Larga historia de pinchazos y espionaje

La semana pasada, Frenadeso presentó un ordenado proceso en el tema de ‘escuchas telefónicas'.

Parten de la institucionalidad, tal es el caso de la creación de la Policía Secreta (1913). En 1941 (Ley 72), bajo el corto mandato de Arnulfo Arias, este organismo se convierte en Policía Secreta Nacional, bajo la dirección del Ministerio de Gobierno y Justicia. Desde entonces hasta nuestros días, el ministro de Gobierno y hoy el ministro de Seguridad, requieren el consentimiento de EE.UU.

Este tipo de institución se crea para realizar labores de inteligencia y contrainteligencia, igualmente los gobernantes la emplean para vigilar y perseguir a los adversarios políticos, particularmente, a los luchadores sociales. Esta institución se amoldó los años siguientes a la política del macartismo durante la llamada Guerra Fría, donde se desató una cacería de brujas mediante una furibunda campaña contra todo aquel que, con o sin fundamento, era acusado de comunista.

En 1960, se crea el Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), con el objetivo de realizar investigaciones sobre hechos delictivos y desarrollar tareas de espionaje contra todo aquel que se consideraba una amenaza al ‘sistema democrático'. Durante la dictadura militar de Omar Torrijos, se mantuvo el DENI bajo la jefatura de Domitilo Córdoba y se creó el mencionado y tenebroso G-2 con el control de Manuel A. Noriega, organismo que venía a cumplir las tareas de espionaje, persecución y aniquilamiento de los opositores.

Luego de la invasión militar (20 de Diciembre de 1989), Guillermo Endara crea el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional vigente hasta ahora, y sustituye el DENI por la Policía Técnica Judicial (PTJ), adscrito al Ministerio Público. Se adquirieron equipos para escuchas telefónicas y se recibía asesoramiento de las tropas invasoras. Recordar que Endara acusó a Arias Calderón (su vicepresidente y ministro de Gobierno) de espiarlo. Los equipos adquiridos desaparecieron.

Con Pérez Balladares, se pretendió crear el Centro Multilateral Antidrogas (CMA) que no era otra cosa que mantener la presencia militar norteamericana mediante una base militar. El procurador de aquel entonces, José A. Sossa, fue acusado de espionaje telefónico.

Con Mireya Moscoso, en la coyuntura de lucha contra las reformas a la Ley de la CSS fue arrestado el dirigente del Suntracs y Frenadeso, Saúl Méndez. El jefe de la PTJ de aquél entonces, Rodolfo Aguilera, reconoció públicamente que el teléfono de Méndez había sido pinchado.

Con Martín Torrijos, las revelaciones de los cables wikileaks mostraban su obsesión por espiar a los dirigentes populares. Tal era la fijación en estas tareas de espionaje que contrató al agente español Julio López Borrero, condenado en España por espiar hasta al rey Juan Carlos. Al igual que con otros, los equipos adquiridos desaparecieron. Torrijos convirtió la PTJ en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que retornó al control de la policía. En el Gobierno de Torrijos también se produce el caso de los pinchazos ilegales ordenado por la exprocuradora y hoy diputada ‘independiente', Ana Matilde Gómez, contra Arquímedes Sáez, exfiscal.

Ricardo Martinelli, acompañado de excolaboradores de Noriega, fue seguramente el presidente que más invirtió en equipos de escuchas telefónicas (unos $20 millones). Estas inversiones se hicieron durante el Gobierno conjunto con Varela. De acuerdo a Wikileaks, la embajadora gringa informó de las presiones y desesperación de Martinelli para que el programa ‘Matador', utilizado para espiar a implicados en narcotráfico, se le concediera para espiar a opositores, especialmente del movimiento popular. Ante la negativa gringa, Martinelli recurrió a la Mosad israelí. A semejanza de otros Gobiernos, los equipos desaparecieron.

Con Varela el principal organismo de espionaje, el Consejo de Seguridad Nacional, ejerce un papel fundamental; acusado de armar expedientes judiciales contra opositores, los cuales son filtrados en medios de comunicación. Además, Varela, mediante Decreto Ejecutivo 219, creó el Grupo Interinstitucional Anticorrupción (GIA) que tiene entre sus funciones: ‘Realizar las tareas de inteligencia, planeamientos, búsqueda, procesamiento y divulgación de la información para prevenir las amenazas relacionadas a indicadores de corrupción y delincuencia organizada', que disfraza el espionaje.

Desde los albores de la separación de Panamá de Colombia, se inició este proceso de espionaje por los Gobiernos contra todo aquel considerado enemigo.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.