El puerto de Corozal es un escándalo

En lo del puerto de Corozal hay personas y grupos que, no importando si hubo violaciones legales, corrupción o vicios en lo que lo sustenta, pretenden imponerlo. Por el poder que ostentan, se sienten por encima de la ley; olvidan que, como todo en la vida, el poder es efímero. No aprenden de la pesadilla que algunos hoy viven con el caso Odebrecht.

En el acta del Comité de Planificación Estratégica de la Junta Directiva de la ACP del 19 de septiembre de 2016 (cuya copia autenticada he pedido al administrador Quijano), donde participaron directores y ejecutivos del Canal, incluyendo su administrador y el fiscalizador general, Antonio Domínguez, responsable de preservar a nombre de la Junta Directiva las normas éticas dentro de la entidad, se dejó plasmado lo siguiente, a propuesta de la directora Lourdes Castillo (curiosamente en las actas de la Directiva de la ACP no se deja constancia de lo que dicen los directores como ocurre en la Asamblea Nacional): ‘la directora CASTILLO solicitó que constase en acta que en los primeros meses de 2013, el fiscalizador general (Domínguez) comunicó a la Junta Directiva que información confidencial sobre el estudio de factibilidad relacionado al proyecto de Corozal fue reenviada por un colaborador de la ACP a un operador portuario en Colón. Preguntó qué resultados arrojó la investigación, porque desconocía la conclusión de esta; a lo cual el fiscalizador general indicó que había varios temas inconclusos respectos a este tema, por falta de información firme'. Agregó —Domínguez— que definitivamente se comprobó el reenvío de correos electrónicos, aunque se desconoce la razón por la cual eran remitidos a un tercero. Indicó que no se logró obtener mayor información '.

Adicionalmente, y más grave y escandaloso aún, el fiscalizador Domínguez dijo: ‘la investigación fue cerrada por falta de información. Aclaró que no se tuvo acceso a información del sistema bancario para verificar algunas transacciones realizadas .' Siempre, según Domínguez, ‘la administración tomó las acciones para que una empresa no continuara prestando servicios a las ACP '.

Un delito para cualquier estudiante de derecho confirmado por el equivalente a un fiscal dentro de la Administración del Canal. Pero no se hizo nada. Ni con quien filtró la información ni con la empresa que solo la sacaron de la lista de proponentes del Canal. ¿Cómo ese caso no fue enviado al Ministerio Público, a pesar de los posibles pagos que habían de por medio y que Domínguez dice que ‘no se tuvo acceso a información del sistema bancario para verificar algunas transacciones realizadas '? ¿Estarían allí los pagos, al estilo Odebrecht, de los que se habían beneficiado con esa transacción? ¡Qué escándalo!

Lo que comienza mal, termina mal. Quienes, a nombre de la ACP, estaban involucrados en los estudios del puerto de Corozal filtraron —a través de correos electrónicos confidenciales de la entidad— información sensitiva del Canal a terceros interesados y realizaron transacciones bancarias no verificadas, lo que debió hacer el Ministerio Público. ¿Esta acción podría ser delictiva? ¿Habrán enviado esa información confidencial a otros? ¿Quién envió esos correos confidenciales a ‘ese interesado', y que ya no labora en la entidad (a pesar de todo lo que le descubrieron, le pagaron todas sus prestaciones). La investigación sobre la comprobada filtración y posibles coimas no siguió por falta de pruebas, Domínguez dixit. Pero ¿habrá influido alguna orden superior para impedir que siguiese esa investigación, de algo tan grave que Domínguez había constatado? ¿O era mejor dejar a un lado semejante tamal porque podía entorpecer el proyecto del puerto de Corozal?

Como todo funcionario, el administrador del Canal, autorizado por el presidente de la Directiva, Roberto Roy, debió haber interpuesto una denuncia penal para que el Ministerio Público realizara una investigación y tuviese acceso al sistema bancario para ver lo de las posibles coimas recibidas (los únicos que pueden hacerlo). Por su acción u omisión, además de ignorar lo que le ley obliga a todo servidor del Estado, se convirtieron ambos en posibles encubridores de los posibles delitos cometidos por un subalterno.

Si al final lo que con pruebas denuncio como posibles delitos, se comprueba, a nombre de los panameños pido cárcel para quienes resulten responsables. El Canal nos pertenece a todos y no a un grupito, por más poderoso que sea. Mientras estas irregularidades no sean aclaradas e investigadas, tanto Roberto Roy, presidente de la Junta Directiva de la ACP, como su administrador, Jorge Quijano, deben ser separados de sus cargos.

ABOGADO Y POLÍTICO.