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26 de May de 2022

  • Ignasi Armengol Villá

Columnistas

Cataluña: razones políticas y sociales

‘El pacto es imprescindible [...]. Tener que usar la fuerza [...], es una pésima solución'

Para poder explicar en tan solo unas líneas lo que está sucediendo en España y Cataluña en las últimas semanas y cuáles van a ser, muy previsiblemente, los siguientes acontecimientos, se podrían intentar distintos métodos de análisis.

Uno podría ser el ‘histórico', remontándonos a la Edad Media donde Cataluña y Castilla tenían reyes distintos y aún no se había producido en ningún momento de la historia un Gobierno común en la Península Ibérica. No pierdan la oportunidad de escuchar el discurso de Pau Casals en la ONU en el año 1958, haciendo esta aproximación histórica y reclamando el derecho a volver a una situación política donde Cataluña no esté tratada como una región más de España y donde se reconozcan las capacidades de autogobierno y autodeterminación que cualquier pueblo tiene, como desde hace 115 años también los panameños.

Otro método de análisis sería el ‘Jurídico', el más utilizado por parte del Gobierno español, atendiendo al concepto de Ilegalidad e Inconstitucionalidad de los actos del Gobierno catalán como causa suficiente para provocar la entrada en la cárcel de quien actúe en una vía contraria a la Ley. Si por legalidad inamovible fuera, el Canal de Panamá aún sería propiedad de EE.UU.. Suerte que existió la capacidad de presión primero y negociación después de todo un pueblo para hacer cambiar un acuerdo de absoluta legalidad firmado por el primer presidente de Panamá, pero que lógicamente pudo ser cambiado.

Pero, sinceramente, creemos que lo que más ayuda a entender la realidad es una aproximación político-social a través de una descripción de algunos hechos acaecidos en los últimos cinco años. En agosto del 2009, la Asamblea de Cataluña casi por unanimidad (85 % de los diputados, y siendo presidente el Sr. Maragall del partido PSC-PSOE —que había llegado a tener el 60 % de votos en el Congreso español pocos años antes—) aprueba una nueva Carta Magna para Cataluña. Esa Carta Magna ( Estatut ) había de ratificarse en el Congreso español, y para ello el mismo partido PSOE exige ‘pulir' y ‘cepillar' buena parte de las disposiciones del nuevo Estatut. Finalmente se aprueba con esos recortes, que, a pesar de ser muy mal vividos en Cataluña, son sometidos a un referéndum. Este referéndum, defendiendo el ‘sí' otra vez por parte de los partidos que tenían el 85 % de la Asamblea catalana, se aprueba con una amplia mayoría de los electores. Pero justo antes de la entrada en vigor, el otro gran partido nacional —PP—, que acababa de llegar al Gobierno en España, pone una demanda total al Estatut ante el Tribunal Constitucional. Este, de forma muy extrañamente veloz y con solo el 60 % de sus miembros activos, acepta la demanda y resuelve en pocos meses, diciendo que el Estatut no es constitucional y que no puede entrar en vigor en el 90 % de sus artículos. El mayor esfuerzo de pacto de la Asamblea de Cataluña en toda la historia moderna, con la casi totalidad de los partidos de todo el arco parlamentario de España a favor, que fue aprobado por el Congreso español después de ‘cepillarlo', aprobado por referéndum en Cataluña, acaba con el nuevo Estatut herido de muerte el Tribunal Constitucional español. Ese fue el final de un gran intento de pacto nacional, y también el inicio de una frustración que genera el llamado ‘procés '. Ese día también empieza otro movimiento social: el clamor de buena parte de un pueblo herido y que se siente humillado, y que no quiere estar sometido.

A partir de ese momento se inicia un proceso de aglutinamiento de todos los partidos y todas los ciudadanos, primero de Cataluña, pero ahora ya de toda España, en dos polaridades que van extremándose progresivamente: a) Cataluña es como cualquier otra provincia de España y no puede tener ninguna diferencia en su sistema regulatorio o de autogobierno. Se habla incluso de que se debe ‘españolizar Cataluña', por parte de un ministro; b) no queremos estar sometidos a un Gobierno español que no distingue Cataluña en términos de nacionalidad distinta, con lengua y cultura propias, y con una aspiración de autogobierno que pueda llegar a la independencia, como lo han conseguido otras nacionalidades a través de procesos de referéndum como Escocia o Quebec.

