Al son que le tocan, baila

Desde hace ya un tiempo, he tenido que lidiar con la idea de que la justicia danza errante al compás de intereses políticos. Es un rumor que se escucha por doquier y en cualquier sazón.

La prueba de esta realidad radica en las cientos de causas de corrupción no iniciadas y las que —iniciadas— terminan empolvoradas en los archivos del Órgano Judicial, pese a los constantes escándalos de corrupción que se exponen en medios de comunicación social y que constituyen notitia criminis que —en la mayoría de los casos— se acompañan de pruebas contundentes y en las que los políticos implicados solo ofrecen explicaciones banales cuasi confesionales del delito.

Como cuando surgió la distinción entre los dineros de Odebrecht que configuraban una donación y los que constituían una coima o cuando se reveló la existencia de familiares y allegados a diputados en la Planilla 080 de la Asamblea Nacional, tan solo para citar algunos ejemplos, en los que la justicia no ha querido penetrar, debido al cerco político que protege a los involucrados.

En mis casi cuatro décadas de existencia, podría contar con los dedos de una mano el número de políticos enjuiciados y condenados en el mismo periodo de ejercicio de su cargo y en los pocos casos que vienen a mi memoria, puedo advertir la injerencia del tema político como el factor determinante en tales casos.

Una lectura de este panorama, en lenguaje llano y sin tapujos, muestra a la justicia como barricada defensiva del poder y sus allegados y como arma de persecución o chantaje contra adversarios, al tiempo que desnuda una justicia que danza en contratiempo, pero al sonido y al tambor batiente de los intereses políticos.

Curiosamente, en los casos de cero implicación política, la justicia juzga y encarcela de inmediato al delincuente de pantalón corto y cutarras, creando con ello dos tipos de justicia; una, aplicable a políticos y otra, al resto de ciudadanos. Situación de la que pueden dar fe los miles de abogados que litigan diariamente en los tribunales de justicia.

Todavía recuerdo con desazón la novela satírica de reciente data protagonizada por la procuradora general de la Nación y el presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, que revelaba una supuesta intención de magistrados para favorecer al expresidente Ricardo Martinelli, procesado por la Corte Suprema de Justicia.

La procuradora, en un ‘wild pitch', expuso una trama de chantaje judicial y tiró la pelota al presidente interino de la Corte, quien suspicazmente se dejó cantar el primer ‘strike' y posteriormente, abanicó para ‘poncharse' con evasivas y justificaciones religiosas.

Este tristemente célebre episodio reafirmó la profunda crisis que atraviesa el sistema de justicia en nuestro país, pero, como un ladrillo más a la carga de escándalos que involucra a la justicia, los panameños nos tuvimos que conformar solo con saber que uno de los dos funcionarios del más alto nivel de justicia, mintió.

El escandaloso caso de Odebrecht, que involucra a la actual y pasadas administraciones gubernamentales, no reporta mayores avances y, a pesar de la confesión de algunos imputados y lo que se dice en redes sociales y en otras latitudes, los panameños desconocemos lo que realmente ocurrió y quiénes son los políticos involucrados en esta trama de corrupción. A contrario sensu , el Gobierno nacional sigue contratando millonarias obras con la corrupta constructora.

Como si fuera poco, ahora se han descubierto las cicatrices de criminalidad dejadas por la distribución de millonarios fondos de Pandeportes a partidas circuitales de diputados que fueron desviados de sus reales beneficiarios. Es probable que, debido a la conjugación de intereses políticos, tampoco pase nada. Tal vez, para conocer el fondo de muchos actos de corrupción que impactan en la presente administración, tendremos que esperar un cambio de Gobierno; lo que es una verdadera lástima, ya que la justicia debe danzar a su propio ritmo y no a contratiempo, al compás de la política.

ABOGADO