entrada una declaración jurada de bienes a la entrada (y otra a la salida), algo que sólo algunos funcionarios, contados con los dedos de las manos, han cumplido en la administración de Juan Carlos Varela. Pero para que esta medida pueda tener sentido es preciso que existan términos de comparación efectivos entre el momento del ingreso del funcionario en la tarea pública y los períodos siguientes hasta la finalización de su gestión.

A efectos de lograr un mayor acatamiento de la normativa, el presidente de la República debiera dar el ejemplo y exigir el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada patrimonial de todos los funcionarios. Y para quienes se resistan, quepa una orden de suspensión hasta que satisfaga su obligación. Aparte de este mecanismo de presión, es preciso también que se instauren otros igualmente pertinentes para reglamentar la disposición que establece el carácter público de la información patrimonial de los funcionarios estatales.

De hecho, cuando se habla de corrupción nos estamos refiriendo a dos clases de malversación diferentes. Por un lado, a la apropiación de recursos públicos en beneficio privado, lo cual deriva en enriquecimiento ilícito. Por otro lado, también se incurre en actos de corrupción cuando recursos privados sirven para influir de manera solapada en las decisiones políticas. Y es este segundo aspecto el que actualmente mantiene en vilo al país y del que esperamos se deriven consecuencias ejemplares para el adecentamiento de la sociedad y de la cosa pública.

El escándalo que envuelve el cobro de coimas de la empresa Odebrech y las investigaciones por corrupción que rozan a varios funcionarios y proveedores del Estado tienen como común denominador el ser consecuencia de una nula fiscalización por parte de las instancias correspondientes y de una intensa estrategia por parte de empresas para financiar la actividad pública y política. Lo trascendente del caso, más allá de la conmoción por el impacto de las revelaciones y el monto de las sumas, es la fuerza que adquiere la demanda de una mayor transparencia en los sistemas políticos y la capacidad que muestran las democracias cuando pueden depurar sus más dañinas distorsiones y se garantiza la acción de una Justicia independiente.

La magnitud y la intensidad de este fenómeno exceden el juicio sobre los comportamientos individuales de los funcionarios que en el ejercicio de altas responsabilidades transgreden leyes e incurren en hechos de corrupción. Porque al parecer, la corrupta práctica utilizada por la constructora brasileña de sobar, mimar y alimentar de forma secreta la maquinaria de la política panameña sirvió para los más diversos fines y durante tres administraciones desde 2004 a la fecha.

Sin duda, el momento ha llegado para sentar en el banquillo de los acusados a quienes de alguna forma u otra han recibido coimas para facilitar y promover las obras de construcción de la empresa Odebrech. Ciertamente, el país no soportaría que un caso tan sonado como el de marras pase debajo del radar o sea engavetado como es costumbre para quienes administran justicia.

Es importante que las investigaciones iniciadas y los procesos abiertos por el cobro de coimas, financiamiento ilegal o secreto de funcionarios, así como por el consentimiento económico a empresarios y la intromisión de corporaciones en la política, sirvan, además de esclarecer sobre conductas pasadas, para reformar los procedimientos de fiscalización del patrimonio de servidores públicos y mejorar los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos. Sólo así y en consonancia con la práctica de los valores éticos y morales, el país podrá encontrar la paz que se requiere para poderlo echar adelante.

EL AUTOR ES EMPRESARIO