Y ahora nos encontramos en una nueva versión evolucionada de esas dos polaridades, porque ya se han hecho dos consultas por parte del Gobierno catalán, no admitida ninguna de las dos como legales por parte del Gobierno español, y la última reprimida con total desproporcionalidad por la policía. Y, en medio de esas dos consultas, nunca admitidas como legales por parte del Gobierno de España, ha habido unas elecciones en Cataluña, ganadas por mayoría de unos partidos que fueron a las mismas con un único eslogan: ‘Si tenemos mayoría, haremos un referéndum de autodeterminación legalizado que, en caso de ser ganado, será el inicio del proceso de la Independencia'.

La clave está en la respuesta a esta pregunta: ¿es el derecho de autodeterminación un derecho universal de cualquier pueblo o nacionalidad, o es solo un derecho que emana de la legislación puntual y concreta que un Estado ya existente puede dar u otorgar solo si él quiere? Hay un 80 % de gente que vive en Cataluña que se queda respondiendo afirmativamente la primera parte de la pregunta y que desea poder votar en un referéndum. Y una mayoría de diputados del Congreso español que dice que en la legalidad española nadie puede ‘autodeterminarse' y que eso es ilegal y que quien quiera hacerlo irá a la cárcel. Y en una versión alternativa, pero con el mismo final, se le dice al presidente del Gobierno de Cataluña que vaya al Congreso de Madrid a convencer al resto de partidos de cambiar la Constitución vigente y que le dejen hacer una nueva ley que permita el referéndum de autodeterminación. Eso ya se hizo hace cinco años y ni siquiera se quedó en el Congreso más del 30 % de diputados a escuchar la propuesta.

A nuestra manera de ver, una posible salida sería: ‘aunque no tiene aún legalidad en España, vamos a articular una ley que permita, si se dan determinadas condiciones, un referéndum de autodeterminación como se ha dado en el Quebec canadiense o en la Escocia de RU'. Y entre esas condiciones habría seguro las siguientes: que las preguntas se tuvieran que pactar, que el porcentaje del ‘sí' tuviera que ser del 55 %, porque es un cambio tan trascendental que necesita de una mayoría reforzada, que tenga que existir una respuesta alternativa a un ‘sí/no' que abra una vía de negociación entre los dos Gobiernos, incluir que en cada década solo habrá derecho a un referéndum, siempre que sea solicitado por la mayoría de la Asamblea de Cataluña.

¿Por qué no permitirlo? ¿Cuál es el argumento? ¿La legalidad? ¿O ‘el tú eres mía y no te dejo que te separes'? ¿'O serás mía o estarás muerta'? No creemos que una nación en Europa, en el siglo XXI, pueda estar sometida en contra de la voluntad de la mitad de sus ciudadanos. Es necesaria una salida política, que reconozca que solo el pacto va a permitir evitar la humillación, el sometimiento, la cárcel, el sufrimiento.

El pacto es imprescindible para ambos. Tener que usar la fuerza y la superioridad en todos los ámbitos para acallar un deseo legítimo, aunque no sea del todo legal, es una pésima solución. ¿O no pasó lo mismo con Carter y el general Torrijos? ¿No fueron ellos los que vieron a tiempo que la pretendida legalidad de un acuerdo firmado hacía 60 años quedaba minimizada y parecía estúpida al lado de un derecho superior que amparaba la petición de todo un pueblo para recuperar un espacio y una titularidad? Y supieron buscar la manera de firmar un buen acuerdo para todos. A 25 años con la solución definitiva, pero un buen acuerdo al fin. Catalanes y españoles tenemos mucho que aprender de ustedes.

ROSA RELATS I MANENT ES DIPLOMADA EN CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURÍSTICAS Y EXPERTA EN EL SECTOR EXPORT-IMPORT. IGNASI ARMENGOL VILLÁ ES LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA, DIPLOMADO EN HISTORIA, MÁSTER POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y PDG DEL IESE, GESTOR DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BARCELONA POR 25 AÑOS. SON CATALANES, RESIDENTES EN PANAMÁ.