Auditoría Interna, antídoto de burocracia y corrupción

Por cuarto año consecutivo comparto una reflexión en el marco de la campaña ‘Mayo: Mes Internacional de Concienciación sobre la Función de Auditoría Interna' (‘May International Internal Audit Awareness Month'). Esta vez para poner en el radar la función de auditoría interna gubernamental como alternativa para transparentar, desburocratizar y elevar la eficiencia del Estado.

Hoy, como nunca antes, muchos hablan de auditoría. La palabra ha sido trending topic , al salir los resultados de las auditorías del Programa de Ayuda Nacional (PAN), de las juntas comunales y más recientemente por el supuesto desfalco a la Caja de Seguro Social y en el debate sobre auditar a la Asamblea Nacional, por el presunto uso indebido de partidas destinadas a nombramientos y servicios profesionales, por citar algunos ejemplos.

Desarrollar las implicaciones de lo expuesto requeriría mucho espacio (las competencias de la Contraloría General son un tema nacional que requiere tanta atención como la seguridad social), pero no es el objetivo de este artículo. Sí lo es, reflexionar sobre por qué seguimos enfocados en las acciones externas (previas y posteriores) de la Contraloría y no en el accionar interno de las instituciones, en su gestión, control y consecuentemente en la auditoría interna.

¿Qué habría sucedido si en las instituciones donde hubo o se presume hay actos de corrupción, hubiese existido o existiera una función de auditoría interna efectiva? La respuesta evidente es que se habrían evitado, reducido o corregido y no sería tanta la expectativa por las auditorías de la Contraloría, pero la realidad es otra.

Las unidades de auditoría interna existen en buena parte de las entidades del Estado (al margen de los subregistros, hasta el 2014, había entre 850 a 1000 auditores internos en unas 120 oficinas), pero siguen invisibilizadas. Pocas pueden realmente cumplir con su función básica; con algunas excepciones sus líneas de reporte responden a un nivel jerárquico que limita su independencia, no cuentan con los recursos mínimos para el desarrollo de sus actividades, enfrentan la ausencia de un marco normativo que regule la práctica profesional y la capacitación de los auditores es baja (tal vez porque saben que su paso por la función es efímero).

Lo anterior contrasta con el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna emitido por el Instituto de Auditores Internos (IIA) y recomendado en el Decreto 391-DINAG, emitido por la Contraloría General (Gaceta Oficial No. 27187 de 19 de diciembre de 2012). Este marco establece definiciones, principios, estándares éticos, de independencia, autoridad, propósito, responsabilidad y normas técnicas para la realización del trabajo, entre muchas otras buenas prácticas que pueden ser adaptadas o adoptadas por las auditorías internas del Estado.

¿Por qué no se ha fortalecido entonces a las unidades de auditoría interna gubernamental, si existen un marco internacional y uno legal para ello? ‘Es verdad que la costumbre es más fuerte...'. El control interno y, por consiguiente, la auditoría interna son responsabilidad de las instituciones, pero la fuerza de la costumbre con arraigo, al menos a 1990, cuando la Contraloría General lideró un proceso normativo a nivel de todo el Estado, ha prevalecido, superando las competencias legales de las instituciones en esta materia. La mayoría cree, incluyendo a auditores internos, que es la Contraloría (el auditor externo del Estado) quien tiene que resolver la situación, cuando es una responsabilidad propia y ha sido el desinterés, desconocimiento y falta de visión de los Gobiernos y autoridades en cada entidad lo que ha limitado el desarrollo de la función.

El país merece una función de auditoría interna gubernamental que juegue su rol de aseguramiento y consulta, que agregue valor, ayude a mejorar las operaciones, los procesos de gobernanza, riesgo y control. Esto significa acciones de prevención para reducir la burocracia y la corrupción, agregar eficiencia a la gestión y aumentar la transparencia, desde adentro de la entidad y no esperar a que llegue la Contraloría.

Por eso es tan importante reconocer y hacer visible a aquellas instituciones que sí han hecho la tarea o se encuentran en ese proceso, porque son ejemplos y modelos a seguir. En este mes de campaña sobre la profesión, felicito a esas entidades que comprenden el valor de la auditoría interna y animo al resto a aprovechar la extraordinaria oportunidad que tienen de ser agentes de cambio; a luchar por condiciones que permitan generar proyectos que modernicen la función, como, por ejemplo, la creación de una ley que blinde la independencia, dotación de recursos y profesionalización de los auditores, suscribir alianzas con el Instituto de Auditores Internos de Panamá y promover las certificaciones internacionales. Estarán con ello además, aportando a una mejor calidad de vida de los ciudadanos, fin último del servicio público.

Feliz mes de la auditoría interna.

CONSULTORA

LA AUTORA LABORÓ DOS DÉCADAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL. EJERCIÓ FUNCIONES DE CONTROL PREVIO, CONTROL POSTERIOR (AUDITORÍA EXTERNA) Y AUDITORÍA INTERNA.