El alcance y las profundidades de la corrupción en Panamá. (1)

El clientelismo político fue el instrumento eficaz para inocular durante años y ante la mirada complaciente de toda la clase política, el virus de la vileza que permitió el desmantelamiento de valores morales y éticos que hubieran frenado en nuestra sociedad,  la retoma del poder por sectores poderosos económicos que además, en un sistema democrático corrompido pudieron agenciarse el poder político a través de sus representantes que juegan a su favor y cumplen la tarea de administrar el Estado por encargo de esos poderes fácticos.

Una larga lista de empresas, otrora con algún prestigio en la sociedad, ahora han devenido en partícipes del festín de la corrupción, so pena de quedar aisladas de contratos jugosos, desde un Estado que paga obras por un valor; tres veces lo que cuesta al sector privado.

La excusa para semejante dislate, la presentan las empresas argumentando que sus gastos financieros son muy altos, para encubrir las mordidas, las coimas y la participación de intermediarios que ayudaron a facilitar el negocio o funcionarios del Estado directamente involucrados en el proceso de asignación, inspección y recibimiento de las deficientes obras por lo general.

La ley de contrataciones públicas fue arrumada y echada a un lado y se privilegió la contratación directa para facilitar la decisión política caprichosa en contraposición a aspectos técnicos y financieros, y abrir así un portillo inmenso de arbitrariedad que le cuesta a la sociedad miles de millones de balboas que se los terminan repartiendo las empresas, bancos, funcionarios y padrinos electorales que patrocinaron campañas a cambio de esas jugosas recompensas.

Empresas Internacionales, como ODEBRECHT, MECO, FCC, CONALVIAS, y las nacionales TCT, CUSA y 12 empresas más, recibieron contratos por un valor cercano a los 18 mil millones de balboas en los últimos años, lo cual puede estimarse un sobreprecio cercano a los cinco mil millones de balboas, que representan más del presupuesto nacional anual de Nicaragua con una población de más de siete millones de personas.

Una lista de 23 Bancos con licencia internacional e interna asentados en la República de Panamá, se han encargado de la operación de limpieza de capitales oscuros surgidos de estos negocios al amparo y permisibilidad de la Unidad de Análisis Financieros (UAF), adscrita a la Presidencia de la República y prácticamente el patrocinio de la Superintendencia de Bancos y el silencio cómplice de la Asociación Bancaria Nacional que no termina por creer en la autorregulación.

Al día de hoy y después de semejantes escándalos, no hay ninguna medida de sujeción, multa o suspensión de licencia o cancelación de la misma a pesar de haber violado flagrantemente la normativa de la banca nacional y del centro financiero internacional que ha sido cuestionado desde hace rato por fuerzas internacionales que lo quieren liquidar como competencia, pero que ante esta situación ofrecen en bandeja de plata la justificación expedita a esos ataques, ahora fundados.

La figura de las Adendas a contratos se ha convertido en un mecanismo perverso de incrementar criminalmente los costos ya de por sí sumamente altos o la figura o maniobra de presentar un bajo precio para obtener el contrato y luego modificar el precio por este mecanismo de las adendas y consolidar así el atraco con la diligente anuencia de las autoridades nacionales.

Las autoridades encargadas de investigar y sancionar todas las conductas delictivas y llevar al banquillo de los acusados a los corruptos, han terminado siendo rebasados en su deber, porque estas autoridades también están sujetas al control político de los mismos que deben ser procesados y condenados por sus acciones contra los panameños. Solo muy pocos están siendo investigados, y las investigaciones adolecen de la contundencia y firmeza que se requiere. La Contraloría General de la República, por su parte, ha terminado haciendo informes que lejos de auditorías forenses trasparentes, terminan por concluir que aquí no ha pasado nada, se ha evitado investigar siquiera las partidas circuitales y fondos de juntas comunales y municipios donde es evidente que hubo toda clase de chanchullos, mientras que la deuda pública para cancelar esas obligaciones oscuras nos ha llevado a un límite peligroso que pudiera comprometer la libertad financiera del Estado panameño en un corto plazo. Ha quedado además en evidencia; la renuencia del Ministerio Público panameño, en colaborar con organismos similares de otros países, cuando se le ha pedido colaboración.

Pero el andamiaje de la corrupción no se limitó a las contrataciones públicas, sino que está diseminado en toda la actividad social y económica en general que ha devenido en casi un Estado fallido que ha perdido el rumbo decoroso y digno al que debemos aspirar los que soñamos con un Panamá decente, donde puedan crecer y desarrollar sus sueños de realización libre nuestros hijos y nietos.

¡Así de sencilla es la cosa!