Apostémosle a la institucionalidad democrática

Los últimos hechos e investigaciones respecto a la legitimidad de supuestas actividades del aparato de seguridad del Estado, han despertado un gran interés en la opinión pública. En situaciones como la actual, tan directamente relacionadas con la afectación del bien común y de la recta aplicación de la justicia, es natural que den lugar a debates que constituyen valiosos indicadores para comprender el valor del poder ciudadano ante una crisis de institucionalidad democrática.

En esta ocasión, el tema fundamental en el debate es cómo lograr, en un marco democrático, que la Fuerza Pública llegue a tener la capacidad necesaria para desempeñar con toda la eficiencia necesaria las tareas que la sociedad espera de ella, basada en la inteligencia policial producida por sus estructuras en la materia, apoyada por la fiscalización atenta de la sociedad civil en general y de los medios de prensa en particular. Lo que importa aquí es alcanzar una posición de compromiso responsable con los fines superiores de garantizar la seguridad pública y desterrar la violencia de la vida social, claro está, sin afectar los derechos de los ciudadanos.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública, se ha propuesto la necesidad de la participación de todos los sectores involucrados y todos, sin excepción, debemos ser consecuentes con ese planteamiento. Por su lado, desde la academia y desde la sociedad civil, se ha establecido la importancia de recuperar la institucionalidad del país, desarticulada y perdida durante los últimos años. Esta es la mejor actitud para aportar, desde la perspectiva de las responsabilidades de una sociedad democrática, los elementos necesarios para que la ciudadanía comprenda los grandes problemas que amenazan al país en su seguridad interna y externa, reciba la voz de alerta de quienes ejercen el poder público sobre los riesgos que enfrentan las instituciones democráticas y participe en la tarea de proponer alternativas de solución que las circunstancias demandan.

La estrategia de seguridad en una democracia, debe expresar el firme propósito del Gobierno de reducir y controlar la violencia en las calles, reducir la criminalidad y garantizar tranquilidad, con un enfoque de Derechos Humanos y la identificación científica de los factores que los ponen en riesgo. No es un problema policial exclusivamente. Requiere de la conciencia y participación de múltiples actores, para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y responder a la consolidación de la libertad, igualdad, equidad y tolerancia con respeto a la Constitución y a la Ley.

La legitimidad de los actos de Gobierno no garantiza necesariamente la institucionalidad y gobernabilidad democrática; esto es, el ejercicio del Poder apoyado por la legalidad jurídica con el respaldo de la voluntad popular mayoritaria. Esta tarea de evidente interés nacional solo puede ser llevada a cabo con el apoyo bien informado y la colaboración voluntaria de las mayorías ciudadanas. Lograr ese objetivo es, y debe ser, el propósito fundamental de las propuestas de solución, cuya función recae a las autoridades, pero que, en su ausencia efectiva, les corresponde a los actores políticos y sociales, que deben poner a la consideración de la nación, en escenarios importantes y medios de comunicación social.

La gobernabilidad democrática es una confirmación práctica de la noción de unidad nacional, representada por mandato constitucional otorgado por los votos obtenidos en elecciones libres al presidente de la República, quien tiene el deber y la obligación de mantenerla y consolidarla. Planteado en estos términos, los ciudadanos tienen la importante tarea de escoger muy bien a quienes elegirán en la contienda electoral que se avecina, para escoger candidatos con valores previos de integridad, probidad y competencia profesional.

Por tal motivo, un nuevo pacto político-social debe establecerse en Panamá. Un Pacto por la institucionalidad democrática y por la seguridad ciudadana, en donde todos los que somos y vivimos en esta tierra podamos gozar libremente de los derechos fundamentales, con instituciones capaces, en un marco de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando estos sean vulnerados.

Aprovechemos la campaña electoral para mayo de 2019, para realizar una amplia consulta de la opinión pública, que facilite a la ciudadanía el ejercicio de su derecho a participar en los procesos de formación, de formulación y de evaluación de las propuestas de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. En esa aspiración a gobernar en armonía con todos los sectores sociales, incluyendo los medios de comunicación social, radica una de las virtudes fundamentales de la democracia, que encuentra su mejor defensa en su ejercicio efectivo, día a día.

ABOGADO